Anderson Paul Gil Pérez
Investigador Posdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (FFyL-UNAM). Doctor en Ciencias Sociales, Magister en Historia y Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, email: andersonpaulgp@gmail.com; andersongil@filos.unam.mx
https://orcid.org/0000-0002-9741-4220
andersonpaulgp@gmail.com
andersongil@filos.unam.mx
RECIBIDO: 09/11/2023
ACEPTADO: 30/04/2024
PUBLICADO: 15/09/2024
| Cómo citar: Gil Pérez, A.P. (2024). Discursos periodísticos de la represión estatal en Colombia y México, 1968-1982. Un estudio comparativo. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 26(3), 765-784. www.doi.org/10.36390/telos263.01 |
El artículo analiza el papel de la prensa política en la construcción de la opinión pública durante los procesos de represión estatal en México y Colombia entre 1968 y 1982. Su objetivo es analizar los tipos de discursos a través de los cuales la gran prensa política influyó en la forma en que los lectores interpretaron las dinámicas de represión estatal en ambos países. Se realiza un análisis histórico-comparativo de dos casos para revisar las posiciones periodísticas de las fuentes primarias, en este caso los diarios Excélsior, El Sol de México, El Informador, El Tiempo, El Siglo, El Espectador y La República. Los resultados revelan que la prensa promovió siete discursos principales sobre la represión estatal: 1) cooptación juvenil y universitaria, 2) orden público violentado, 3) subversión y terrorismo, 4) las instituciones, la seguridad y el Estado, 5) el enemigo externo, 6) los derechos humanos como violación de la soberanía nacional y 7) la prensa como garante de la opinión pública. Estos discursos posicionaron a los diarios como actores en la contienda política y en la construcción de opinión pública en contextos de historia reciente.
Palabras clave: Prensa, opinión pública, represión política, método comparativo.
This article analyzes the role of the political press in the construction of public opinion during the processes of state repression in Mexico and Colombia between 1968 and 1982. Its objective is to analyze the types of discourses through which the major political press influenced the way in which readers interpreted the dynamics of state repression in both countries. A historical-comparative analysis of two cases is carried out to review the journalistic positions of the primary sources, in this case, the newspapers Excélsior, El Sol de México, El Informador, El Tiempo, El Siglo, El Espectador and La República. The results reveal that the press promoted seven main discourses on state repression: 1) youth and university co-optation, 2) public order violated, 3) subversion and terrorism, 4) institutions, security and the state, 5) the external enemy, 6) human rights as a violation of national sovereignty and 7) the press as a guarantor of public opinion. These discourses positioned newspapers as actors in the political contest and in the construction of public opinion in the context of recent history.
Key words: Press, public opinion, political repression, comparison.
La historia reciente de América Latina muestra una constante ambivalencia entre modelos democráticos y autoritarios. La construcción nacional estuvo acompañada por diferentes dinámicas de homogenización en las que los gobiernos y sus dirigentes pretendieron simplificar las características diversas de la población, tanto sociales y culturales, como ideológicas y políticas (Cockcroft, 2001; Olano, 2003). De esta manera, la sociedad latinoamericana se vio marcada por una constante dinámica de tensión y conflicto que adquirió la forma de una prolongada y multifacética violencia política durante la segunda mitad del siglo XX. La cual se entrelazó con el contexto de la Guerra Fría y con los planes de la doctrina de seguridad nacional promovida por el gobierno y el ejército de Estados Unidos (Katz, 2004; Leal Buitrago, 1992; Pettinà, 2018).
Latinoamérica se encontró entonces en contradicciones entre modelos de sociedad propuestos por las clases políticas tradicionales y una población cada vez más diversa con posiciones gremiales, de clase y de partido. Sin embargo, para muchos de los gobiernos las diferentes formas de expresión de lo social y lo político fueron vistas como acciones disruptivas con el orden establecido, que ocasionaban desorden social, violencia en el espacio público e inestabilidad política y económica. Esta visión desarrollada por los gobiernos se materializó en dinámicas de sofocamiento y hostigamiento hacia los movimientos sociales, la protesta, la movilización, las organizaciones estudiantiles y sindicales, y los paros cívicos. Los gobiernos reaccionaron a la emergencia de la conflictividad social desde la negación, el rechazo, la persecución y la represión, esta última fue instrumentalizada por diferentes vías como una manera de “asegurar las relaciones de poder existentes y proteger el orden y la seguridad general”(Waldmann, 2009, p. 21).
Esto implicó que los esfuerzos gubernamentales por socavar el descontento social y político a través de la represión se desarrollaron, en muchas ocasiones, con una confluencia de apoyos por parte de los medios de comunicación, y en especial de la denominada prensa política. Un ejemplo claro se encuentra en países como Brasil, Argentina y Chile, en los cuales la prensa política ayudó a construir los marcos de interpretación bajo los cuales, llegado el momento, fue posible considerar a los militares como detentadores del poder (Bernedo & Porath, 2011; Franco, 2012; Goldstein, 2017; Iturralde, 2013). Una situación que se explica, parcialmente, porque todavía a mediados del siglo pasado, la prensa política argüía tener un poder de influencia amplio dentro de la construcción de ambientes de opinión pública y en la gestión de las necesidades de los diferentes gobiernos de garantizar su legitimidad(Capellán de Miguel & Campos, 2011; Gil, 2022).
En este sentido, el presente artículo analiza los discursos utilizados por la gran prensa política para influir en la forma en que los lectores interpretaron las dinámicas de represión estatal en México y Colombia en el periodo de estudio. El problema tiene como punto de partida la pregunta por el comportamiento de la prensa política en las dinámicas de justificación o cuestionamiento de la represión estatal desde finales de los años sesenta y hasta comienzos de los años ochenta.
El análisis de la prensa política se sustenta en la concepción de los diarios como actores políticos que hacen parte de la dinámica y los conflictos políticos, los cuales buscan incidir y tomar partido de cara a los diferentes procesos que se consideran como importantes o prioritarios(Borrat, 1989a, 1989b; Borrat & De Fontcuberta, 2006; Gil, 2022). Hacer un análisis de este tipo conlleva a la articulación entre poder político y poder comunicativo en la tensión por la construcción de la opinión pública en los dos países de estudio. Así mismo, requiere de la observación de los contextos histórico-políticos que siendo particulares reúnen los elementos que hacen viable la utilización de un enfoque comparado.
