Leonel Alfredo Valenzuela Gastélum
Autor de Correspondencia. Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
https://orcid.org/0009-0006-2581-9516
leonel.valenzuela@uas.edu.mx
Teresita Lugo Castro
Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
https://orcid.org/0009-0006-2581-9516
teresitalugo@uas.edu.mx
Octavio Martínez Cázarez
Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
https://orcid.org/0000-0001-8128-3070
octavio2833@gmail.com
RECIBIDO: 02/04/2024
ACEPTADO: 30/07/2024
PUBLICADO: 15/09/2024
| Cómo citar: Valenzuela Gastélum, L., Lugo Castro, T., Martínez Cázarez, O. (2024). Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo en México: control social para la prevención y represión de conductas delictivas. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 26(3), 1041-1054. www.doi.org/10.36390/telos263.16 |
Este estudio se propuso analizar las persistentes violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penal mexicano, a pesar de las reformas implementadas. El objetivo principal fue examinar el papel del control social formal en la prevención y represión del delito, así como evaluar la eficacia del derecho penal sustantivo y adjetivo en la protección de los derechos fundamentales. Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una revisión de la literatura especializada, informes de organizaciones internacionales y nacionales. Los resultados revelan que, a pesar de los avances normativos, persisten prácticas como la tortura, las detenciones arbitrarias y las condiciones inhumanas de reclusión. Estas violaciones se ven agravadas por la falta de independencia judicial, la corrupción y la impunidad. El análisis del derecho penal sustantivo y adjetivo mostró que, si bien existen avances en la legislación, persisten problemas como la imprecisión de algunos tipos penales, la sobrecarga de trabajo de los operadores del sistema y la falta de recursos. En conclusión, el sistema penal mexicano enfrenta desafíos significativos en la protección de los derechos humanos. Se requiere una reforma integral que aborde las causas estructurales de las violaciones, fortalezca la independencia judicial, profesionalice a las fuerzas policiales y garantice el acceso a la justicia. Asimismo, es fundamental promover una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Palabras clave: Derechos humanos, Sistema penal, México, Violencia, Impunidad, Control social, Estado de derecho.
This study aimed to analyze the persistent human rights violations within the Mexican criminal justice system, despite the reforms implemented. The main objective was to examine the role of formal social control in crime prevention and repression, as well as to evaluate the effectiveness of substantive and procedural criminal law in protecting fundamental rights. To conduct this research, an review of specialized literature and reports from international and national organizations was carried out. The results reveal that, despite normative advances, practices such as torture, arbitrary detention, and inhumane prison conditions persist. These violations are exacerbated by the lack of judicial independence, corruption, and impunity. The analysis of substantive and procedural criminal law showed that, while there are advances in legislation, problems such as the imprecision of some criminal offenses, the workload of system operators, and the lack of resources persist. In conclusion, the Mexican criminal justice system faces significant challenges in protecting human rights. A comprehensive reform is required that addresses the structural causes of violations, strengthens judicial independence, professionalizes police forces, and guarantees access to justice. Furthermore, it is essential to promote a culture of legality and respect for human rights.
Key words: Human rights, Criminal justice system, Mexico, Violence, Impunity, Social control, Rule of law.
En el afán de buscar alternativas que puedan permitir una convivencia un tanto más cordial entre los miembros de la colectividad, es que se encuentra la existencia del Derecho Penal, el cual se concibe como “el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno, que tiene por objeto al delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad, para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley” (Amuchategui, 2012, pág. 13).
El Derecho Penal se presume como el conjunto de normas jurídicas que determinan las conductas delictivas, mismas que deberán estar tipificadas en los códigos penales de cada entidad federativa, en el código penal federal o bien en las leyes penales especiales, las cuales son de carácter prohibitivo, estarán provistas de una sanción, que puede ser pena o medida de seguridad, cuya aplicación corresponderán o deben ser impuestas por el Estado, precisamente en el ejercicio de su poder punitivo, a quienes después de agotarse un debido proceso, acogerse a una forma de terminación anticipada o de una solución alterna, con estricto apego a los Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional tenga a bien imponer.
En el contexto mexicano el Derecho Penal, como en cualquier otro sistema jurídico, ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando las transformaciones sociales, políticas y culturales de cada época. Desde la época colonial, pasando por la Revolución Mexicana y hasta nuestros días, el derecho penal mexicano ha experimentado profundas transformaciones, tanto en su contenido sustantivo como en los procedimientos para su aplicación (García y Gonzalez, 2021).
