ASPECTOS TRIBUTARIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY ORGÁNICA DE DROGAS

Abstract

La creación, modificación de leyes y normas jurídicas, exige a los especialistas y doctrinarios, la actualización y amplio conocimiento de la materia tributaria. La presente investigación tiene como objetivo general: analizar los aspectos tributarios contemplados en la Ley Orgánica de Drogas (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2010), considerando como fundamento teórico y legal la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), el Código Orgánico Tributario (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2001), la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005) y demás normativas; además de los aportes de especialistas en el área como: Jarach (1982), Carmona (2006), Fraga (2006), Ruán (2008), Moya (2009), Candal (2009), García (2011), entre otros. El estudio es de tipo aplicado, documental, descriptivo; el diseño de la investigación es no experimental, transversal, descriptivo. Se utilizó como técnica de recolección de datos la observación documental y de análisis fue sistemático; los
instrumentos de recolección fueron: la guía de observación, las citas bibliográficas y textuales. Los resultados obtenidos, arrojaron que el tipo de tributo estipulado en la LOD (2010) es una contribución, de aporte y contribución especial; partiendo del criterio del
intérprete y del método de interpretación de los Principios Constitucionales y de analogía, se puede aplicar el concepto de base imponible a efectos de cálculo del tributo en relación, el utilizado para el cómputo de ISLR, que refiere a la ecuación de ingresos
menos costos y gastos, en concordancia con los Principios de Contabilidad de Aceptación General, sin menoscabo del efecto económico; cualquier otro aspecto que se deriva de este tributo, será solventado según la opinión de los Jueces Tributarios. La principal recomendación fue dirigida al Fondo Nacional Antidrogas (FONA), para pronunciarse sobre el modo de resolver y subsanar las imperfecciones legislativas existentes, estableciendo criterios pacíficos que garanticen la seguridad jurídica de los contribuyentes.