En ese marco, se puede plantear que Colombia y México, en el periodo de estudio propuesto desarrollaron contextos políticos y sociales en los que se presentaron diferentes formas de represión estatal que aunque dependieron de razones diferentes tuvieron en común que fueron orientadas desde los gobiernos para imponer el orden social y público, y la estabilidad política e institucional, al tiempo que las reglas formales de la dinámica político-electoral y de los sistemas de gobierno definían la existencia de regímenes democráticos(Allier et al., 2021; Gutiérrez Sanín, 2014). Es decir, los dos países fueron escenarios de represión estatal y de funcionamiento democrático. Así que, en los dos casos, México y Colombia, cabe preguntarse por el papel desempeñado por la prensa política en la cobertura de la represión estatal bien sea como un actor político que se suma al proceso de cuestionamiento o uno que hace parte de la legitimación pública bajo la defensa del orden y la estabilidad política.
Para desarrollar el objetivo del artículo se acude a la relación entre historia política, opinión pública, represión estatal y estudios históricos de la prensa (García de los Arcos, 1993; Gil, 2022; E. González, 2017; Guerra, 1993; Habermas, 1981). La nueva historia política tiene un mayor interés por los procesos, y no solamente por los acontecimientos, la vinculación de las dinámicas económicas, la inclusión de las perspectivas culturales en el abordaje de los actores sociales y sus prácticas(García de los Arcos, 1993; Guerra, 1989, 1993, 2003). La nueva historia política implica una renovada perspectiva de la dimensión del poder, en el que lo discursivo y representativo son protagonistas de la interpretación histórica y política del pasado. De tiempo atrás, Le Goff lo refirió como la nueva historia del poder que tiene la vocación de amplitud de lo formal e institucional a lo simbólico (Le Goff, 1996). Desde esta perspectiva es fundamental que las preguntas por el poder estén enfocadas a su funcionamiento desde la centralidad del actor político (Guerra, 1989, p. 260).
Asimismo, son relevantes las preguntas por el proceso de construcción de la opinión pública, cuáles son las tensiones que contribuyen a su formación y que papel cumplen los medios de comunicación, y en especial la prensa política como mediadora entre el poder y la política. La opinión pública conlleva un espacio de debates que se forma histórica y progresivamente desde el siglo XVII y que se caracteriza por la capacidad crítica de los actores sociales frente a las dinámicas informativas para construir posiciones sujetas a la deliberación (Habermas, 1981). En esta dinámica fue sustancial la progresiva separación entre el espacio público y el privado, y la especialización que adquirieron los actores sociales al tener una actitud crítica de cara a las instituciones, la política y la vida social, lo cual ocurre cuando confluyen los ámbitos comunicativos formales e informales a través de “una notoriedad pública crítica” por las personas que conforman la sociedad (Habermas, 1981, pp. 271-272).
Por otra parte, la represión estatal implica la concentración de procedimientos formales e informales que son implementados por los gobiernos para la persecución y eliminación de los contrarios sociales y políticos. Estos mecanismos incluyen la eliminación de los dirigentes, la imposición de morales públicas que rechazan o legitiman determinados comportamientos. Las formas más usuales de represión estatal son el vigilantismo, el terror de Estado, el genocidio, el eliminacionismo (E. González, 2017, pp. 427-428), mismas que pueden variar dependiendo de los intereses de los actores que se movilizan, confrontan o resisten al régimen. Y las estrategias represivas, según González, son de tres tipos: medidas políticas de reforma y persuasión, medidas legislativas de amenaza y disuasión, medidas judiciales y policiales de represión y coacción (E. González, 2017, pp. 442-448). De manera situada, en el contexto de México trabajos recientes ubican al exilio de los años sesenta como una más de las modalidades de represión y persecución política(Allier et al., 2024), aspecto sobre el que no se ha avanzado lo suficiente en Colombia.
Desde lo metodológico, la investigación cualitativa se entiende como “la que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos o de cuantificación”(Ramírez, 2010, p. 40), que se acerca a los ámbitos de la historia política, la historia de la prensa y la represión estatal. Su desarrollo se fundamenta en el método histórico-crítico como aquel que “permite conocer la evolución y desarrollo del objeto de investigación”(Ramírez, 2010, p. 43). Así mismo, se asume el método comparado como el que posibilita confrontar “distintos niveles de análisis y observación –local, regional, nacional e internacional–, o desarrollar una perspectiva diacrónica o sincrónica del objeto de estudio en un marco temporal amplio”(Ramírez, 2010, p. 45). El articulo busca realizar un análisis histórico-comparativo de dos casos que ha sido denominado por la literatura como el Tipo fuerte de la comparación y tiene como fundamento la revisión de fuentes primarias y no exclusivamente secundarias como la mayoría de los enfoques comparativos (Olabárri, 1992, pp. 60-63). De esta forma, se espera no perder de vista la pregunta problema: ¿Cómo se comportó la prensa política de México y Colombia de cara a los procesos de represión estatal?, además porque es la que permite determinar la inclusión o exclusión de lo comparable y que la narrativa posterior sea desarrollada a contracorriente, es decir, construyendo la comparación paso a paso, abordando los casos al mismo tiempo(Lastra, 2018, pp. 155-156).
Lo anterior se complementa con el análisis crítico del discurso para la interpretación de las ideologías que la sociedad, las instituciones y los medios ponen en circulación. Con esta estrategia se aporta a explicar que las ideologías circulan mediante configuraciones de palabras que al formar oraciones llenas de significados sociales y culturales buscan construir verdades aparentes. Al respecto, la prensa política ha sido uno de los mecanismos privilegiados para promocionar las ideologías que legitiman a las hegemonías y a los gobiernos. En relación con el trabajo de prensa política, este enfoque invita a poner atención en los elementos discursivos, los conceptos claves que construyen las noticias, la manera cómo se implican las categorías teóricas en las propuestas narrativas, la estructura y el sentido de los temas, los titulares y las imágenes (Van Dijk, 2004, pp. 27-30).
En lo que respecta a la consulta de información primaria se determinaron procesos centrales en el periodo de estudio que dejan en evidencia el comportamiento represivo de los gobiernos. En México se observaron el movimiento estudiantil de 1968, la movilización del Corpus Christi de 1971, la imagen sobre las guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre; entre tanto, en el caso de Colombia se revisó el movimiento estudiantil de 1971, el paro cívico nacional de 1977, la imagen de las guerrillas urbanas como el Movimiento 19 de abril y el Estatuto de Seguridad de 1978. A partir de allí, en México se acudió a los diarios El Sol de México, Excélsior y El Informador , y en Colombia a los impresos El Tiempo, El Espectador, El Siglo y La República.