En sus inicios, se caracterizó por un marcado carácter represivo, inspirado en modelos europeos absolutistas. Las penas eran crueles y desproporcionadas, y los derechos de los acusados eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, gracias a la influencia de corrientes humanistas y a la lucha por los derechos humanos, se produjo una gradual transformación del sistema penal mexicano (García y Gonzalez, 2021).
La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 marcó un hito en la historia del derecho penal mexicano, al consagrar importantes garantías individuales, como el derecho a la legalidad, la no retroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Estos principios, aunque no siempre se respetaron en la práctica, sentaron las bases para una concepción más moderna y humanitaria del derecho penal. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).
En las últimas décadas, México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que ha impulsado una mayor protección de los derechos de las personas acusadas de cometer delitos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten en nuestro país importantes desafíos en materia de seguridad pública y justicia penal. La violencia, la impunidad y la corrupción son problemas que afectan a la sociedad mexicana en su conjunto y que ponen a prueba la eficacia del sistema penal (González, 2001). En este contexto, resulta fundamental analizar su capacidad para prevenir y reprimir conductas delictivas, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos.
El Derecho Penal sustantivo, aquel que define los delitos y las penas, ha evolucionado desde un enfoque marcadamente represivo hacia uno más garantista. Sin embargo, persiste un desequilibrio entre la prevención y la represión, priorizándose esta última. Esta situación se agrava por la fragmentación normativa y la falta de claridad en la tipificación de algunos delitos, lo que dificulta su aplicación efectiva y uniforme (Zaffaroni, 2002).
Por su parte, el Derecho Penal adjetivo, que regula el procedimiento para investigar y sancionar los delitos, ha experimentado avances significativos con la reforma constitucional de 2008, que introdujo el sistema acusatorio oral. No obstante, persisten problemas como la sobrepoblación penitenciaria, la lentitud de los procesos y la falta de acceso a la justicia para las víctimas (González, 2001).
La relación entre el Derecho Penal sustantivo y adjetivo es fundamental para garantizar la eficacia del sistema penal. Un derecho penal sustantivo bien diseñado, combinado con un procedimiento penal justo y eficiente, puede contribuir a reducir los índices de criminalidad y a fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, en México, esta relación no siempre se ha dado de manera óptima, lo que ha generado un sistema penal ineficiente y poco efectivo.
Uno de los principales desafíos del Derecho Penal mexicano es la fragmentación normativa y la falta de coordinación entre las diversas instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia. Esta situación dificulta la aplicación efectiva de la ley y genera impunidad (Zaffaroni, 2002).
Otro problema importante es la falta de recursos humanos y materiales para el sistema de justicia penal, lo que se traduce en una carga de trabajo excesiva para los operadores judiciales y en una disminución de la calidad de las investigaciones. Además, la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales son factores que debilitan el sistema penal y favorecen la impunidad.
En este contexto, resulta fundamental analizar la eficacia del Derecho Penal sustantivo y adjetivo en México, es decir, su capacidad para prevenir y reprimir conductas delictivas, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos. El objetivo principal de esta investigación es evaluar la eficacia del Derecho Penal sustantivo y adjetivo en México en la prevención y represión de conductas delictivas, con un enfoque especial en el respeto a los derechos humanos. Se analizará la aplicación del control social formal en México, considerando tanto las normas penales sustantivas como los procedimientos establecidos en el derecho procesal penal. Además, se identificarán los principales desafíos que enfrenta el sistema penal mexicano, se evaluará el impacto de las reformas legales recientes y se analizará la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención del delito. Finalmente, se propondrán recomendaciones para mejorar la eficacia del sistema penal mexicano, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos.
Esta investigación, con un enfoque sociojurídico, busca analizar la compleja relación entre el marco legal y la realidad social en el contexto del Derecho Penal sustantivo y adjetivo en México. A través de un riguroso estudio documental, se pretende comprender cómo las normas penales inciden en la prevención y represión de conductas delictivas, así como en la protección de los derechos humanos. El objetivo es realizar un diagnóstico preciso de la situación actual, identificando las fortalezas y debilidades del sistema penal mexicano, y proponer recomendaciones para su mejora.
