Resumen #8

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el pago del beneficio de alimentación a los funcionarios públicos que ejercen cargos compatibles en la administración pública venezolana, el cual tuvo sus bases en los postulados de Godoy (2011), Guzmán (2004), Combellas (2001), entre otros autores, leyes y jurisprudencias. El tipo de investigación fue documental. La población estuvo conformada por documentos bibliográficos (doctrina), por leyes, tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), también fueron utilizadas jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. La técnica de recolección de datos utilizada fue la observación documental. El instrumento utilizado para la recolección de información fue a través de guía de observación, validado por el comité académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Los resultados arrojaron que, un funcionario público puede realizar funciones administrativas, pero a su vez funciones asistenciales, académicas, docentes o accidentales, teniendo, por ende, dos relaciones funcionariales distintas, que generan dos remuneraciones distintas e independiente una de la otra, cuestión está que no se cumple a raíz del ajuste decretado 01-05-2023 publicado en la gaceta Oficial N° 6.746 donde se evidencia que el estado venezolano en función administrativa únicamente les reconoce, por medio de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), el pago de solo uno de estos beneficios, vulnerando así los derechos y garantías salariales que les asisten como trabajadores venezolanos, pero más importante, como trabajadores públicos (servidores del estado).