En México, se asume que los tres impresos permiten construir una imagen de la gran prensa política porque hubo mayor homogeneidad en las líneas editoriales y, en Colombia, se seleccionaron cuatro diarios porque el bipartidismo posibilitó que los periódicos mencionados se adscribieran a los dos partidos políticos tradicionales.
En México y Colombia la disputa por la formación de la opinión pública durante los años sesenta a ochenta fue una tensión constante entre diferentes actores, organizaciones e instituciones, que desde los ámbitos formales e informales (Habermas, 1981) buscaron influir sobre los elementos centrales en la orientación pública. Uno de estos actores fue la gran prensa política que a través de diferentes diarios estableció marcos generales para el manejo de la información política. Esto buscaba la presentación, representación y construcción de imágenes sobre los propios actores, organizaciones e instituciones.
A su vez, la gran prensa política estuvo inserta en un amplio marco de relaciones entre gobierno y medios que tuvo varias periodicidades y particularidades en cada uno de los casos. Desde las cuales se pueden establecer ejes de interpretación histórica y política alrededor del comportamiento editorial frente a los grandes problemas del periodo de estudio y en particular del objeto de estudio.
El análisis del comportamiento de la gran prensa política se desarrolló a partir de la justificación de la acción gubernamental escenificada y ejecutada mediante el ejercicio de la fuerza pública, policía y ejército. Para esto la prensa política construyó siete tipos de discursos periodísticos: El primero, el discurso de la cooptación juvenil y universitaria, el segundo, el discurso del orden público violentado, el tercero, el discurso de la subversión y el terrorismo, el cuarto, el discurso burocratizado de las instituciones, la seguridad y el Estado, y el quinto, el discurso del enemigo externo, el sexto, el discurso de los derechos humanos como violación de la soberanía, y, por último, el séptimo, el discurso de la prensa como garante de la opinión pública.
Este discurso tuvo como objetivo principal señalar la ausencia en la capacidad crítica de los jóvenes y universitarios que en México y Colombia participaron de la dinámica política a través de la acción colectiva en movimientos sociales y organizaciones estudiantiles. Fue un discurso escenificado periodísticamente en procesos como el movimiento estudiantil de 1968 y 1971 en México y el programa mínimo de los estudiantes en 1971 en Colombia.
Las características de este enfoque discursivo señalaron que los jóvenes no contaban con la suficiente preparación política e ideológica para afrontar la participación política. En esencia, el planteamiento no culpaba a los jóvenes y universitarios por estar actuando mal –según las consideraciones de la gran prensa política como vocera de los gobiernos–, sino que los exoneraba, pero al tiempo los condenaba a la permanente condición de menores de edad en términos de racionalidad política y ciudadana. Las acciones de los jóvenes y su participación en movimientos sociales y universitarios eran presentadas como manipulaciones por parte de los actores y organizaciones políticas que buscaban desestabilizar el país (Editorial, 1968a, pp. 4-A; «Sangriento zafarrancho provocaron los agitadores. Arrastraron a estudiantes a trágica manifestación», 1971, pp. 1-14).
Con base en este discurso, se proponía que los jóvenes y universitarios no contaban con la suficiente preparación académica y política para construir una visión autónoma de las condiciones sociales y políticas de México y Colombia. Al contrario, su comportamiento contestatario se explicaba por la influencia de las organizaciones sindicales, políticas y, en algunas ocasiones, subversivas que intentaban derrumbar la estabilidad política de los países. En este sentido, lo discutía Eduardo Arango, periodista de El Siglo, al hablar de los estudiantes en el marco del movimiento estudiantil de 1971: “Causa preocupación la manera como se ha ido organizando y aprovechando al estudiantado de los diversos niveles de enseñanza, para propósitos extremistas y subversivos”(Arango, 1971, pp. 4-10). Del mismo modo, el periodista Arturo Arnaiz y Freg, de Excélsior señalaba a los estudiantes de pobreza intelectual durante las movilizaciones de junio de 1971 en México:
“La pobreza intelectual que exhibieron las pancartas y los letreros que acompañaron a la manifestación, ha sido el testimonio más elocuente de que quienes la organizaron carecen de ideario y, también, de que en ese anémico movimiento se han introducido individuos que sólo desean actuar como agentes provocadores” (Arnaiz y Freg, 1971, pp. 3-8).
La prensa exhibía a los jóvenes y universitarios como carentes de la autoridad moral para referirse a los temas álgidos de la política y la sociedad del país porque desconocían (no vivieron) en los periodos anteriores de violencia que marcaron a los dos países. De esta manera, lo proponía el periodista Raúl Beethoven Lomelí a través de El Sol de México en los primeros días de octubre de 1968, durante los momentos más álgidos del movimiento estudiantil:
“El llamado conflicto estudiantil demuestra la necesidad de dar a los jóvenes una educación política que les permita comprender que su interés personal está íntimamente ligado al desarrollo económico de México y a su independencia política. Es evidente que los desórdenes ocurridos en la Capital fueron posibles gracias a la influencia alcanzada por los grupos comunistas sobre la masa estudiantil”(Beethoven, 1968, pp. 4-A).
Así que al no ser protagonistas de la inestabilidad y violencia propia de la Revolución Mexicana (en México) y tampoco de la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta (en Colombia), desde las páginas periodísticas se consideraba que no eran plenamente conscientes de lo que se ponía en riesgo con los movimientos sociales y universitarios que reñían la estabilidad política(Editorial, 1968b, pp. 5-A).
En México mucho más que en Colombia, se consideró que los jóvenes al movilizarse de manera sostenida en las ciudades llevaban a que su presencia en el espacio público alterara las condiciones de productividad económica y social, las cuales habían sido fundamentales para generar el estado de bienestar propio del llamado Milagro Mexicano (aunque no se usaba particularmente la expresión, sí las características). Es decir, a los jóvenes –especialmente a los universitarios– se les acusó de no ser conscientes del privilegio social del que disfrutaban, al ser universitarios la mayoría pertenecía a una clase media emergente, que gozaban de beneficios educativos gracias al desarrollo del país, o como se subrayaba en el argot de la época debido a los beneficios de la Revolución Mexicana, por lo tanto, afectar la economía, la estabilidad política, y atentar contra la imagen del México moderno, resultaba en una forma de desconocimiento frente a las luchas sociales de las generaciones anteriores. Se trató de una deuda generacional que se debía pagar con agradecimiento y sumisión frente a la necesidad de transformación política. Olvidar, por ejemplo, que el México moderno posibilitó una mejor situación económica para las clases medias, pero que a nivel de participación política el modelo liderado por el PRI estableció amplias limitaciones. De igual modo, es interesante advertir como lo ha demostrado sistemáticamente Eugenia Allier, que 1968 y sus actores tuvieron una transformación histórica con posterioridad, pasando de ser considerados infantes, y cuando más revolucionarios, a ser observados como héroes de la lucha democrática, lo que se condensa en la creativa premisa de “el 68 el movimiento que triunfó en el futuro”(Allier, 2021).