Mediante la revisión de documentos correspondientes de la legislación vigente, la jurisprudencia, y los informes de instituciones nacionales e internacionales, a través de su interpretación y selección bajo el criterio apegado a la perspectiva de los derechos humanos se buscará construir un marco teórico sólido que permita comprender las causas subyacentes de la problemática y evaluar la eficacia de las políticas públicas implementadas. Los resultados de esta investigación contribuirán a enriquecer el debate académico y a informar la toma de decisiones en materia de política criminal, con el fin de construir un sistema penal más justo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
El Derecho Penal Sustantivo segun Zaffaroni (2002) es aquella rama del Derecho que se encarga de definir los delitos, las penas y las medidas de seguridad. En otras palabras, establece qué conductas son consideradas como delitos, cuáles son las consecuencias jurídicas de cometer un delito y qué medidas se pueden aplicar para prevenir nuevos delitos. Sus elementos fundamentales son: la tipicidad, que exige que la conducta se ajuste a la descripción legal de un delito; la antijuridicidad, que implica que la conducta vaya en contra del ordenamiento jurídico; la culpabilidad, que requiere que el sujeto haya actuado con conocimiento y voluntad de realizar el hecho típico y antijurídico, y la punibilidad, que establece la pena o medida de seguridad aplicable al delito cometido. Estos elementos deben concurrir de manera conjunta para que se configure un delito y se pueda imponer una sanción penal (Roxin, 1997).
La parte sustantiva del Derecho Penal, hace alusión básicamente a la parte general, misma que alude a los antecedentes, inicio y evolución, escuelas penales, la teoría de la ley penal, del delito y la coerción penal, así como la parte especial, que atiende a los delitos en particular, y a las penas, como también las medidas de seguridad aplicables a casos concretos. Como reza el dicho popular, que a cada acción le corresponde una reacción, “el delito es la acción humana antijurídica, típica, culpable y punible” (Cuello, 1955, pág. 156) . Por lo que la persona que se compruebe que cometió una conducta delictiva se hará merecedora a la imposición de una sanción.
La conducta delictiva puede manifestarse tanto por una acción (comisión) como por una omisión (abstención de actuar). El sujeto activo del delito es siempre una persona humana, dado que solo esta posee capacidad jurídico-penal. En caso de daños causados por animales u objetos, la responsabilidad recaerá en su dueño o guardián. La antijuricidad, elemento esencial del delito, implica una contravención al ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, etc.) que excluyen la antijuricidad, eximiendo al sujeto de responsabilidad penal. La tipicidad exige que la conducta se ajuste exactamente a la descripción legal del tipo penal. Por último, la culpabilidad implica la reprochabilidad de la conducta, es decir, la posibilidad de exigirle al sujeto una conducta conforme a derecho. La punibilidad, en tanto, es la consecuencia jurídica del delito, consistente en la imposición de una pena.
En ese sentido, la pena “es el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para conservar el orden jurídico” (Castellanos, 2018, pág. 328). Algunas características de las penas es que se consideran, ejemplares, intimidatorias y correctivas, en México está prohibida la imposición por parte del Estado de cualquier pena que atente contra la dignidad del infractor de la norma jurídico penal, esto en un afán de que en su momento pueda desempeñarse como un ciudadano honesto, una vez que ya haya cumplido con el mandato Estatal.
Una vez agotado el procedimiento penal y dictada sentencia condenatoria, se impone una pena al sujeto activo del delito, es decir, a quien ha infringido un bien jurídico tutelado por el derecho penal. La pena, como consecuencia jurídica del delito, debe cumplir diversas finalidades: retribución justa por el daño causado, respeto a la dignidad humana y función ejemplarizante. La individualización judicial de la pena permitirá graduarla en función de la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado, buscando siempre su resocialización. La dignidad humana, como valor supremo, debe ser respetada en todo momento durante la ejecución de la pena, evitando cualquier trato cruel, inhumano o degradante (Ley general de víctimas, 2013).
Resulta inadmisible que, a pesar de la capacidad de discernimiento humano, se produzcan conductas que infrinjan el orden jurídico, afectando bienes jurídicos protegidos. Incluso en aquellos casos en los que se ha iniciado un proceso penal, garantizando el debido proceso y acreditándose la responsabilidad penal del imputado mediante sentencia condenatoria, resulta imperativo que todas las autoridades y operadores jurídicos involucrados respeten en todo momento los derechos fundamentales del procesado. Cualquier vulneración a estos derechos, además de constituir un delito, atenta contra la dignidad humana, valor intrínseco e inalienable de toda persona.
El Derecho penal adjetivo, también conocido como Derecho procesal penal, representa la cara procesal del Derecho penal material. Se encarga de regular los procedimientos que se siguen para investigar, perseguir y sancionar los delitos. Este cuerpo normativo establece las reglas del juego en el proceso penal, garantizando, en principio, el respeto a los derechos de los involucrados y la búsqueda de la verdad material (Zaffaroni, 2002).
