Kléber Gabriel Guerrero Aray
Abogado. Magister en gerencia educativa. Magister en Administración Pública. Mención: Desarrollo Institucional. Candidato a doctor en Ciencias Sociales. Mención: Gerencia en la Universidad del Zulia (Venezuela). Docente de la Universidad San Gregorio. Director de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo. Ecuador.
https://orcid.org/0000-0001-8867-5667
kleber_guerrero@hotmail.com
Jean Carlos Conde Sánchez
Ingeniero en Auditoría Contador Público. Jefe Técnico de Participación Ciudadana – Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo. Docente de la Universidad Técnica de Manabí. Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5734-5390
jconde5604@utm.edu.ec
María Eugenia Vera Hidalgo
Abogada. Docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y Analista de Intendencia de la Gobernación de Manabí. Ecuador.
https://orcid.org/0000-0002-9702-0635
mayuyitavera@hotmail.com
Yesenia Paola Dávila Molina
Ingeniera en Comercio Exterior y Negocios Internacionales - Oficial de Policía. Capitán de Policía - Directora de Escuela de Formación de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador.
https://orcid.org/0000-0001-5043-5756
yessydavila16@hotmail.com
RECIBIDO: Noviembre 2021
ACEPTADO: Febrero 2022
PUBLICADO: Mayo 2022
| Como citar: Guerrero Aray, Kleber; Conde Sánchez, Jean; Vera Hidalgo, María; Dávila Molina, Yesenia. (2022). Recursos públicos para la seguridad ciudadana en Portoviejo-Ecuador. Telos: revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 24 (2), Venezuela. (Pp. 235-255). DOI: https://doi.org/10.36390/telos242.03 |
La investigación tuvo como objetivo explorar los recursos públicos para la gestión de la seguridad ciudadana, desde la visión de los representantes de los organismos responsables en el cantón Portoviejo, de la providencia de Manabí (Ecuador), desde la postura de Knoepfel et al., (2007). El trabajo se desarrolló desde un tipo de investigación aplicada-analítica, con diseño de campo. La población estuvo conformada por todos los organismos públicos que estuvieron involucrados con la seguridad ciudadana en el cantón Portoviejo; se diseñó un cuestionario tipo Likert, para obtener información necesaria para el abordaje del objetivo, cuyo contenido fue validado por expertos y verificado su confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 0,925. Basados en el baremo cuali-cuantitativo del cuestionario, los resultados evidencian una actitud neutra de los ejecutores de los recursos públicos de la gestión de seguridad ciudadana, predominando un nivel moderado en indicadores como personal capacitado, organización, consenso, tiempo, e información. Se concluye, que si bien están presentes, en mayor o menor medida, los diez recursos propuestos por Knoepfel et al., (2007) para la ejecución de la política pública de seguridad ciudadana, es difícil concretar acciones realmente efectivas cuando se pretenden generar cambios sobre estructuras burocráticas poco flexibles que escasamente atienden a tiempos de entrega y en las cuales las comunicaciones son lentas e incluso inexistentes, lo que afecta la coordinación de acciones, y en otros casos el uso desproporcionado de la fuerza. Atender eso, requiere de los organismos competentes superar retos estructurales y operativos que coadyuven a solucionar conflictos existentes y superar fragilidades relacionadas con las capacidades innovadoras sobre los recursos públicos.
Palabras clave: Recursos públicos; seguridad ciudadana; políticas públicas; violencia; criminalidad; Ecuador.
The research objective was to explore the public resources for the management of citizen security, from the perspective of the representatives of the responsible organisms in the Portoviejo canton, of the providence of Manabí (Ecuador), from the position of Knoepfel et al. (2007). The work was developed from a type of applied-analytical research with field design. The population was made up of all the public organizations that were involved with citizen security in the Portoviejo canton; a Likert-type questionnaire was designed to obtain the necessary information to approach the objective, whose content was validated by experts and its reliability was verified using the Cronbach's Alpha coefficient 0.925. Based on the qualitative-quantitative scale of the questionnaire, the results show a neutral attitude of the executors of public resources for citizen security management, with a moderate level prevailing in indicators such as trained personnel, organization, consensus, time, and information. It is concluded that although the ten resources proposed by Knoepfel et al. (2007) for the execution of the public policy of citizen security are present, to a greater or lesser extent, it is challenging to specify truly effective actions when they are intended to generate changes. On inflexible bureaucratic structures that hardly attend to delivery times and in which communications are slow and even non-existent, which affects the coordination of actions, and in other cases, the disproportionate use of force. Addressing this requires the competent bodies to overcome structural and operational challenges that help resolve existing conflicts and overcome weaknesses related to innovative capacities on public resources.
Key words: Public resources; citizen security; public policies; violence; crime; Ecuador.
América Latina ha sido aventajada en las tasas de delitos violentos a nivel internacional, entre los más recurrentes se encuentran los homicidios y la violencia de género. Sobre ello, precisa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020, p. 30), que los problemas de orden público han venido intensificándose en la región, con importantes repercusiones en términos de derechos humanos, estabilidad institucional y gobernabilidad democrática. Esta situación, ha venido afectado negativamente el desarrollo de los países de la zona, y por ende, se ha convertido en tema de prioridad para los gobiernos y entes responsables, impulsando a “las autoridades a experimentar con nuevos enfoques para promover la seguridad. Después de todo, las ciudades de la región se ubican entre las urbes en mayor situación de riesgo en el mundo” (Muggah et al., 2016, p. 1).
Ahora bien, a este panorama se suma la pandemia COVID-19, con sus efectos y repercusiones. De hecho, explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020, p.131-132) que las medidas sanitarias de confinamiento y distanciamiento social han generado cambios en los escenarios de seguridad, tanto en espacios públicos como privados. Así, “durante la primera etapa de la pandemia, la delincuencia común tendió a disminuir, pero la violencia contra las mujeres y maltrato infantil, crecieron de manera exponencial”. Sin embargo, los homicidios tuvieron un comportamiento disperso entre los países de la región, unos marcaban tendencia a crecer, como Brasil, Chile, Colombia y Ecuador; mientras que en Uruguay hubo una disminución; por su parte, en México y Panamá se detectaron movimientos erráticos.