Entre tanto, en Colombia a los jóvenes no se les juzgó tanto con el discurso de pertenecer a una privilegiada clase media, sino con el de estar siendo cooptados ideológicamente, lo que exigía de parte del gobierno la implementación de una férrea “Cruzada del orden” que bloqueara el derrocamiento gubernamental:
“El país no puede mirar impasible la cercana amenaza. No se trata de pacíficas manifestaciones de opinión para el logro de conquistas de tipo social o económico. Lo que se persigue con el paro del 8 de marzo es, para decirlo sin eufemismos, el derrocamiento del gobierno”(Editorial, 1971b, pp. 1-4).
El problema de este discurso en términos de influencia en la opinión pública pasó por generar un desconocimiento de los jóvenes y universitarios como actores políticos legítimos para la discusión pública, la acción y movilización social. Es decir, a los jóvenes se les ubicó en una condición de inferioridad de cara a las confrontaciones con el gobierno y la fuerza pública porque –aun cuando se pudiera aceptar que la policía y el ejército los reprimía– en realidad no era correcto que estuvieran ahí, desde la posición de la gran prensa política.
El propósito central de este discurso partió de la sacralización del espacio público como el lugar en que tenía lugar la escenificación de la estabilidad política de México y Colombia. En los dos países, el espacio público fue durante el periodo de estudio un escenario de confrontación. Al tratarse de un espacio sacralizado se asumió que no podía utilizarse para nada diferente a lo que señalaban los marcos jurídicos. El espacio público fue el escenario en el que se pusieron en escena los grandes momentos políticos e institucionales de México y Colombia, los desfiles y posesiones presidenciales; las visitas de prestigio internacional, como jefes de Estado, diplomáticos o jerarcas religiosos; los recorridos de inauguración de eventos internacionales; entre otros. La simbiosis entre espacio y orden público se manifestó en la medida que el control sobre las acciones públicas daba cuenta que la estabilidad estaba vigente, así el orden en las calles, la dinámica productiva en las ciudades, y la tranquilidad en los pueblos, todo ello hacía parte de ese orden público que no podía ser afectado(«El gobierno garantiza el orden en todo el país», 1977; «Medidas para garantizar el orden público», 1977).
El espacio público se presentó por la gran prensa política como un escenario en amenaza constante(Editorial, 1971b, pp. 1-4). Estuvo sujeto a ser violentado a partir de las movilizaciones sociales y los conflictos entre actores sociales y fuerza pública. De dichas tensiones quedaron daños, destrozos, pérdidas materiales, parálisis económica, problemas de transporte, etc., que fueron adjudicados a los actores sociales, jóvenes, universitarios, manifestantes, entre otros, que se dispusieron a exigir sobre las calles, a través de bloqueos con sillas, uso de pancartas, o bien –como en Colombia en el Paro Cívico de 1977– con la llamada Operación tachuela que impedía que los carros de transporte público y los particulares avanzaran con normalidad en días de jornada de movilización(Gómez, 1977, pp. 1-2; Unas, 1977, pp. 1-14).
En el espacio público también se ubicaron los símbolos de mayor valor institucional y gubernamental, los cuales fueron transgredidos en términos periodísticos al adecuar, usar, o querer cambiar el sentido de los monumentos –por ejemplo, la izada de la bandera comunista (rojiblanca) en el Zócalo de la Ciudad de México el 27 de agosto de 1968–. En estos momentos, la gran prensa política hizo una analogía entre República y espacio público. Así que el espacio público violentado implicó agredir, en términos periodísticos, a la Patria –para dar cuenta de otro de los términos excesivamente usados por la prensa política–.
En forma recurrente el espacio público violentado hizo referencia a las transgresiones urbanas, no obstante que cuando se trataba del país en general se presentó la preocupación como el discurso del orden público violentado. Especialmente en Colombia, y en menor medida en México, el discurso del orden público violentado fue reiterado y se consideró como un agravante a los cuestionamientos de los actores y organizaciones sociales. Este discurso fue utilizado por la gran prensa política como la principal justificación para la aplicación sostenida de las medidas de amenaza y disuasión de la represión como el Estado de sitio y el Estatuto de seguridad, que a la postre derivaron en las violaciones de los derechos humanos(«Discurso de Turbay: “Habrá libertades y garantías bajo autoridad severa”», 1978, pp. 1-4-A.; «El gobierno garantiza el orden en todo el país», 1977, p. 1; «Gobierno implanta drásticas medidas sobre orden público», 1978, pp. 1-8; «Gremios respaldan el Estatuto de Seguridad», 1978, pp. 1-2).
El orden público al igual que el espacio público se sacralizó en las páginas periodísticas. Hacer esto fue muy importante porque fue el paso previo para que su transgresión pudiera ser condenada con todas las armas gubernamentales y periodísticas. Defender ese orden público y garantizarlo para la ciudadanía en general se estableció como una de las principales tareas del presidente de la República, y, por lo tanto, se justificaba tomar decisiones cuestionables en términos de censura a las libertades políticas que fueron validadas por los grandes diarios impresos. Esto pasó con regularidad en Colombia, en donde el escenario de violencia rural de los años cuarenta y cincuenta, llevó a la gran prensa política a una sacralización e idealización de la estabilidad política que se tuvo en los años setenta y que se asumió como consecuencia positiva del Frente Nacional, en un proceso de “invención de la desmemoria del país” como lo plantea Alberto Valencia (2015). En Colombia este discurso fue utilizado por la gran prensa política para establecer un continuo estado de excepción. Se planteaba como latente la amenaza de retroceder a la violencia bipartidista, por lo que el orden público fue un valor preeminente.
Con este discurso periodístico de la subversión y el terrorismo la prensa política estableció diferentes enfoques para su cobertura de los procesos que fueron aconteciendo. El énfasis puesto en la subversión estuvo presente en todo el periodo y en los dos países. En México y Colombia, en el marco de la doctrina de seguridad nacional(Leal Buitrago, 1992), los diarios políticos apostaron por el discurso de la subversión para la explicación al público lector de aquellos actores y organizaciones que les resultaba difícil de definir tanto en su composición como en su estructura, pero también de los que abiertamente tenían como demandas la revolución o el cambio de régimen político.