La investigación penal, primera fase del proceso, se centra en la averiguación de los hechos delictivos y la identificación de los responsables. En esta etapa, el Ministerio Público asume un papel protagónico, al ser el encargado de dirigir la investigación y acusar a los presuntos responsables ante el juez. No obstante, la participación de la defensa es fundamental para garantizar la tutela de los derechos del imputado desde el inicio del proceso.
La etapa intermedia del proceso penal se caracteriza por la preparación del juicio oral. En esta fase, las partes presentan sus pruebas y argumentos ante el juez, quien deberá valorar la totalidad de la prueba para emitir una sentencia. El juicio oral es el momento culminante del proceso penal, donde se decide la culpabilidad o inocencia del acusado. Es en esta etapa donde se pone a prueba la eficacia del sistema acusatorio y la calidad de las investigaciones realizadas (Zaffaroni, 2002).
Finalmente, la etapa de ejecución de la pena se refiere a la materialización de la sentencia condenatoria. Esta etapa implica la privación de la libertad, la aplicación de penas alternativas o la imposición de medidas de seguridad. La ejecución de la pena debe estar orientada hacia la resocialización del condenado y la reparación del daño causado a la víctima.
El Derecho penal adjetivo ha sido objeto de numerosas reformas en las últimas décadas, con el objetivo de garantizar un proceso penal más justo y eficiente. La implementación del sistema acusatorio, la oralidad y la publicidad en el juicio oral, así como la ampliación de las garantías procesales, son algunas de las principales reformas que se han llevado a cabo. Sin embargo, aún persisten diversos desafíos, como la sobrecarga de trabajo de los jueces, la falta de recursos y la corrupción, que afectan el funcionamiento del sistema penal (CNDH, 2020).
El Derecho penal adjetivo es un instrumento fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos y la búsqueda de la justicia. Sin embargo, su eficacia depende de la correcta aplicación de las normas procesales y de la voluntad política para garantizar un sistema penal justo y eficiente.
El control social formal, como mecanismo institucionalizado para mantener el orden y la cohesión social, se encuentra en constante tensión con los derechos humanos. Esta relación dialéctica plantea interrogantes fundamentales sobre los límites del poder estatal y la garantía de las libertades individuales. El control social formal, ejercido principalmente por el Estado a través de leyes, regulaciones y sistemas judiciales, busca garantizar la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas sociales. Sin embargo, este mecanismo puede convertirse en un instrumento de poder que restrinja las libertades individuales si no se encuentra debidamente regulado y limitado.
Como señala Foucault (1975), los mecanismos de control social se han vuelto cada vez más sutiles y penetrantes, extendiendo su influencia a todos los ámbitos de la vida. Es necesario, por tanto, analizar críticamente los dispositivos de poder que subyacen al control social formal y evaluar su compatibilidad con los principios de los derechos humanos.
El control social formal cumple diversas funciones en una sociedad: mantenimiento del orden social, protección de los derechos individuales, resolución de conflictos y socialización. Sin embargo, es importante destacar que el control social formal no es un mecanismo neutral, sino que está sujeto a intereses y relaciones de poder. Como señala Bourdieu, el derecho, como expresión máxima del control social formal, no es más que una herramienta de dominación de las clases dominantes (Bourdieu, 1980).
A pesar de su importancia, el control social formal enfrenta diversas limitaciones y desafíos: rigidez, desigualdad, pérdida de legitimidad y efectos perversos. Es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden y la garantía de las libertades individuales. Para ello, es fundamental democratizar las instituciones, fortalecer el Estado de derecho y evaluar la eficacia de las políticas públicas.
El control social formal en México, como mecanismo institucionalizado para regular las conductas y mantener el orden, se encuentra inmerso en un contexto histórico, social y político complejo. A través de leyes, normas y sanciones, el Estado busca garantizar la seguridad, resolver conflictos y proteger los derechos humanos. Sin embargo, su implementación se enfrenta a diversos desafíos que han limitado su efectividad.
La corrupción, endémica en muchas instituciones mexicanas, socava la confianza ciudadana y debilita la aplicación de la ley. Como señala Zavala (2016), la corrupción permea todos los niveles del sistema penal, desde la policía hasta los jueces, lo que genera impunidad y fomenta la violencia. Por otro lado, el sistema penal mexicano adolece de serias deficiencias estructurales, como la sobrepoblación carcelaria, la lentitud de los procesos y las altas tasas de impunidad. Estas problemáticas han sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional.