Frente a esta situación, señalan Guerrero Aray et al. (2021, p.7) que “en los países latinoamericanos, se observa la presencia de instituciones con iniciativas aisladas, desintegradas y hasta contradictorias, que conlleva a una irracional distribución de los recursos de la inversión pública” y conducen a deficientes gestiones públicas, lo cual se ha podido corroborar cuando los medios de comunicación digitales, radiales y televisivos, así como instituciones internacionales y gobiernos de diferentes países latinoamericanos han informado que con el COVID-19 se ha exacerbado la delincuencia y la criminalidad, y no ha podido ser controlada por los órganos competentes; por lo que, en ocasiones ha sido necesario solicitar a las fuerzas armadas el apoyo a los cuerpos policiales en períodos de vigilancia, bloqueos de carreteras, toques de queda y detención de personas que no cumplen con órdenes para la prevención de contagio.
Definitivamente, que la temática referente a la seguridad ciudadana es un problema de la sociedad latinoamericana contemporánea (Montero 2020, Cafferata y Scartascini, 2021), pues afecta la convivencia de miles de personas, así como el fortalecimiento de la democracia, y los derechos humanos, obligando a los gobiernos a revisar sus políticas públicas sobre este ámbito, monitorear con mayor frecuencia los indicadores, medir la efectividad de sus intervenciones, ajustar las estrategias y usar de manera eficiente los recursos disponibles. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)(2020, p.4) “resulta comprensible que la seguridad ciudadana se haya convertido en tema prioritario para la agenda regional y en uno de los principales desafíos para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el cual se acrecentará a la luz…del COVID-19.”
En Ecuador, la situación es similar al resto de los países latinoamericanos. Al respecto, señala el Universo (2020, p. 1) que “la inseguridad es el problema mayor en el país y los alcaldes deben dar la cara. No es de su competencia directa, pero la realidad así lo exige”, pues:
“según datos del Ministerio de Gobierno, entre enero y octubre de este año se han registrado en el país 1.049 homicidios, con el mes de agosto con la cifra récord de seis años: 120. En el mismo período de 2019, los homicidios fueron 963, un incremento de casi el 9 por ciento, y 1.188 en todo el año (Made for Minds, 2020, p.1).
Ante esas cifras, el presidente de la República de Ecuador, el ministro de interior (Patricio Pazmiño) y altos mandos de la policía nacional, decidieron emprender un conjunto de acciones para garantizar la seguridad ciudadana, orientando la gestión pública desde la coordinación de comités de seguridad en cada provincia, desde una visión estratégica y con corresponsabilidad (Made for Minds, 2020).
Para obtener resultados que solventen las necesidades de la población en tema de seguridad en tiempos de limitaciones económicas, la gestión pública debe esforzarse en proveer mejores servicios con menos costos, lo cual es un gran reto considerando la mengua económica que enfrenta el país y se ha acentuado con la pandemia. La orientación de los recursos públicos hacia esta temática es valorada por las personas, pues de acuerdo a Cafferata y Scartascini (2021, p. 11) “los ciudadanos reconocen que la asignación de recursos públicos para la policía es mejor que el hecho de que los gobiernos subvencionen la seguridad privada”.
Y aunque es latente para la sociedad latinoamericana que los cuerpos de seguridad cuenten con dotación de personal, insumos y equipos para el resguardo, prevención y cuidado de las comunidades, indica Becerra (2017, p. 97) que también “se percibe una preocupación creciente por parte de la ciudadanía al no tener una total certeza del uso de los recursos empleados, tanto para la sostenibilidad como para el funcionamiento del Estado”. Dichos recursos, de acuerdo con Mattos (2015, p. 94) “no han sido hasta el momento estudiados con objetividad (…), en realidad no se ha podido calcular porque requiere investigaciones más puntuales orientadas exclusivamente a este tema difícil”.
De ahí que, se considere propicio explorar los recursos públicos para la gestión de la seguridad ciudadana, desde la visión de los representantes de los organismos responsables por provincia en el cantón Portoviejo, de la provincia de Manabí (Ecuador), el cual se encuentra ubicado dentro de los diez cantones con mayor tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes (Ministerio de Gobierno, INEC, 2020).
La visión de los recursos públicos, en esta investigación, va más allá del planteamiento tradicional centrado en ingresos y recursos monetarios generados por el Estado mediante impuestos, tasas, contribuciones especiales o a través de la actividad económica del país. En ese sentido, se soporta en la postura de Knoepfel et al., (2007), quienes plantean un conjunto de recursos adicionales al ingreso monetario, los cuales están asociados al anterior (ingresos), pero que necesariamente no siempre están presentes, y sin los cuales llevar a cabo la gestión de la seguridad ciudadana resultaría limitada, a saber: ordenamiento jurídico, personal, información, organización, tiempo, infraestructura, apoyo político y fuerza. La selección en la postura de estos autores para orientar el presente artículo obedece al énfasis en la descomposición de los tipos de recursos en los procesos de formulación y ejecución de acciones públicas, en concordancia con los requerimientos y disponibilidad de cada actor, así como en correspondencia con las pautas institucionales específicas en el ámbito público.
Se trata de una investigación aplicada-analítica, pues con “el uso del conocimiento y los resultados de investigación da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad” (Vargas, 2009, p. 159). En concordancia, también se implementó un diseño de campo, ya que la recopilación de información provino de agentes informantes activos en la realidad estudiada.
La población la conformaron todos los organismos públicos involucrados con la seguridad ciudadana del cantón Portoviejo, a saber: Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Portoviejo; Policía Nacional de Ecuador, Distrito Portoviejo; Policía Comunitaria de Portoviejo; Consejo Municipal de Portoviejo; Alcaldía del Cantón de Portoviejo; Gobernación de Manabí; partidos políticos de la zona y organismos, asociaciones o gremios de los diferentes sectores sociales, económicos y comunitarios.
Considerando tal población, se tomaron como agentes informantes a aquellos funcionarios, en cada organismo, con alto nivel jerárquico y capacidad de toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana; quedando conformados por 40 agentes informantes, como se puede observar en el cuadro 1.