Fue recurrente que se usaran las expresiones de subversión –y otras semánticamente cercanas como insurrección, sedición y asonada– para explicar tanto la acción de los estudiantes en las semanas previas a la tarde del 2 de octubre de 1968 en México, cuando defendían las instalaciones universitarias de la fuerza pública, como la manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971, o bien en Colombia durante los enfrentamientos entre la fuerza pública y los estudiantes en febrero de 1971, por ejemplo, o cuando el carro del ministro de educación, Luis Carlos Galán Sarmiento, fue incendiado a las afueras de la Universidad Nacional de Colombia. De modo que la gran prensa apostó por titulares directos como “el movimiento es subversivo y con fines políticos”(«Serán castigados los autores del paro. El movimiento es subversivo y con fines políticos», 1971, pp. 1-2), o “Ante la subversión”(Editorial, 1971a, pp. 1-9A).
Pero también se utilizó la expresión subversión para referirse a la acción armada del Grupo Popular Guerrillero (GPG) en Chihuahua (México) en 1965, en la fallida operación de Asalto al Cuartel Madera o en enero de 1979 para señalar la acción política-militar en Bogotá del M19 en el exitoso Asalto al Cantón Norte. Así pues, la característica de “acción subversiva”, o “grupo subversivo”, o “subversivos”, a secas, fue atribuida principalmente a los actores y organizaciones, legales e ilegales, que confrontaran a las fuerzas de seguridad, policía, carabineros, ejército, y mucho más en aquellos momentos en que el resultado de dicha pugna no beneficiaba el gobierno(«Ejército recupera sus armas», 1979, pp. 1-9A).
Por otra parte, el énfasis puesto en la noción “terrorismo” –usando este concepto de forma puntual– se observó en el caso de Colombia, en especial, a partir de la segunda mitad de los años setenta, y con más intensidad desde la promulgación del Estatuto de seguridad (Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados, 1978) del presidente Julio César Turbay Ayala(«Estatuto de seguridad y Turbay. Amplio respaldo en todo el país», 1978, p. 1; «Gremios respaldan el Estatuto de Seguridad», 1978, pp. 1-2). Con esta medida se fortaleció la represión sobre los diferentes sectores en contienda y a través de la prensa política hubo un incremento en el uso de la noción “terrorismo” para llamar las acciones militares, pero también las diferentes formas de acción colectiva. Un ejemplo se encuentra en enero de 1980 en Colombia, cuando se desarrolló la Toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M19. La gran prensa política suprimió las nociones “organización o grupo guerrillero” y “guerrilleros”, y en cambio intensificó otras como “organización terrorista” y “terroristas”.
En el caso de México, este discurso del terrorismo se hizo más recurrente durante los años 1972 a 1974, cuando la emergencia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, (y también otras guerrillas) confrontaron la vida urbana en diferentes lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, Monterrey, a través de secuestros a empresarios y asesinatos a políticos. El uso de la noción “terrorismo” revistió de particular intensidad en acontecimientos como el secuestro del Vuelo 727 en noviembre de 1972(«Lograron su propósito los secuestradores del Boeing, están en Cuba con los asaltabancos y los rehenes», 1972, pp. 1-8A), el intento de secuestro y posterior asesinato de Eugenio Garza Sada en Monterrey en septiembre de 1973(F. López, 1973, pp. 7-A), y los secuestros del industrial Fernando Aranguren Castiello y el cónsul honorario británico Anthony Williams Duncan en octubre de 1973(Payán, 1973, pp. 1-12A). Un aspecto particular en México fue la asociación entre terrorismo y comunismo con editoriales de Excélsior o El Sol de México que establecieron que la llamada “ola de terrorismo” se debía a los intereses de penetración del “imperio”, forma de llamar a la URSS (Editorial, 1971c, p. 1, 1973, p. 4A).
Construir un discurso que legitimara las instituciones, las fuerzas de seguridad del Estado y en particular las figuras presidenciales fue uno de los elementos que se adicionan al comportamiento periodístico de los grandes diarios políticos en México y Colombia. Su objetivo estuvo orientado a la legitimación institucional, la salvaguarda de Instituciones, República, Estado, Soberanía, etc. En este discurso periodístico se hicieron gala de diferentes nociones, cercanas y lejanas, para argumentar que era importante, ante cualquier situación que se presentara de orden público, de movilización social, de crisis de estabilidad, el que la ciudadanía, los sectores empresariales y la clase política, se volcaran en unidad en la defensa de lo institucional(«Izaron la Bandera Nacional y Quemaron el Trapo Rojinegro», 1968, p. Primera plana; Desplegado a página completa, «México con Díaz Ordaz», 1968, pp. 3-A).
Para la gran prensa política la imagen de ese discurso periodístico fue el presidente de la República, presentado en la mayoría de las ocasiones como el garante de la democracia y el símbolo de la estabilidad política. En México, las características del sistema corporativo liderado por él definieron un marco político en el que el presidente fue el actor político intocable, protegido por todos los sectores y principalmente por la gran prensa política. El presidente fue presentado siempre como el defensor de los principios de la Revolución mexicana, como el hombre de la mano extendida (caso Gustavo Díaz Ordaz) o de los acuerdos y negociaciones (como Luis Echeverría Álvarez), pero siempre protegido por un manto de sacralidad. Las críticas directas, si acaso, provinieron desde los actores y organizaciones sociales, pero no desde las páginas periodísticas. Así que las posiciones que representó se justificaron como necesarias, justas, pertinentes, adecuadas a la dimensión de los problemas, etc. Ni la crítica ni la autocrítica se acercaron a la figura presidencial en México y mucho menos desde las páginas periodísticas. Y si acaso algo así ocurriera por error o por omisión, las retaliaciones fueron significativas, como en el boicot a Excélsior (Burkholder, 2016) o en la venta de la Cadena García Valseca(Gil, 2020).
Por otra parte, en Colombia la figura presidencial también tuvo en las páginas periodísticas su ecosistema predilecto. Sin embargo, el sistema bipartidista que tanto influyó en el comportamiento editorial de la gran prensa política hizo posible que en algunos momentos se transgrediera el pacto informal de respeto absoluto por el presidente de la República. Un caso significativo se encuentra al revisar la cobertura periodística del diario La República durante el Paro Cívico Nacional del 14 septiembre de 1977, en los días anteriores se presentaron discursos críticos contra el presidente Alfonso López Michelsen, caricaturas que hicieron sátira de su pretendida posición de control sobre la opinión para establecer la idea de que el Paro Cívico Nacional sería un fracaso, y en los días siguientes se permitieron editoriales cuestionando lo que había sido una inexplicable forma de engañar a los ciudadanos.