La desigualdad social también influye en la forma en que se ejerce el control social formal en México. Los sectores más vulnerables de la población son los que con mayor frecuencia son objeto de detenciones arbitrarias y abusos por parte de las autoridades. Foucault (1975), señala que los mecanismos de control social a menudo se dirigen hacia los grupos marginados, perpetuando las desigualdades existentes.
La violencia generalizada en el país es otro desafío importante para el control social formal. El crimen organizado, la violencia de género y los homicidios han rebasado la capacidad de las instituciones de seguridad pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México México cerró 2023 con 30.523 víctimas de asesinato. Es evidente que, el control social formal en México se encuentra en un momento crítico. La corrupción, la desigualdad, la violencia y las deficiencias del sistema penal son algunos de los principales desafíos que enfrenta. Para superar estos problemas, es necesario implementar reformas estructurales que fortalezcan el Estado de derecho, combatan la impunidad y garanticen la protección de los derechos humanos.
La tipificación penal, es decir, la descripción legal de las conductas consideradas como delitos, es un aspecto fundamental del Derecho Penal Sustantivo. En México, como en cualquier otro país, la tipificación penal debe ser constantemente evaluada y actualizada para garantizar su adecuación a la realidad social y a los nuevos desafíos que esta plantea.
Dentro de esta perspectiva, constituye un pilar fundamental del ordenamiento jurídico, definiendo las conductas que el Estado considera delictivas y las sanciones correspondientes. Sin embargo, su adecuación a la realidad social mexicana es un tema que requiere constante análisis y actualización. El autor Diaz (2014) ha destacado la importancia de que las normas penales sean claras, precisas y proporcionales, a fin de garantizar la protección de los bienes jurídicos más relevantes y la legitimidad del sistema penal.
La realidad social mexicana, caracterizada por una constante evolución, plantea desafíos a la tipificación penal. El surgimiento de nuevas formas de delincuencia, como los delitos cibernéticos, exige una adaptación constante del marco normativo. Diaz (2014), ha subrayado la necesidad de que el Derecho Penal sea dinámico y capaz de responder a los cambios sociales, sin perder de vista los principios fundamentales que lo rigen.
En este contexto, es crucial garantizar que la tipificación penal sea un instrumento eficaz para la prevención y el control del delito. Sin embargo, existe el riesgo de la sobrecriminalización, es decir, de tipificar como delito conductas que podrían ser reguladas por otras ramas del Derecho. Diaz (2014) ha alertado sobre los peligros de esta práctica, que puede generar una sobrecarga del sistema penal y afectar los derechos de los ciudadanos.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario que el legislador y los operadores jurídicos trabajen de manera conjunta para garantizar que la tipificación penal sea un instrumento justo y eficaz. Se requiere una constante evaluación de las normas penales existentes y la elaboración de nuevas disposiciones que respondan a las necesidades de la sociedad. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y evaluación del sistema penal, a fin de garantizar que se aplique de manera imparcial y respetuosa de los derechos humanos.
En conclusión, la tipificación penal en México es un tema de gran relevancia que requiere una atención permanente. La adecuación de las normas penales a la realidad social es fundamental para garantizar la protección de los bienes jurídicos, la prevención del delito y la legitimidad del sistema penal.
Es común observar un descontento social ante la vulneración de los derechos humanos de aquellos individuos señalados como presuntos autores de delitos. Estos derechos, inherentes a toda persona, representan un conjunto de atributos y facultades esenciales para una vida digna y un desarrollo pleno, independientemente de sus circunstancias particulares. En este sentido, se trata de los derechos fundamentales que asisten a todo ser humano (Buteler, Ávalos 2014). Desde que se presume que una persona cometió una conducta delictiva, debe entrar bajo la protección de los Derechos Humanos, al igual que la víctima u ofendidos.
La garantía de los derechos humanos en el proceso penal implica la obligación del Estado de asegurar a todas las partes involucradas —víctimas, ofendidos, imputados y terceros— un acceso efectivo a la justicia y un trato digno en todas las etapas del procedimiento. Ello supone la aplicación estricta de las normas sustantivas y adjetivas del derecho penal, así como el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con especial énfasis en los consagrados en la Constitución Política Federal y los tratados internacionales.
