Análisis sociosemiótico de las estrategias discursivas de unión cívica radical en el debate legislativo de la ley 9182 de juicio por jurados

Autores/as

  • Cintia Weckesser Universidad Empresarial Siglo 21

Resumen

En este trabajo se analizan las estrategias discursivas de Unión Cívica Radical en la discusión legislativa que dio lugar a la Ley 9182 de juicio por jurados (Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, 2004b), en la provincia de Córdoba, Argentina. El estudio se enmarca en la articulación sociosemiótica propuesta por Mozejko y Costa (2001, 2007, 2010), que toma como punto de partida la pregunta por la relación entre los agentes sociales y sus prácticas discursivas. El interrogante que orienta el desarrollo de este artículo es por qué y cómo la UCR, habiendo sido en la historia reciente de Córdoba quien promovió transformaciones clave tanto en la Constitución de la provincia (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 1987),como en su Código de Procesamiento Penal (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1991), las cuales introdujeron la participación ciudadana en la justicia; en el año 2004, a contramano, no acompañó el proyecto del ejecutivo provincial que amplió considerablemente la participación de ciudadanos en la justicia penal. Por un lado, se analiza el modo en que se construye el lugar de la enunciación y en relación con ello, el programa narrativo propuesto, en el cual legisladores, jueces y ciudadanos se presentan investidos de ciertos atributos y encomiendas. Luego, el análisis de las estrategias de UCR se articula con la construcción de este agente social, a fin de poner en consideración un doble supuesto: (a) que los discursos tienen relación con el lugar desde el cual se los produce, y por lo tanto, son resultado de opciones realizadas por el agente, condicionado por su competencia y por el escenario en el que despliega sus estrategias discursivas, y (b) que la relación entre el lugar del agente y su discurso es de coherencia (Mozejko y Costa, 2001: 32 y ss.).

 

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Citas

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Dentro de los requisitos para ser jurado, se indica también que el mínimo de edad sería 25 años y el máximo de 70, ciudadanía en ejercicio, capacidad civil y ciclo básico completo. Además, el proyecto de UCR detalla que los jurados podrían ser recusados por las mismas causales establecidas para los jueces.

En referencias, Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba (2004a) Diario de Sesiones (D.S.).

Quien fue convocado a las reuniones de comisiones, pero al no poder asistir, envió su valoración por escrito un texto cuya lectura tuvo lugar en dicha instancia.

La llamada Revolución del Parque condensó la oposición a una forma de hacer política que no coincidía con la norma impuesta por los constitucionalistas de 1853, sino con la transgresión de los principios representativo, republicano y federal, la perpetuación de grupos gobernantes, la “parodia” del voto, y la adjudicación de cargos públicos a cambio de favores y el centralismo con respecto a las provincias (Persello, 2004: 15).

El peronismo se impuso por primera vez en las elecciones de 1946, y en un segundo mandato en 1952, que fue derrocado y proscripto por un nuevo golpe militar de 1955. En 1958 los nuevos comicios llevaron al radical Arturo Frondizi a la presidencia de la nación, con el peronismo proscrito, Perón exiliado en España y el apoyo en las urnas del electorado peronista, con el aval de Perón. Un nuevo golpe de estado dio fin al gobierno democrático, hasta las nuevas elecciones de 1963 que pusieron al radical Ilia en el ejecutivo nacional, otra vez con el peronismo proscripto, derrocado en 1966 por un nuevo golpe militar. En 1973 se impuso la fórmula peronista Cámpora-Solano Lima, quienes renunciaron para llamar a elecciones libres, de las cuales resultó triunfadora la fórmula Perón-Perón. El conflicto social se agudizó, a pesar del retorno democrático. La muerte de Perón en 1974 significó el debilitamiento del gobierno que fue, finalmente, derrocado en 1976, abriéndose así el último periodo dictatorial que vivió el país, y que se extendió hasta 1983. (Escudero, 2003).

Si bien, aclara Ferrajoli, no se trata de elementos ni filosóficamente homogéneos, ni unívocamente liberales.

El Pacto de Olivos, acuerdo entre Menem y Alfonsín celebrado en 1993, posibilitó la última reforma de la Constitución Nacional en la cual se incorporó, entre otras modificaciones, la posibilidad de la reelección presidencial y dos sistemas de democracia semi-directa, la iniciativa popular reglamentada en 1996 (Ley 24747) y la consulta popular reglamentada en 2001( Ley 2543). Además, se reafirmó allí la voluntad de implementar el juicio por jurados. Asimismo, y por iniciativa de Alfonsín, se incorporó el Consejo de la Magistratura.

Desde el Partido Comunista, el Partido Intransigente, sectores vinculados a los derechos humanos, provenientes de la Democracia Cristiana, y diputados del PJ alejados del oficialismo.

Ver Cavarozzi, 1997; Gerchunoff y Torre, 1996; Murillo, 1997, que permiten reconstruir el proceso que antecedió a los episodios de diciembre de 2001.

Si bien debieron pasar doce años para que éste consiguiera llegar a la gobernación.

Si bien se pronosticaba que el triunfo de Kirchner iba a colocar a Duhalde en un lugar clave para orientar las políticas de su gestión (Gervasoni, 2003), el kirchnerismotomó otro rumbo.

Luis Juez posee una trayectoria política de militancia en las filas del justicialismo, vinculado al Peronismo Renovador, siempre cercano a de La Sota. En 2001, durante el gobierno de éste, se creó la Fiscalía Anticorrupción y se convocó a Juez para ocupar el cargo de Fiscal. Desde este cargo instruyó numerosas denuncias de corrupción, muchas de las cuales involucraban a funcionarios del gobierno de de la Sota, quien lo expulsó de su cargo en octubre de 2002. Una manifestación espontánea esperó a Juez en la calle en señal de apoyo. A partir de ese momento, Juez convocó “sin distinción de ideologías”, por la “honestidad y la transparencia”, a construir un espacio político para luchar contra la corrupción política. El Partido Nuevo contra la corrupción por la Honestidad y la Transparencia (PN) se constituyó jurídicamente en 2003, con un grupo heterogéneo conformado por algunos justicialistas y radicales alejados de sus partidos políticos, pero en su mayoría eran independientes.

Publicado

2013-03-15