Cuadro 1: Agentes informantes de los organismos encargados de la seguridad ciudadana en el cantón de Portoviejo
| Agentes Informantes | N°. |
| Representantes del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Portoviejo | 3 |
| Representantes de la Policía Nacional de Ecuador, Distrito Portoviejo, sus circuitos y sub-circuitos (Policía Comunitaria) | 3 |
| Representantes del Consejo Municipal de Portoviejo | 2 |
| Representante del Alcalde | 1 |
| Funcionarios encargados de la seguridad ciudadana del cantón Portoviejo | 6 |
| Representante del Gobernador de Manabí | 1 |
| Representantes de organismos, asociaciones o gremios de los diferentes sectores sociales, económicos y comunitarios. | 16 |
| Representantes de partidos políticos de la zona | 8 |
| Total | 40 |
Fuente: Elaboración propia, desde la consulta a cada organismo de seguridad ciudadana del cantón Portoviejo.
Los agentes informantes respondieron un cuestionario conformado por 18 ítems, cada uno con preguntas cerradas derivadas de los indicadores; compuesto por cinco alternativas de respuestas, tipo escala Likert con sus respectivas valoraciones. Se observa que estas alternativas de selección se presentan a partir de valores mínimos (1) y máximos (5) de la escala presentada. Luego, se procedió al cálculo del baremo para conocer la media de la variable, como puede visualizarse en el cuadro 3.
Cuadro 3: Baremo para la interpretación de la media aritmética
| Escala | Rango | Nivel alcanzado |
|---|---|---|
| (5) Totalmente de acuerdo | 5.00-4.20 | Muy alto |
| (4) De acuerdo | 4.19-3.40 | Alto |
| (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3.39-2.60 | Moderado |
| (2) En desacuerdo | 2.59-1.80 | Bajo |
| (1) Totalmente en desacuerdo | 1.79-1.00 | Muy bajo |
Fuente: Elaboración Propia.
El cuestionario superó la validación de contenido de expertos en la temática, posteriormente se aplicó una prueba piloto, y con el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 22, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbrach, obteniendo 0,925, es decir, que se está en presencia de una muy alta confiabilidad del cuestionario aplicado a los sujetos de investigación.
Posteriormente, se acudió a la estadística descriptiva, para agrupar, organizar y describir los datos originados a partir de la recogida de información, los cuales fueron resumidos mediante estadísticos (media estadística) y gráficamente, como se esboza en posteriores apartados. Dicho tratamiento de los datos fue acompañado de un análisis de los mismos con la teoría existente, predominando la postura de Knoepfel et al., (2007), lo cual es compartido en apartados posteriores.
La noción de seguridad ciudadana, para Córdova (2017), empezó a formar parte de la agenda pública Latinoamericana en los años noventa, estimulado por el debate académico sobre la gestión pública y el buen gobierno. En ese entorno, los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo promovieron en la región para apuntalar el bienestar, la convivencia pacífica, “la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales” (Arriagada, 2002, p. 111), mediante “mecanismos de control, acciones de prevención y represión de delitos, a través de los sistemas de procuración de justicia (González et al., 1994, p.43), los cuales también promuevan “el ejercicio de los derechos y responsabilidades de la población, dentro del campo público y privado, lo cual conlleva la necesidad de un Estado Social de Derecho que garantice la efectividad plena de la libertad” (Palomeque, 2002, p. 238).
Precisa el PNUD (2020), que desde una mirada amplia, la seguridad ciudadana comprende una cantidad de aspectos inherentes a la vida social organizada, y relacionados directamente con la violencia interpersonal y la criminalidad. Sin embargo, señala el organismo, que más allá de ello, se trata de un tema de gran complejidad y relevancia para la gestión pública, y por ende, para las políticas públicas y los arreglos institucionales, así como una de las aristas fundamentales para los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la calidad de la democracia, lo cual viene acompañado según Muggah y Szabo (2014) de acciones en el marco de regulaciones democráticas, donde “el papel de los gobiernos locales es importante porque a ellos corresponde su implementación de manera integral” (Ramos, 2002, p. 50).
Así, alcanzar o garantizar la seguridad ciudadana, exige a los gobiernos la formulación de políticas públicas, “que tienden a garantizar la paz pública mediante el sistema de control penal y el de la policía administrativa” (González et al., 1994, p.87) y para las cuales es indispensable disponer recursos que den respaldo a su ejecución en el plano social. En ese sentido, Knoepfel et al., (2007), explican que una política pública no se establece ni se ejecuta en un espacio vacío, y dependen de los recursos disponibles. De una manera amplia, López y Fierro (2010, p. 489) conciben los recursos como el “conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su competencia”; mientras que Pérez (2010), Villareal (2016) Kurczyn (2016) y Rocha y Rover (2019), entre otros se focalizan en regular el manejo de los recursos desde la perspectiva económica-financiera; y con ello una limitada mirada de la temática en abordaje. Desde otra óptica, Toro Álvarez y Motta Castaño (2017, p.34), apuntan a la coordinación de las instituciones del Estado, en articulación con la comunidad y otras organizaciones, para la optimización de los recursos disponibles en aras de la satisfacción de un objetivo común, que no es más que “la preservación y ejercicio de los derechos y deberes del ciudadano”.
Por su parte, Knoepfel et al., (2007), son más específicos en el abordaje de los recursos y consideran que los mismos se encuentran repartidos de manera desigual entre los actores participantes en las diversas etapas del ciclo de una política pública, a pesar que en su mayoría son accesibles a todos. Ahora bien, los autores indican que toda acción pública “no se establece ni se ejecuta en un espacio vacío, ya que los recursos disponibles influyen, desde un principio y de forma definitiva, en sus resultados intermedios y finales”, (Knoepfel et al, 2007, p. 17) y presentan diez recursos que los actores podrán o no producir y activar en la formulación y ejecución de la política, los cuales se muestran en el cuadro 4.