La evolución del derecho penal, en su afán por responder a las nuevas manifestaciones de la criminalidad, ha dado lugar a la constante creación y actualización de figuras típicas, la promulgación de leyes especiales, el incremento de las penas y la diversificación de las agravantes. En este contexto, resulta esencial destacar que la imposición de una sanción penal se encuentra sujeta a un riguroso procedimiento establecido por el derecho procesal penal. Este último tiene como finalidad primordial la averiguación de la verdad material, a través de la valoración probatoria, y la posterior declaración de certeza sobre la existencia o inexistencia del hecho delictivo, con el fin de garantizar la aplicación justa y adecuada de la pena (Zavala, 2016) .
La reforma constitucional de 2008, concretamente la modificación del artículo 20, significó un hito en la historia del sistema de justicia penal mexicano. Al establecer la transición hacia un modelo acusatorio oral, se instauró un nuevo paradigma procesal que demandó la elaboración de una legislación adjetiva penal uniforme a nivel nacional. Con un plazo de ocho años para su implementación gradual en todas las entidades federativas, esta reforma implicó una profunda transformación del sistema, requiriendo la adecuación de las infraestructuras judiciales y la capacitación integral de todos los operadores del sistema.
La reforma al sistema de justicia penal en México, que implicó la transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio oral, representó un hito en la protección de los derechos humanos en el ámbito penal. Sin embargo, esta transformación no ha estado exenta de desafíos y retos. Si bien se han logrado avances significativos en la consolidación del nuevo sistema, persisten brechas y desigualdades en la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La implementación del sistema acusatorio oral ha favorecido la oralidad, la publicidad y la contradictoriedad de los procesos, lo que ha contribuido a una mayor transparencia y a la garantía del derecho a un juicio justo. No obstante, la sobrecarga de trabajo de los operadores del sistema, la falta de recursos y la desigualdad en la capacitación han limitado su efectividad en diversas regiones del país. Como señala Valdez Medina (2018), "la implementación del nuevo sistema ha sido heterogénea, con avances notables en algunas entidades y mayores rezagos en otras".
Asimismo, la reforma ha enfatizado la protección de derechos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un juicio rápido. Sin embargo, la práctica forense revela que aún persisten violaciones a estos derechos, particularmente en casos que involucran a grupos vulnerables. De acuerdo con la CNDH (2020), "la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes siguen siendo una práctica recurrente en algunos centros de detención".
Otro aspecto relevante es la participación de las víctimas en el proceso penal. Si bien se han otorgado mayores derechos a las víctimas, como la reparación del daño y la participación en las audiencias, su acceso a la justicia sigue siendo limitado en muchos casos. Según García Ramírez (2019), "la revictimización es una problemática persistente que afecta a muchas víctimas del delito, quienes enfrentan obstáculos para acceder a la justicia y obtener una reparación integral".
Se evidencia que, la reforma al sistema de justicia penal en México ha representado un avance significativo en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para superar los desafíos existentes y consolidar un sistema de justicia penal justo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Se requiere una mayor inversión en capacitación, recursos y tecnología, así como una evaluación constante de los mecanismos de control y supervisión.
Las estrategias de control de social, reguladas por el Derecho, son una garantía importante para los ciudadanos, no sólo porque son un mecanismo de resolución de conflictos importante, a través del cual, se accede a la reclamación, cuando los derechos fundamentales son transgredidos, sino, también, porque es un elemento de redistribución de riquezas importante en la sociedad. Así, el no tener acceso o que éste sea de manera deficiente a todos los recursos jurídicos que éste ofrece dentro del aparato formal de justicia, viene a representar un fuerte obstáculo para la concreción de los derechos consagrados y, por consiguiente, una merma significativa del bienestar colectivo, afectando la estabilidad democrática y el desarrollo de un país.
Se ha reiterado que en nuestro país impera el Estado de Derecho, acorde los lineamientos del sistema de justicia, comprender al derecho de acción, así como al mandato de la Constitución Política Federal y al poder punitivo del Estado, los particulares tienen la fortuna de exigir a través de los órganos facultados para tal efecto, la restitución de la cosas a quien sienta que se le ha vulnerado una garantía o derecho fundamental, todo dentro del marco de la legalidad, esto es, agotando un debido proceso. Por lo que el acceso a la justicia “se refiere al derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales y obtener una resolución justa y equitativa a sus conflictos legales. El acceso a la justicia es fundamental para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos” (Cappelletti et al. 1996, pág. 13).
La reforma al sistema de justicia penal en México, aunque representó un avance significativo hacia la garantía de los derechos humanos, no ha erradicado las violaciones a estos derechos fundamentales en el contexto del proceso penal. Este análisis explorará la persistencia de estas violaciones, el papel del control social formal en su prevención y represión, así como los desafíos y perspectivas futuras.