Ahora bien, en este mismo discurso burocratizado de las instituciones, la seguridad y el Estado, se evidencia en México y Colombia un respeto hegemónico frente a las fuerzas armadas. La policía y el ejército son presentados como los cuerpos de la seguridad y la defensa del Estado frente a las amenazas externas, como los héroes de la nación y como las víctimas de la subversión y el terrorismo. Esto fue más explícito en Colombia donde se publicaron especiales alrededor de lo qué significaba ser carabinero, policía y militar, de las celebraciones en los cuarteles, los ascensos militares, etc. Se pretendió establecer una relación entre servicio a la comunidad y el rol de policía o militar.
El efecto de este discurso es que la legitimidad del Estado, el gobierno, las instituciones, el presidente y las fuerzas armadas nunca se puso en cuestión ni en los momentos de mayor represión del Estado. Esto a pesar de los hechos de violación de derechos humanos, de uso desmedido de la fuerza pública, de aplicación sostenida de las medidas de amenaza y disuasión para impedir la movilización (Estado de sitio y Estatuto de seguridad), de la formación de grupos paramilitares como Los Halcones en México, entre muchas otras acciones(Capistran, 1971, p. 4A). De esta manera, sin importar la relevancia de lo ocurrido: 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971, 26 de febrero de 1971, 14 de septiembre de 1977, la responsabilidad recayó sobre las instituciones, de forma que siempre los culpables de lo sucedido fueron los actores y organizaciones sociales, y en su momento los grupos guerrilleros.
Es posible que uno de los discursos periodísticos más fuertes en la gran prensa política de México y Colombia haya sido el enemigo político externo como factor de constante amenaza sobre la estabilidad política y la paz social. Este discurso, en exceso reiterado en las diferentes épocas políticas en el siglo XX e intensificado durante la Guerra fría latinoamericana, tuvo mucho eco en los diarios colombianos y mexicanos porque les permitió tener un fantasma para el día a día, una inquietud latente para ofrecer a sus lectores: la idea de que el país –aunque estuviera mal, con problemas sociales– siempre podía estar peor. El discurso del enemigo político externo tuvo la forma del comunismo, el socialismo, el comunismo chino, el foquismo cubano, el guevarismo, la teología de la liberación, y otras corrientes, ideas, y figuras, que simbolizaron ese otro que amenazaba el orden social configurado durante décadas.
En la prensa de México fue muy recurrente que se subrayara que las influencias extranjeras ponían en jaque al país(Sánchez, 2016, 2018). Dado que la gran prensa política tomó como punto de partida de su discurso que la Revolución mexicana había generado las condiciones necesarias para el desarrollo y había mitigado cualquier necesidad de una nueva revolución social, entonces los intentos que surgieran desde algunos sectores y que plantearan la pertinencia de cambios, por ejemplo en el sistema político, estaban orientados no de forma endógena (no respondían al contexto mexicano) sino que eran resultado de la progresiva campaña de influencias externas, especialmente del comunismo que se asentaba en diferentes ciudades y las tomaba como lugares de operaciones(Frente coordinador para la defensa de la libre empresa, 1973, p. 7A).
Entre tanto, en Colombia el enemigo externo tuvo el rostro principalmente del comunismo y se debió al fuerte anticomunismo que se formó desde los años cuarenta y que se hizo más fuerte durante la guerra fría. En Colombia el enemigo político externo fungió como representación de la inestabilidad y crisis política, social y de violencia que se vivió en las regiones desde los años cincuenta. El surgimiento mismo de las organizaciones guerrilleras se presentaba en las páginas periodísticas como los intereses subversivos encauzados desde el exterior. Así mismo, la defensa simbólica que hizo la gran prensa política del Frente Nacional y de sus logros, tuvo un relato más optimo en la existencia de la amenaza externa que buscaba retroceder la dinámica política hasta tiempos parecidos a la violencia de los años cincuenta o al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Los diarios El Tiempo(Ayala Diago, 2008) y El Siglo fueron los principales adalides del enemigo externo que agraviaba al país.
En los dos casos, México y Colombia, el enemigo externo también ayudó a delimitar las características del nosotros versus ellos en la dinámica política interna. Las organizaciones sociales y más adelante los grupos guerrilleros fueron presentados como los vínculos utilizados por las amenazas externas para acceder a los países. Su labor, más allá de las demandas e intereses formales, estaban dadas –en la interpretación de la gran prensa política– por servir de gestores de las condiciones que permitieran el estallido social.
Lo anterior fue clave en el discurso porque bajo esta lógica los problemas sociales, la desigualdad, la falta de acceso a la educación, la ausencia de reforma agraria (en Colombia) o la acumulación de tierras (en México), entre otros, que problematizaron los movimientos sociales o los grupos guerrilleros según el momento y el caso, no eran producto de la administración ineficiente (además histórica) de los gobiernos, sino de la configuración intencionada de un malestar general y popular auspiciado desde el exterior y materializado en el interior para que fuera posible una revolución, revuelta, o simplemente un cambio en el régimen político.
Un aspecto adicional del que estuvo revestido este discurso periodístico fue su abstracción. Es cierto que en él se agrupó al comunismo, la influencia soviética, china y cubana, la onda expansiva de las guerrillas del Cono sur, entre otros temas, pero en la práctica siempre fue muy útil porque no implicaba nombres, actores y organizaciones puntuales. En cualquier editorial, columna de opinión, noticia, breve, e incluso -mucho más- en las caricaturas, fue muy fácil recurrir a este enemigo externo en abstracto, sin rostro, para convertirlo en la representación negativa de “algo” que amenazaba a los dos países. Una situación muy visible cuando el presidente mexicano Díaz Ordaz culpó al comunismo internacional de querer transgredir las olimpiadas(«No peligra la seguridad del país. El gobierno domina la situación», 1968, pp. 1-2), o como cuando el presidente colombiano López Michelsen acudió al mismo fantasma para responsabilizarlo de la movilización del Paro Cívico Nacional en 1977(«El gobierno no renunciará a defender la Constitución y la Ley. Enérgica advertencia a las centrales obreras por amenaza de paro», 1977, pp. 1-10-A; «Gobierno no cede a presiones», 1977, pp. 1-2A), solamente para hacer visibles dos ejemplos de procesos que tuvieron un surgimiento y explicación nacional y que se presentaron como parte de la amenaza exterior sobre México y Colombia.