Cuadro 4: Recursos
| Recurso | Contenido |
|---|---|
| Ordenamiento jurídico o el Derecho | Fuente de legitimación de la acción pública. Constituido por el conjunto de reglas de derecho constitucional, civil, administrativo, público, entre otros que rigen el comportamiento de los poderes legislativo y ejecutivo en el sistema democrático. |
| Personal | La necesidad de contar con el recurso humano capacitado y especializado aumenta con las exigencias que imponen las formas de intervención del Estado y depende de las capacidades de reclutamiento y formación de personal que tengan los actores. Tales exigencias presionan a todos los actores públicos y privados y la búsqueda de personal puede ocurrir por diferentes vías, reclutamiento o contrataciones externas (en algunos casos outsourcing). |
| Dinero | Es un recurso indispensable en las políticas públicas cualquiera sea su tipo (distributiva, redistributiva o reglamentaria) y para todos los actores, del mismo dependen los pagos de personal, locales, equipos, tecnología, entre otros, así como las retribuciones, incentivos y diversas negociaciones que se produzcan (actores privados y ámbitos territoriales). Su magnitud y distribución es desigual y suelen constituir la base de la interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo en el proceso de aprobación de la política. |
| Información. | El conocimiento cada vez más especializado de los asuntos involucrados en el problema a resolver es fundamental y se ha obtenido en los análisis de los procesos de ejecución que es un factor indispensable entre los actores para la conducción y funcionamiento de la política. Sin embargo, su distribución es desigual entre los actores debido a que su producción y distribución requiere de mecanismos informáticos especializados y de mayor capacitación de los interesados o usuarios. |
| Organización | El ordenamiento, estructura y funcionalidad de las organizaciones y redes a las que pertenecen los actores involucrados en la política ofrece condiciones de viabilidad importantes para el funcionamiento de la misma. El personal calificado tiene que respaldarse en una organización efectiva. Los actores públicos tienden a generar condiciones de apoyo a sus estructuras internas político-administrativas para interactuar con otros actores con los que comparten valores e intereses. |
| Consenso | El acuerdo o conformidad de la colectividad con la política es un recurso secundario de complementación de la legitimidad legal y la del sufragio, que puede servir de contrapeso o apoyo a la política pública aplicada por el Estado democrático. El consenso se ha convertido en un recurso primordial a cuidar y propiciar entre los integrantes del triángulo de los actores de la política pública en la producción y ejecución de las políticas a efectos de evitar oposiciones, bloqueos y conflictos. |
| Tiempo | Los lapsos de tiempo son importantes para la realización de las políticas públicas y tiende a ser distendido para los actores públicos debido a distintos eventos que rodean la actividad gubernamental (moratorias, crisis), mientras que el resto de los actores suelen tener mayor apremio por la culminación o resolución de la política. |
| Infraestructura | Dotación de bienes públicos como son los inmuebles o espacios, o el urbanismo y vías de acceso, los servicios variados que requiere la política, bien para que los administradores de la misma puedan disponerlos de modo directo como para manejar los mismos cuando otros actores, especialmente públicos, administren o sean propietarios de ellos, lo que implica ampliar la capacidad de comunicación entre los actores del sistema político-administrativo. |
| Apoyo político | Es la aceptabilidad que la política debe tener en cada momento o fase del ciclo de su realización, no solo en el momento de su aprobación por parte de los partidos o grupos políticos en el parlamento, sino a lo largo de su implementación, de no mantenerse el apoyo político pueden ocurrir actos parlamentarios que obstaculicen o denieguen la política. |
| Fuerza | La capacidad de exteriorizar el poderío físico es posible en los diversos actores en situaciones extremas (violencia de calle, acciones físicas de presión, huelgas, paros, protestas, entre otros), aunque suele evitarse con el consenso; pero hay políticas que por su naturaleza, como las de seguridad y defensa, que requieren de la fuerza física como apoyo prioritario para los ejecutores de la política. |
Fuente: Elaboración propia a partir de Knoepfel et al., (2007).
Sobre estos recursos comenta Garzón (2010, p.6) que hay que tener mucho cuidado en la gestión de los mismos porque suele haber problemas en “el reparto de atribuciones y tareas entre los distintos niveles (...)”, dificultando la eficiencia de servicios en diferentes ámbitos, como: educación, salud, seguridad, justicia, transporte, al tiempo que sustentan el funcionamiento del Estado. De ahí que, los recursos de la seguridad ciudadana, “no solo forman parte de la agenda de cualquier gobierno; sino que además, afectan otros ámbitos de la sociedad, como la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico del país y por cierto la gobernabilidad democrática” (Mattos, 2015, p.109), por lo que, “las reglas e instituciones en materia de recursos públicos está en un proceso de rediseño resultado de un conjunto de reformas constitucionales y legales” constantes (p. 488).
En el caso del Cantón Portoviejo, la Ordenanza Constitutiva del Consejo de Seguridad Ciudadana (Alcaldía de Portoviejo, 2011), en su art. 5, expresa que: El Consejo de Seguridad Ciudadana, para la implementación del plan de seguridad y prevención participativa contará con los siguientes medios: a) Recursos financieros) Recursos humanos locales capacitados; c) Sistemas de Información situacional; d) Recursos humanos y materiales de las instituciones que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana cantonal. Lo anterior, es parte del marco legal que sustenta la política de seguridad, y prevé los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Sin embargo, es imprescindible conocer la perspectiva que tienen los ejecutores de dicha política. En ese sentido, la investigación, enfocada en la etapa de ejecución de la política pública dirigida a la seguridad ciudadana, considera desde el planteamiento teórico de Knoepfel et al., (2007), los siguientes recursos: Ordenamiento jurídico, personal capacitado, dinero, información, organización, consenso, tiempo, infraestructura, apoyo político y fuerza.
Los hallazgos, resultantes de la visión compartida por los ejecutores de la política de seguridad ciudadana con respecto a los recursos disponibles para la gestión pública en esa materia, se muestran en la tabla 1. Cabe resaltar, la importancia relativa que presentan los recursos: infraestructura (3,73), ordenamiento jurídico (3,67) y apoyo político (3,57) para la ejecución de la seguridad ciudadana en Portoviejo, al exhibir los mayores promedios ponderados. El resto de los recursos considerados, se distribuyeron entre valores inferiores, algunos ubicados por debajo de la media global.