El sistema penal mexicano, a pesar de las reformas, sigue enfrentando serios problemas que vulneran los derechos humanos de las personas involucradas. Entre las violaciones más comunes se encuentran la tortura y los malos tratos, que persisten como prácticas arraigadas en algunos cuerpos policiales y centros de detención. Estas prácticas, además de ser contrarias a la dignidad humana, generan un clima de impunidad y socavan la confianza en las instituciones.
Las condiciones de hacinamiento y la falta de atención médica en los centros penitenciarios son otra problemática grave. La sobrepoblación crónica, la violencia entre internos y la falta de programas de reinserción social contribuyen a un ambiente hostil que vulnera los derechos de las personas privadas de la libertad. Asimismo, la discriminación y la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, como mujeres, indígenas y personas LGBTIQ+, se manifiestan en el acceso desigual a la justicia y en la aplicación de penas desproporcionadas.
El control social formal, ejercido principalmente por el Estado a través del sistema penal, tiene como objetivo principal prevenir y reprimir conductas delictivas. Sin embargo, cuando este control se ejerce de manera desproporcionada o arbitraria, puede convertirse en una fuente de violaciones a los derechos humanos. La aplicación de la fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales, las detenciones arbitrarias y la fabricación de pruebas son ejemplos de cómo el control social formal puede vulnerar los derechos fundamentales.
Para garantizar que el control social formal sea compatible con los derechos humanos, es fundamental fortalecer la independencia judicial, profesionalizar a las fuerzas policiales, garantizar el acceso a la justicia, combatir la corrupción y establecer mecanismos de control externo. Sin embargo, estos avances se enfrentan a diversos obstáculos, como la falta de recursos, la corrupción y la resistencia al cambio dentro de las instituciones.
La impunidad es otro de los grandes desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal mexicano. La falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos genera un círculo vicioso de violencia y corrupción. Además, la victimización secundaria, que sufren muchas víctimas al enfrentarse a un sistema complejo y revictimizante, desincentiva la denuncia y dificulta el acceso a la justicia.
La eficacia del derecho penal sustantivo se ve limitada por la imprecisión de algunos tipos penales, la desactualización del catálogo de delitos y la imposición de penas desproporcionadas. Por su parte, el derecho penal adjetivo adolece de problemas como la sobrecarga de trabajo de los operadores del sistema, la falta de recursos y la corrupción, lo que afecta la calidad de las investigaciones y la celeridad de los procesos.
La interacción entre el derecho penal sustantivo y adjetivo, y las violaciones a los derechos humanos, es compleja y multifactorial. Un derecho penal sustantivo impreciso puede facilitar la aplicación discrecional de la ley y la violación del principio de legalidad. Asimismo, un derecho penal adjetivo deficiente puede generar impunidad y permitir que los responsables de violaciones a los derechos humanos queden impunes.
Para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penal mexicano, es necesario adoptar una serie de medidas. En primer lugar, se requiere una reforma integral del derecho penal sustantivo y adjetivo, que permita actualizar los tipos penales, establecer penas proporcionales y garantizar un proceso penal justo y eficiente. En segundo lugar, es fundamental fortalecer la independencia judicial, profesionalizar a las fuerzas policiales y combatir la corrupción. Asimismo, es necesario garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, sin importar su condición social o económica.
La construcción de un sistema de justicia penal justo y equitativo es un proceso a largo plazo que requiere de la voluntad política de todos los actores involucrados. La participación de la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales es fundamental para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y exigir rendición de cuentas. Además, es necesario invertir en programas de prevención del delito y en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Finalmente, la persistencia de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal mexicano es un problema complejo que requiere de una respuesta integral. Es necesario fortalecer las instituciones, promover la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana. Asimismo, es fundamental una reforma profunda del sistema penitenciario, que incluya la construcción de nuevos centros penitenciarios, la implementación de programas de reinserción social y la reducción de la población penitenciaria.
El análisis de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal mexicano revela una compleja problemática que se entrelaza con factores históricos, estructurales y culturales. A pesar de los avances normativos y las reformas institucionales, persisten prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las personas, como la tortura, las detenciones arbitrarias y las condiciones inhumanas de reclusión.