Este tipo de discurso se evidenció principalmente en Colombia en donde los derechos humanos se plantearon a nivel periodístico como un bloqueo para las posibilidades de gestión pública y reacción institucional y de las fuerzas armadas. En Colombia, el debate en las páginas periodísticas tomó especial fuerza a finales de la década de 1970, cuando el gobierno del presidente Turbay Ayala a través del Estatuto de Seguridad fortaleció las opciones de acción policial y militar, hizo más breves los procedimientos jurídicos para las detenciones, allanamientos, y otorgó más poder a la justicia penal(«Estatuto de seguridad y Turbay. Amplio respaldo en todo el país», 1978, p. 1). Estas acciones, sumadas a las violaciones de derechos humanos que ya se venían presentando en el país, sirvieron como detonante para que surgieran las organizaciones defensoras de derechos humanos y se articularan unas primeras redes de defensa y acción colectiva. En este contexto se publicó el primer informe de denuncia de Amnistía Internacional en el que se problematizó el tratamiento del gobierno de Turbay Ayala a los derechos humanos(Amnistía Internacional, 1980, p. 315).
La reacción del gobierno y de la gran prensa política fue la de cuestionar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, y establecer que se trataba de un discurso poco práctico, que estaba destinado a proteger nada más a las personas de izquierda. No puede obviarse que este periodo concuerda con lo que Jairo López(2020) denomina una fase de emergencia o institucionalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia. En ese sentido, la gran prensa política planteó que “los derechos humanos son cosa de izquierdosos”, para camuflar con la sátira que institucional y periodísticamente se fortalecía un discurso que observaba a los derechos humanos como un problema para el Estado(«Discurso de Turbay. Rechazamos toda forma de dependencia», 1978, pp. 9-A). De esta manera, la gran prensa política legitimó que el gobierno colombiano estableciera la práctica de responder a los señalamientos de las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos con la solicitud de respeto a la soberanía. Los dos diarios más importantes, El Tiempo y El Espectador fueron elogiosos con el presidente Turbay cuando en una intervención televisiva y radial contestó el informe de Amnistía Internacional cuestionando a la organización y concluyendo que se estaba violentando la soberanía de Colombia(Editorial, 1980, pp. 1-3).
El argumento central en el que coincidieron abiertamente el gobierno y la gran prensa política es que la confrontación a las organizaciones “subversivas” y “terroristas” requería de una serie de acciones estatales y militares que no podían ser censuradas por organizaciones que desconocían el contexto colombiano y que desarrollaban sus informes desde países europeos tan distantes en sus características sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, se aceptaba que la lucha contra el terrorismo implicaba disponer de todos los recursos gubernamentales por el bien de la sociedad. De cierta manera, con este planteamiento lo que se estableció fue una recurrencia en la justificación de las múltiples violaciones de derechos humanos, denunciadas por las organizaciones sociales.
Este discurso tuvo por objetivo establecer la autoridad de la gran prensa política como rectora de las influencias en la opinión pública durante el periodo de estudio tanto en México como en Colombia. Aunque en ambos países la gran prensa política mantuvo un marco de interacción con el gobierno diferenciado por procesos históricos y políticos particulares, como la institucionalización posrevolucionaria en México o el bipartidismo en Colombia, lo cierto es que tuvo un comportamiento muy similar al posicionarse como actor político rector de la opinión pública.
Al respecto, las investigaciones sobre la relación entre opinión pública, estudios de prensa e historia política, han planteado el lugar central del periódico como fuente, actor y objeto de investigación(Gil, 2022). En estas investigaciones se asume que la prensa pretende realizar un ejercicio de autorrepresentación en la esfera pública, que lo efectúa mediante la transposición del discurso periodístico como un discurso político(S. González, 2010), que le permite influir en las decisiones colectivas como parte integrante del sistema político(Borrelli, 2024), en tanto que pueden haber disputas y posiciones encontradas entre tipos de diarios, organizaciones empresariales a las que pertenecen y banderas ideológicas que defienden(Goldstein, 2018).
Justamente, en los casos de estudio, los grandes diarios políticos analizados se asumieron a través de sus editoriales como los actores autorizados para la orientación de la opinión pública, para llevar a cabo la tarea de influir con su discurso periodístico en transición a discurso político en la esfera pública. Al ser ese regente o garante de la opinión pública, la gran prensa política se encontró en la posibilidad de discernir públicamente acerca de lo correcto e incorrecto en la dinámica informativa. Fueron recurrentes los momentos en que las editoriales se utilizaron para “reflexionar” sobre el sentido de lo informativo, mediante preguntas retóricas en las que argüía la responsabilidad de las casas periodísticas en la construcción informativa frente a los procesos y acontecimientos más coyunturales.
En México este discurso estableció una asociación entre los intereses de la gran prensa política y los de los gobiernos revolucionarios priistas. El planteamiento pasó por las responsabilidades que debía tener la prensa en apoyar la conducción del Estado, en abonar a la estabilidad política y la paz. En esta perspectiva, apoyar las acciones gubernamentales se correspondía con el principio superior de salvaguardar al país y cumplir con las responsabilidades establecidas por los presidentes a la libertad de prensa.
En comparación, en Colombia estas posiciones se ambientaron más bien con discursos reiterados sobre la república y la democracia. En sucesivas valoraciones sobre el aporte de la prensa como orientadora de la opinión pública, como garante de la democracia, como vocera legitimadora de los intereses sociales más urgentes, como caución de la democracia participativa, y como testigo de los cambios presentados en las distintas épocas, en el paso de la violencia política a la estabilidad política y social de los gobiernos frente nacionalistas, o como árbitro de las decisiones difíciles de tomar, pero necesarias como las declaratorias de Estado de sitio o la promulgación del Estatuto de seguridad en el periodo de Turbay Ayala.
Los discursos periodísticos escenificados en editoriales, noticias, columnas de opinión, caricaturas, imágenes de prensa, etc., fueron los elementos que permitieron a la gran prensa política de México y Colombia tener una participación en términos de legitimación y justificación de la represión estatal ejercida por las fuerzas de seguridad, policía y ejército. No se trató pues de una represión justificada de manera directa: “justificamos que se reprima”, sino de una apología constante a partir de ejes discursivos que fueron construyendo una validez en el accionar del gobierno y en la estigmatización de los actores y organizaciones sociales y también de los grupos guerrilleros.