Tabla 1 Recursos para la gestión pública de la seguridad ciudadana
| Indicadores | Alternativas de respuestas | Media | Nivel | |||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | ED | ||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenamiento jurídico |
6 | 15,0 | 19 | 47,5 | 12 | 30,0 | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 3,67 | Alto |
| Personal capacitado |
5 | 12,5 | 12 | 30,0 | 10 | 25,0 | 11 | 27,5 | 2 | 5,0 | 3,17 | Moderado |
| Dinero | 7 | 17,5 | 11 | 27,5 | 13 | 32,5 | 7 | 17,5 | 2 | 5,0 | 3,35 | Moderado |
| Información | 4 | 10,0 | 6 | 15,0 | 15 | 37,5 | 13 | 32,5 | 2 | 5,0 | 2,63 | Bajo |
| Organización | 3 | 7,5 | 11 | 27,5 | 15 | 37,5 | 9 | 22,5 | 2 | 5,0 | 3,10 | Moderado |
| Consenso | 6 | 15,0 | 14 | 35,0 | 9 | 22,5 | 7 | 17,5 | 4 | 10,0 | 3,27 | Moderado |
| Tiempo | 4 | 10,0 | 17 | 42,5 | 6 | 15,0 | 11 | 27,5 | 2 | 5,0 | 3,25 | Moderado |
| Infraestructura | 8 | 20,0 | 22 | 55,0 | 3 | 7,5 | 5 | 12,5 | 2 | 5,0 | 3,73 | Alto |
| Apoyo político | 10 | 25,0 | 12 | 30,0 | 11 | 27,5 | 5 | 12,5 | 2 | 5,0 | 3,57 | Alto |
| Fuerza | 11 | 27,5 | 5 | 12,5 | 9 | 22,5 | 12 | 30,0 | 3 | 7,5 | 3,57 | 3,22 |
| Media de la Dimensión | 3,30 | Moderado | ||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
En cuanto al recurso ordenamiento jurídico (Tabla 2), con una media de 3,67 que lo ubica en un nivel alto, los encuestados están de acuerdo (47,5%) que éste posibilita tomar decisiones efectivas de seguridad ciudadana en Portoviejo, lo cual muestra la existencia de un marco jurídico que respalda la ejecución de esta política pública. En ese sentido, precisan Chinchilla y Vorndran (2018), que en América Latina, en los noventa, destaca el avance significativo del tema de la seguridad, con la promulgación de un frondoso marco legislativo que dio sustento jurídico a transformaciones institucionales. En el caso de Ecuador, se promulgó la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 2009, y en los últimos años, es un proceso que continúa en evolución.
Tabla 2
Recurso: Ordenamiento jurídico
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | |||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | ||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ordenamiento jurídico del país posibilita tomar decisiones efectivas de seguridad ciudadana en la Parroquia Andrés de Vera |
6 | 15,0 | 19 | 47,5 | 12 | 30,0 | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 |
| Total: 40 100% | ||||||||||
| Media del indicador | 3,67 Alto | |||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
En tanto, un grupo indicó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo (30%), mientras que otros señalaron estar totalmente de acuerdo (15%), y un bajo porcentaje se ubicó en las respuestas con alternativas negativas. Estas últimas podrían estar asociadas al uso intensivo o abusivo del recurso, o la existencia de un excesivo formalismo, que limite su aplicación.
En cuanto al recurso personal capacitado (tabla 3), con una media de 3,17 que lo ubica en un nivel moderado, se observan opiniones divididas entre los sujetos encuestados: el 30% y el 12,5%, indicaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente; por su parte, un 32,5% (suma de los dos porcentajes) opinó negativamente, mientras que el 25% restante, asumió una posición neutral frente a las aseveraciones presentadas.
Tabla 3
Recurso: Personal capacitado
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la actualidad el Municipio cuenta con el personal capacitado necesario para la realización de acciones de seguridad ciudadana |
8 | 20,0 | 18 | 45,0 | 10 | 25,0 | 4 | 10,0 | - | - | |||||
| Durante el año 2020 se han incrementado las actividades de formación del personal que participa en las acciones de seguridad ciudadana en la Parroquia |
5 | 12,5 | 16 | 40,0 | 10 | 25,0 | 9 | 22,5 | - | - | |||||
| En el presupuesto asignado se incluyen recursos para la formación del personal |
4 | 10,0 | 10 | 25,0 | 11 | 27,5 | 12 | 30,0 | 3 | 7,5 | |||||
| El presupuesto asignado a la parroquia para la formación del personal ha aumentado en el último año |
3 | 7,5 | 4 | 10,0 | 9 | 22,5 | 19 | 47,5 | 5 | 12,5 | |||||
| Total: 40 100% | 5 | 12,5 | 12 | 30,0 | 10 | 25,0 | 11 | 27,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Media del indicador | 3,17 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Vale la pena resaltar que, los sujetos están de acuerdo (45%) en señalar que en la actualidad el cantón Portoviejo cuenta con el personal capacitado necesario para la realización de acciones de seguridad ciudadana, y que durante el año 2020, se incrementaron las actividades de formación del personal que participa en las acciones de seguridad ciudadana (40% de acuerdo). Ello podría ser indicativo del esfuerzo de las autoridades para dotar al personal del conocimiento y herramientas necesarias para mejorar la seguridad del ciudadano en su espacio de convivencia.
Y estaría en coincidencia con los planteamientos de Cadena Santana (2016), en cuanto a que los procesos de cambio organizacional, producto de la globalización, la creciente complejidad e incertidumbre en el entorno mundial se han convertido en una urgencia para las organizaciones públicas, que deben responder a las necesidades de formar y capacitar a los que ejercen la función pública, a fin de generar bienestar colectivo.
La formación y capacitación del servidor público, de acuerdo con De la Nuez (2018, p.87), es una oportunidad de cambio incremental no traumático en la medida en que permite una ruptura paradigmática:
¨…sin tener que enfrentarse con las lógicas resistencias internas de unos funcionarios o empleados públicos cuyas competencias, formación o capacidades ya no son las adecuadas para atender a las necesidades públicas de la Administración del siglo XXI. La principal razón es la obsolescencia de las funciones para las que se venían exigiendo esas competencias y capacidades.¨
Al pulsar a los encuestados con respecto al recurso dinero, se observa en la tabla 4, una media de 3,35 lo que lo ubica con un resultado moderado. Las posturas de los encuestados se disponen en dos grupos: un grupo con respuestas positivas (45%, sumando las dos escalas), y otro cuya tendencia está entre la alternativa neutral y con orientación negativa (55%). Lo anterior, deja ver claramente, que no hay un consenso y hasta se podría decir, que cierta inconformidad de los encuestados con respecto a si las autoridades locales han incrementado el presupuesto para la realización de acciones de seguridad ciudadana, y si el asignado, ha permitido la adquisición y mejoramiento de los equipos requeridos para atender las demandas de los ciudadanos del cantón Portoviejo. Esta falta de consenso, podría estar relacionada con la ausencia de un sistema de información efectivo, como lo refleja el recurso información. Lo cual no deja claro, si el recurso dinero disponible es suficiente para adelantar acciones en el tema de la seguridad.