La eficacia del derecho penal sustantivo y adjetivo se ve limitada por diversos factores, entre los que destacan la imprecisión de algunos tipos penales, la sobrecarga de trabajo de los operadores del sistema, la corrupción y la falta de recursos. Estos factores, en combinación con la impunidad y la debilidad institucional, generan un círculo vicioso de violencia y desigualdad que afecta a las comunidades más vulnerables.
Para superar estos desafíos, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las causas profundas de las violaciones a los derechos humanos. Esto implica una reforma profunda del sistema de justicia penal, que incluya la actualización del marco normativo, la profesionalización de las fuerzas policiales, el fortalecimiento de la independencia judicial y la inversión en programas de prevención del delito y reinserción social.
Asimismo, es fundamental promover una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos, tanto entre los operadores del sistema de justicia como en la sociedad en general. La participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para garantizar que el sistema de justicia penal funcione de manera efectiva y respetando los derechos de todas las personas.
En conclusión, el camino hacia un sistema de justicia penal justo y equitativo en México es largo y complejo. Sin embargo, es un objetivo alcanzable si se cuenta con la voluntad política, la participación de todos los actores involucrados y un compromiso genuino con los derechos humanos. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir un país donde la ley se aplique de manera imparcial y donde todas las personas tengan acceso a la justicia.
Este análisis ha ofrecido una visión general de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal mexicano, pero es importante reconocer sus limitaciones. Estudios futuros podrían profundizar en temas específicos como la interseccionalidad de género, raza y clase en la experiencia de las personas privadas de la libertad, el impacto de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos, o el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de estos derechos. Asimismo, sería relevante realizar investigaciones comparativas con otros países para identificar mejores prácticas y desafíos comunes. Sin embargo, este estudio se ha limitado a una revisión de la literatura existente, lo que puede no reflejar la totalidad de la problemática. Además, la disponibilidad de datos confiables y actualizados sobre violaciones a los derechos humanos en el sistema penal mexicano sigue siendo un desafío.
No declaran conflictos de interés.
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Amuchategui Requena, I. G. (2012). Derecho Penal. Oxford. https://drive.google.com/file/d/18gZ3oFJOKdoa-03lQZ6lqw12Jn-ifMCA/view?pli=1
Bourdieu, P. (1980). El sentido práctico. Siglo XXI Editores. https://www.academia.edu/28778115/Bourdieu_El_Sentido_Pr%C3%A1ctico#:~:text=Este%20dossier%20busca%20transmitir%20parcialmente%20el%20esp%C3%ADritu%20que%20nos%20anima
Buteler Ávalos, M. (2014). Derecho administrativo. Alverone ediciones. https://es.scribd.com/document/473954484/DERECHO-ADMINISTRATIVO-AVALOS-LIBRO-COMPLETO#:~:text=Derecho%20Administrativo%20Avalos%20Libro%20Completo%20|%20PDF%20|%20Caso%20de
Cappelletti, M. y Garth B. (1996). El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Fondo de Cultura Económica. https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/doctrina41555.pdf
Castellanos, T. F. (2018). Lineamientos elementales de Derecho Penal. Porrúa. https://www.derechopenalenlared.com/libros/lineamientos-elementales-del-derecho-penal-castellanos.pdf
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2020). Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México. CNDH. https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/4730/informe-anual-2020
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Cuello, C. E. (1955). Derecho Penal. España.
Diaz, E. (2014). Lecciones de derecho penal para el nuevo sistema de justicia en México. Publicación electrónica num. 12. Instituto de investigaciones jurídicas, UAM.
Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
García, S. y Gonzalez, O. (2021). La justicia penal en México Balance de dos décadas (2000-2020). Universidad Nacional Autónoma de México.Primera edición. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6577/40.pdf
García Ramírez, S. (2019). La victimización secundaria en el sistema de justicia penal mexicano. Revista Mexicana de Criminología, 15(2), 187-205.
González, J. (2001). Derecho penal mexicano. 6a. ed. Porrúa.
Ley general de víctimas. (09 de Enero de 2013). Ley general de víctimas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv.htm
Roxin, C. (1997). Derecho Penal. Madrid, España: Civitas.
Valdez Medina, A. (2018). La implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México: avances y retos. Revista de Estudios Jurídicos, 35(1), 115-138. https://revistas.udlapublicaciones.com/index.php/RevistaCalamo/article/view/233
Zaffaroni, E. R. (2002). Manual de derecho penal. Parte general. Ediar. https://www.academia.edu/44587766/MANUAL_DE_DERECHO_PENAL_PARTE_GENERAL
Zavala, G. (2016). Corrupción y violencia en México. Editorial Siglo XXI.