Tabla 1. Discursos periodísticos y políticos para la justificación de la represión estatal
| Tipo de discurso | Característica |
|---|---|
| Cooptación juvenil y universitaria | Eliminación de la agencia política y social a los jóvenes de colegios, preparatorias y universidades, con el objetivo de desvirtuar la legitimidad de sus posiciones críticas frente a los gobiernos. Concepción de minoría de edad del actor político. |
| Espacio y orden público violentado | Sacralización del espacio público como el escenario del orden público para desvirtuar el sentido de cualquier acción colectiva, protesta social, confrontación de violencia política, que tuviera allí. Concepción de espacio público como lugar inalterable. |
| Subversión y el terrorismo | Simplificación en la caracterización de los actores políticos para garantizar el sentido legítimo de su eliminación. El estudiante universitario, el sindicalista, el integrante de un partido político de oposición y el guerrillero urbano, al perder su condición política se representa como terrorista lo que hace permisible su confrontación sin restricciones. |
| Burocratizado de las instituciones, la seguridad y el Estado | Énfasis en la defensa del Estado como sentido de la estabilidad política y social, así mismo de las fuerzas armadas, militares y de policía, como representantes y defensores del orden público, por lo tanto, exaltación y representación positiva de su imagen e inmune a las críticas frente al accionar represivo. |
| Enemigo externo | Articulación con la narrativa de la guerra fría latinoamericana en función de la cual países como México y Colombia estaban siendo objeto de una campaña gestada desde los países de la llamada Cortina de Hierro y Cuba que tenía el propósito de generar descontento social para hacer viable el desorden, la violencia y la inestabilidad del país. |
| Derechos humanos como violación de la soberanía | Se asumió como un gran problema de los gobiernos de México y Colombia, como una barrera a las capacidades de gestión y reacción institucional y de las fuerzas armadas. La gran prensa y el gobierno coincidieron en que la subversión requería unas acciones concretas y que las ONG no podían inmiscuirse al desconocer el contexto histórico y social. |
| La prensa como garante de la opinión pública | Tuvo por objetivo presentar (presentarse) a la prensa como la responsable de la orientación de la opinión pública, al señalar verdades complicadas y con las que no estuvieran de acuerdo las mayorías. Para esto, a través de sus editoriales, discernieron frente a los problemas sociales, definieron las soluciones y las legitimaron cuando el gobierno las aplicó. |
Los discursos periodísticos estuvieron enfocados a diferentes temáticas que resultaban de varios factores, entre ellos el contexto geopolítico de la Guerra Fría que impulsó la generalización de la lógica del amigo y enemigo político, en el que la destrucción del opositor se volvió un discurso aceptado política, social e institucionalmente. La construcción de unas relaciones de interdependencia entre los medios de comunicación y el poder político, que en Colombia estuvo mediado por el bipartidismo y las coaliciones entre diarios liberales y conservadores para evitar recaer en un periodo de censura directa como el que se vivió durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, mientras que en México se vio afectado por la complicidad de la prensa política en la legitimación del pacto nacionalista posrevolucionario que se instauró con el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años treinta y que llevó a que el proyecto priista emergiera en la opinión pública como la única opción política con posibilidades reales de acceder al reparto del poder.
Asimismo, la dinámica política nacional en Colombia de transición entre la participación restringida del Frente nacional y la competencia electoral de los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala, o como en México la restricción formal de la participación de las tercerías políticas y la persecución a los partidos de oposición en el marco de un Estado corporativo que regulaba la vida pública en las diferentes esferas, fueron elementos contextuales que permitieron la circulación de los discursos periodísticos de la represión estatal.
De esta manera, aunque no se puede observar un comportamiento homogéneo entre los diarios consultados, gran parte de su cobertura editorial fue generalizada en el sentido de la justificación constante de las políticas represivas que fueron instrumentalizadas por los gobiernos. Esto no ocultó algunos matices que se presentaron en los dos casos de estudio, en Colombia, por ejemplo, las tensiones bipartidistas entre los diarios liberales y conservadores, y especialmente entre El Tiempo y La República que llevaron a que se plantearan diferencias en la manera de abordar procesos como el Paro Cívico Nacional de 1977, o el proceso relacionado con el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala. En México, por ejemplo, la posición de El Sol de México fue mucho más férrea y anticomunista, como diario representante de la Cadena García Valseca, que la que ofreció un impreso como Excélsior que mantenía un decoro por las formas periodísticas liberales.
En cuanto a la especificidad de los siete discursos periodísticos, es interesante señalar que fue posible identificarlos en los dos casos de estudio, aunque con algunas variaciones que estuvieron orientadas por los propios contextos nacionales de México y Colombia. Un discurso como el de la cooptación juvenil y universitaria fue mucho más recurrente en México durante la represión estudiantil de 1968 y en Colombia durante la represión del año 1971 a los estudiantes universitarios en el marco del denominado Programa Mínimo Estudiantil. Entre tanto el discurso del orden público violentado en Colombia fue recurrente en todo el periodo, como reflejo de una presencia más reiterada de las organizaciones guerrilleras existentes desde los años sesenta, en tanto que en México tomaba fuerza en situaciones coyunturales ocasionadas por las guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre en ciudades como Guadalajara, Culiacán o Monterrey, por ejemplo, secuestros, Aero-secuestros, asesinato de rehenes, entre otras situaciones.
En los dos países, la apelación al discurso del enemigo externo fue constante porque permitió establecer un contraste entre lo que ocurría en otros países con un aparente estado de bienestar que se ofrecía en el país, situación que desde el exterior se pretendía transformar negativamente; no obstante, en México fue más fuerte toda vez que profundizó en la idea de que el enemigo externo en los años sesenta, setenta y ochenta, intentaba transgredir y revertir los beneficios de modernización y bienestar social que se habían logrado luego de la Revolución Mexicana de las primeras décadas del siglo XX.
Los discursos periodísticos fueron, de esta manera, el aparataje discursivo que permitió articular la validez de la represión estatal ante la opinión pública bajo presupuestos como que los jóvenes cooptados podían ser “eliminados”, los guerrilleros se encontraban carentes de su condición política y, por lo tanto, eran considerados como terroristas que podían ser “dados de baja”, por su parte, los estudiantes universitarios en tanto que cómplices del enemigo externo que buscaba desestabilizar a México y Colombia entonces podían ser llevados a prisión sin respeto de sus garantías constitucionales. Y así sucesivamente de cara a los diferentes actores sociales y políticos que de alguna forma confrontaban el poder de los gobiernos mexicano y colombiano.
En tanto que investigación comparada hay unos límites que en principio fueron infranqueables, pero que se convierten en la oportunidad de profundizar aún más. En especial, la necesidad de contrastar en los dos casos el posicionamiento de la prensa independiente, alternativa o de izquierda, para confrontar en qué medida desde estos “otros” lugares de enunciación periodística se construyeron lenguajes o discursos que ejercieron resistencia a lo que proponía la gran prensa política.
No declaran conflictos de interés.
Ninguno.
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