Tabla 4
Recurso: Dinero
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las autoridades locales han incrementado el presupuesto para la realización de acciones de seguridad ciudadana |
9 | 22,5 | 10 | 25,0 | 14 | 35,0 | 5 | 12,5 | 2 | 5,0 | |||||
| El presupuesto asignado ha permitido la adquisición y mejoramiento de los equipos requeridos |
5 | 12,5 | 12 | 30,0 | 12 | 30,0 | 9 | 22,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Total: 40 100% | 7 | 17,5 | 11 | 27,5 | 13 | 32,5 | 7 | 17,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Media del indicador | 3,35 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
De acuerdo con el PNUD (2020), la sostenibilidad financiera, tenderá a adquirir mayor relevancia dado el bajo crecimiento que han mostrado las economías en los últimos años y su impacto en las finanzas públicas, todo lo cual se agravará con la crisis provocada por la COVID-19. Al respecto, Chinchilla y Vorndran (2018), destacan la viabilidad de los denominados fondos especiales dirigidos al financiamiento de la seguridad, como instrumento que ha ganado terreno en la región, no así en Ecuador que se mantiene por la vía tradicional del Estado.
Al abordar el recurso información (tabla 5), se observa un comportamiento un tanto diferente al resto de los recursos, ya que presenta el valor más bajo de todos (2,63), ubicándose las respuestas en su mayoría en la alternativa en desacuerdo (32,5%), mientras que el 37,5% ubica sus respuestas entre ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Tabla 5
Recurso: Información
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los diferentes organismos involucrados en las acciones de seguridad ciudadana están suficientemente informados sobre el papel que deben cumplir en el plan de acción de seguridad de la Parroquia |
3 | 7,5 | 5 | 12,5 | 14 | 35,0 | 14 | 35,0 | 4 | 10,0 | |||||
| Se realizan actividades periódicas para informar sobre las acciones a tomar y los resultados de las mismas. |
5 | 12,5 | 7 | 17,5 | 16 | 40,0 | 12 | 30,0 | - | - | |||||
| Total: 40 100% | 7 | 17,5 | 11 | 27,5 | 13 | 32,5 | 7 | 17,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Media del indicador | 2,63 Bajo | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Para los encuestados, se presentan problemas con respecto a la información manejada por los entes responsables de la seguridad ciudadana en el Cantón Portoviejo. Así, tienen opiniones negativas, o simplemente se mantuvieron neutrales al señalar que efectivamente, los diferentes organismos involucrados en las acciones de seguridad ciudadana no están suficientemente informados sobre el papel que deben cumplir en el plan de acción de seguridad de la parroquia (45%), sumatoria de las dos categorías negativas), y que no se realizan actividades periódicas para informar sobre las acciones a tomar y los resultados de las mismas (30%). Lo que sin duda limita la toma de decisiones de carácter estratégico ya que esta última está relacionada directamente con el uso adecuado de información (Rodríguez-Cruz y Pinto, 2018).
Ahora bien, pese a la relevancia dada por Díaz (2017) al hecho de mantener informados a todos los sujetos involucrados en la política pública, debido a que esto ayuda a una definición más precisa de los objetivos de las mismas y a la mejor identificación de los problemas, y de las alternativas de solución; el PNUD (2020, p.62), deja claro que:
“…si bien se registra un progreso en la capacitación del personal a cargo de las unidades que gestionan la información y planificación, los desafíos persisten a nivel de los equipos operativos donde no siempre existe el recurso humano con la preparación para hacer un uso óptimo de la información que le es suministrada.”
Con respecto al recurso organización, presentado en la tabla 6 con una media moderada de 3,10, se observan diversidad en las respuestas. Por un lado, un grupo importante de informantes (37,5%) prefirieron mantener una posición neutral con respecto a la eficacia de la estructura organizativa adoptada para implementar y ejecutar las acciones de seguridad ciudadana en el cantón Portoviejo; opinión tal vez motivada por desconocimiento sobre este aspecto, lo cual está conectado con la debilidad presentada en el recurso información.
Tabla 6
Recurso: Organización
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La estructura organizativa que se ha adoptado para implementar y ejecutar las acciones de seguridad ciudadana es eficaz. |
3 | 7,5 | 11 | 27,5 | 15 | 37,5 | 9 | 22,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Total: 40 100% | |||||||||||||||
| Media del indicador | 3,10 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
En tanto, un porcentaje también significativo (27,5%, suma de las alternativas negativas) indicó no estar de acuerdo con tal afirmación. En este sentido, las respuestas podrían estar relacionadas con la designación de personal sin las credenciales, capacidades y formación requeridas para ocupar un determinado cargo o a la falta de coordinación entre los organismos encargados. Por el contrario, un 35% (sumatoria de las respuestas con orientación positivas) de los sujetos, están de acuerdo con la aseveración presentada.
Para Knoepfel et al., (2007), cuando se habla de actores del sector público se tiene soporte en las estructuras internas del arreglo político-administrativo, lo cual implica la capacidad de organizar los procesos de interacción entre los actores así como la congruencia y presencia de valores compartidos en permanente proceso de renovación. Agregan Chinchilla y Vorndran (2018, p.20) que más allá de las particulares de cada país, “se destaca el deseo de propiciar una visión sistémica de la seguridad e incentivar estructuras organizativas más coherentes en lo que respecta a los principios de actuación y las actividades a desplegar”.
A lo anterior se suma la postura de Soroya Fernández (2018), acerca de cómo la organización y funcionamiento de la Administración Pública en los países de la región se relaciona con el sentido peyorativo del término burocracia, y agrega que la desburocratización parece un objetivo inalcanzable debido a que la burocracia, en sí misma, está en la raíz de los procesos administrativos. Sin embargo, como alternativa plantea la optimización de trámites, para la desburocratización y para potenciar la función que ejerce el Estado como proveedor de servicios públicos. Entre ellos la seguridad ciudadana.
En cuanto al consenso, como recurso para la gestión administrativa pública de la seguridad ciudadana, Knoepfel et al., (2007), señalan que éste forma parte del intercambio cotidiano de los actores durante la ejecución de las políticas públicas. Por su parte, Kooiman (1993), expresa que el administrador público debe actuar como mediador e integrador de las distintas variables de diversidad en busca de la solución de conflictos y la promoción de la colaboración entre los actores. Así, el consenso entre los actores político-administrativos, beneficiarios finales y grupos-objetivo, con relación al contenido, producción y ejecución de la política pública constituyen un recurso vital, pues de hecho llegar al consenso permite entre otros beneficios economizar recursos como es el caso de dinero o tiempo, por ejemplo.
Al respecto, en la tabla 7, un porcentaje alto de los encuestados están de acuerdo (35%) en que para la realización de las acciones de seguridad ciudadana, se ha requerido el consenso de los sectores económicos y sociales de la zona. Respuestas que se explican debido a que las acciones que se emprendan para mejorar los niveles de convivencia en el espacio local, deben estar acompañadas por la voluntad de todos los sectores económicos, sociales, políticos y comunitarios, para así activar los mecanismos necesarios para desmontar los escenarios de incidencia social como la delincuencia, la deserción escolar, el consumo de sustancias no permitidas, maltrato a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, entre otros aspectos.
Tabla 7
Recurso: Consenso
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La estructura organizativa que se ha adoptado para implementar y ejecutar las acciones de seguridad ciudadana es eficaz. |
6 | 15,0 | 14 | 35,0 | 9 | 22,5 | 7 | 17,5 | 4 | 10,0 | |||||
| Total: 40 100% | |||||||||||||||
| Media del indicador | 3,27 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Por su parte, en la tabla 8 se observa el recurso tiempo. La mayoría de los encuestados respondieron positivamente en cuanto a que las acciones de seguridad ciudadana en el Cantón Portoviejo, se vienen haciendo dentro de los tiempos previstos para su realización (de acuerdo 45%); y que se planifica el tiempo requerido para la ejecución de las actividades de seguridad ciudadana (40% de acuerdo). Contrapuestos a estos resultados, un 27,5% manifestó estar en desacuerdo con tales aseveraciones. Aunque no hay consenso en las respuestas, la tendencia es positiva en relación a la administración del tiempo como recurso fundamental para la gestión pública.
Tabla 8
Indicador: Tiempo
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las acciones de seguridad ciudadana en la Parroquia se vienen haciendo dentro de los tiempos previstos para su realización |
3 | 7,5 | 18 | 45,0 | 7 | 17,5 | 10 | 25,0 | 2 | 5,0 | |||||
| Se planifica el tiempo requerido para la ejecución de las actividades de seguridad ciudadana |
5 | 12,5 | 16 | 40,0 | 5 | 12,5 | 12 | 30,0 | 2 | 5,0 | |||||
| Total: 40 100% | 4 | 10,0 | 17 | 42,5 | 6 | 15,0 | 11 | 27,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Media del indicador | 3,27 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Sin embargo, expone el PNUD (2020, p.62), basado en los planteamientos de Chinchilla y Vorndran (2018), sobre la relevancia de mantener criterios de sostenibilidad y escalabilidad en las políticas de seguridad, ya que “…muchos de los proyectos ejecutados en la región enfrentan dificultades para superar la prueba del tiempo, o bien, no logran escalar más allá de un espacio geográfico”. Es vital considerar es este aspecto, que la ejecución de los planes está sujeta a una realidad que no suele responder de manera lineal a la planificación inicial. Para Franco (2015) de hecho, está sujeta a la contingencia de diversos eventos así como al comportamiento de actores difíciles de anticipar plenamente en el momento de la formulación.
En cuanto al recurso infraestructura, Knoepfel et al., (2007, p.22) indican que toda política pública reviste la asignación de bienes públicos. “Las menos provistas gozan exclusivamente de los inmuebles que albergan los servicios encargados de su elaboración o de su ejecución; otras cuentan con amplios espacios”. En ese sentido, se puede ver en la tabla 9, que el 55% y el 20%, están de acuerdo en señalar que en el cantón Portoviejo, se cuenta con las edificaciones requeridas para el funcionamiento de los organismos dedicados a la seguridad ciudadana; y que las autoridades locales han invertido en recursos para crear la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para apoyar las acciones de seguridad ciudadana. Mientras que un 17,5% 8 (suma de los valores con orientación negativa) manifestó un comportamiento negativo ante las aseveraciones.
Tabla 9
Recurso: Infraestructura
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la Parroquia Andrés de Vera se cuenta con las edificaciones requeridas para el funcionamiento de los organismos dedicados a la seguridad ciudadana. |
10 | 25,0 | 12 | 30,0 | 6 | 15,0 | 10 | 25,0 | 2 | 5,0 | |||||
| Las autoridades locales han invertido en recursos para crear la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para apoyar las acciones de seguridad ciudadana |
6 | 15,0 | 32 | 80,0 | - | - | - | - | 2 | 5,0 | |||||
| Total: 40 100% | 8 | 20,0 | 22 | 55,0 | 3 | 7,5 | 5 | 12,5 | 2 | 5,0 | |||||
| Media del indicador | 3,73 Alto | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
El recurso apoyo político, por su parte, consiste en la aceptabilidad potencial de la política pública durante cada momento, de acuerdo con la data empírica, mostrada en la tabla 10, el 55% (suma de los dos valores positivos) tuvo una opinión favorable con respecto a que las acciones de seguridad ciudadana que implementa el Cantón cuentan con amplio apoyo de los sectores políticos de la zona. Se trata según Knoepfel et al., (2007), de lograr la aprobación de bases legales que den legitimidad a la política pública. El resto de las respuestas se distribuyeron entre las posiciones neutrales (27,5%) y las negativas (17,5%) de los sujetos encuestados.
Tabla 10
Recurso: Apoyo político
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las acciones de seguridad ciudadana que implementa el Municipio cuentan con amplio apoyo de los sectores políticos de la zona |
10 | 25,0 | 12 | 30,0 | 6 | 15,0 | 10 | 25,0 | 2 | 5,0 | |||||
| Total: 40 100% | |||||||||||||||
| Media del indicador | 3,57 Alto | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Para Díaz (2017), el contraste en la manera en que las instancias gubernamentales y la colectividad se aproximan a la participación, muestra que el involucramiento de los ciudadanos implica retos y costos potenciales, pero que también puede aportar beneficios en términos de apoyo a ciertas políticas y programas que de otro modo fracasarían. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que se establezca con claridad el objetivo para el cual se incorpora la participación y que los procesos de apoyo resulten significativos para las personas, lo cual supone clarificar expectativas y generar capacidades en ambas partes.
Cerrando los recursos para la gestión pública de la seguridad ciudadana, se presenta la tabla 11, lo relativo al recurso fuerza. En tal sentido, se observan opiniones divididas entre los encuestados, ubicándose el mayor porcentaje de las respuestas en las alternativas neutrales y negativas. Así, se tiene que un 42,5% (suma de las dos alternativas) de la muestra piensa que se emplea la fuerza política como un recurso que les permita a los entes involucrados expresar su desacuerdo con respecto a la manera como se coordinan las acciones de seguridad ciudadana.
Tabla 11
Recurso: Fuerza
| Aseveraciones | Alternativas de respuestas | ||||||||||||||
| TDA | DA | NA/ND | ED | TED | |||||||||||
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se emplea la fuerza política como un recurso que les permite a los entes involucrados a expresar su desacuerdo con respecto a la manera como se coordinan las acciones de seguridad ciudadana |
10 | 25,0 | 7 | 17,5 | 8 | 20,0 | 13 | 32,5 | 2 | 5,0 | |||||
| La policía nacional y la policía comunitaria coordinan sus fuerzas para llevar a cabo acciones de seguridad ciudadana en el Cantón Portoviejo |
12 | 30,0 | 3 | 7,5 | 10 | 25,0 | 11 | 27,5 | 4 | 10,0 | |||||
| Total: 40 100% | 11 | 27,5 | 5 | 12,5 | 9 | 22,5 | 12 | 30,0 | 3 | 7,5 | |||||
| Media del indicador | 3,22 Moderado | ||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia. Totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), En desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED)
Con la misma orientación positiva en la respuesta el 37,5% (sumatoria de las dos alternativas) de los encuestados, piensan que la policía nacional y la policía comunitaria coordinan sus fuerzas para llevar a cabo acciones de seguridad ciudadana en el cantón Portoviejo. En tanto, el otro 37,5% (adición de las alternativas negativas) manifestó su desacuerdo ante tales aseveraciones. Se debe notar, además como un 22,5% señaló estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con las afirmaciones propuestas. Destaca la posición contraria del 37,5% de los consultados, lo que podría estar relacionado con el uso abusivo de la fuerza por parte de los organismos del estado. Un tema que ha cobrado fuerza en los últimos años, llevando al gobierno ecuatoriano a plantear la regulación progresiva del uso de la fuerza en todas las instituciones de seguridad (El Universo, 2021). En ese sentido, señala Bernal (2019, p.263) que “respecto a la policía y el uso de la fuerza pública, cabe decir que los derechos humanos constituyen, o deberían constituir, el principal límite del uso de la fuerza pública”, indistintamente de las características del entorno social y las causas que induzcan al uso de la fuerza, pues la prioridad siempre debe ser la protección de los derechos humanos.
El aumento de la delincuencia y criminalidad en el país, producto de la pandemia, ha conllevado a los organismos competentes a aumentar sus esfuerzos y manejar los recursos en las gestión pública cantonal, para cubrir todas las aristas de la seguridad ciudadana; sin embargo, a partir de la visión de sus ejecutores se observan debilidades y fragilidades en el manejo de los recursos disponibles, lo cual se puede traducir en ineficiencia de la gestión pública de la seguridad ciudadana, lo cual se complejiza a raíz de los efectos generados por el COVID-19, crearon una realidad que pasó de ser atípica a regular, es decir una `nueva realidad`.
En ese sentido, se evidencia que si bien están presentes, en mayor o menor medida, los diez recursos propuestos por Knoepfel et al., (2007) para la ejecución de la política pública de seguridad ciudadana, es difícil concretar acciones realmente efectivas cuando se pretenden generar cambios sobre estructuras burocráticas poco flexibles que escasamente atienden a tiempos de entrega y en las cuales las comunicaciones son lentas e incluso inexistentes, lo que afecta la coordinación de acciones, y en otros casos el uso desproporcionado de la fuerza.
Los resultados antes expuestos sobre la seguridad humana, sienta las orientaciones para generar cambios estructurales en los operadores de justicia: ministerio público, poder judicial y penales y en las instituciones policiales, entre otros hacia un modelo preventivo, más que punitivo, pues se trata de superar las amenazas y contextos vulnerables que afectan la paz de los ciudadanos. Adicionalmente, es menester entender que en contexto actual, el manejo de la información en entornos digitales es clave para responder de manera asertiva a las demandas de la comunidad; lo que implica contar con procesos de formación y capación de personal de manera sistemática, entre otros aspectos.
Más allá de la creación de un marco normativo profuso y el dictamen de políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana (en el papel), se precisa establecer condiciones para su puesta en práctica y sostenibilidad en el tiempo, así como una gestión a tono con la realidad. Ello supone, la dotación, mantenimiento y administración efectiva de los recursos necesarios para ejecutar programas y proyectos que viabilicen tales políticas, y den respuesta a las necesidades de la población; en este caso en el Cantón de Portoviejo, pero también es imperativo en el resto del país y del continente. Además, puede que, por ser un problema sistémico requiera una mayor participación ciudadana y empresarial, que sumada a los esfuerzos del Estado responsable, promueva la corresponsabilidad en el resguardo de los derechos humanos, para así velar por la integralidad y seguridad de la ciudadanía en Portoviejo.
Para futuras investigaciones resulta idóneo realizar un trabajo correlacional sobre el uso de los recursos y la calidad de la gestión pública de la seguridad ciudadana, ante la desaceleración económica en el país, donde se incorpore la antropología y procesos de modernización entre las categorías del estudio, en concordancia con la nueva dinámica y cambios del entorno postpandémico.
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