Del Estado al Parlamento: los Funcionarios Devenidos Legisladores en Chile y Argentina

La autonomía entre Estado y la política electoral es una preocupación central de las reformas estatales en América Latina. Para estudiar las maneras en que administración y política se intersectan, esta investigación se propone caracterizar sociológicamente a los diputados nacionales que provienen de la función pública en Chile (2002-10) y en la Argentina (2003-11), con el objetivo de dar cuenta de manera comparativa las fronteras que existen entre los cargos de gestión estatal y los cargos de representación popular. Para ello se trabajará con la base de dato del proyecto Elites Parlamentarias de América Latina (Universidad de Salamanca-PELA), realizando un análisis de capitales, trayectorias políticas y profesionales de los diputados. De esta manera, se establecerá un diálogo desde la sociología política con enfoques institucionalistas. El resultado del estudio mostrará que, más allá de las reformas institucionales de las últimas décadas, la separación entre elites políticas y elites estatales es mucho mayor en Chile que en la Argentina.

Palabras clave: reformas estatales, carreras políticas, reproducción, dirigencia política.

The autonomy between state and electoral politics has been a main concern of the Latinamerica’s state reforms. In order to examine the ways public administration and politics intersect, this study pays attention to the social background of national deputies coming from public service positions, in the cases of Chile (2002-10) and Argentina (2003-11). The goal is to analyze the frontiers between the state positions and the elected positions. Therefore, we work with data provided by the project of Elites Parlamentarias de América Latina (Universidad de Salamanca-PELA). We proceed by analyzing the social background, the capitals and political and professional trajectories of national deputies of both countries. From a political sociology approach, we debate with political science’s institutionalism. Beyond latest institutional reforms, we argue that distinction between state elites and political elites is wider in Chile than in Argentina.

Keywords: state reform, political careers, reproduction, ruling class.

Desde la década del 1980, la gran parte de los países de América Latina han atravesado dos procesos simultáneos. Por un lado, la reactivación de la vida política democrática tras el fin del largo ciclo de dictaduras cívico-militares; por otro, los procesos de reforma estructural del Estado en el marco de un avance del paradigma neoliberal.

En relación con el primer proceso, el retorno pleno de la democracia rehabilitó la actividad político-partidaria en los distintos países y conllevó una autonomización y profesionalización de la misma. La estabilidad y continuidad de la competencia política democrática y libre permitió, incluso en los países más inestables de la región, que se consolide un conjunto de personas dedicadas profesionalmente a la representación popular (Sidicaro, 2013; Lorenc Valcarce, 1998; Cheresky, 2006; Romero Celedón, 2005).

Respecto del segundo, en las décadas de 1990 y 2000 se sucedieron una serie de reformas de la administración pública emparentados con los proyectos neoliberales en boga en la época. Promovida por organismos como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL y CLAD, la llamada “primera generación de reformas”, apuntaba al ajuste estructural, privatización y liberalización del comercio. Luego, la “segunda generación”, también llamada “reforma hacia dentro del Estado”, buscaba la reducción del Estado en sus funciones económicas en parte bajo el argumento de promover su modernización y mejorar la calidad de la gestión pública a través del fortalecimiento institucional. En la década del 2000, el énfasis estuvo colocado en la reforma gerencial, a través de la profesionalización y estabilización de los altos cargos (Oszlak, 1999; Thwaites Rey y López, 2005; Orlansky 2001 y 2005; Bresser Pereira, 1998 y 2001).

Una parte importante de estas reformas de segunda generación iba contra la cultura del “nepotismo” y del “clientelismo”, señalados como los “enemigos del servicio público”. De acuerdo a este diagnóstico, el mal funcionamiento de los estados en América Latina se debía a que la gestión estaba “interferida” por los vínculos de parentesco y por la política electoralista: la corrupción de la transacción de favores por votos, como titulaba Javier Auyero un libro sobre clientelismo. La solución consiste en proteger a la administración pública, garantizando la autonomía del servicio civil y la capacidad técnica de sus integrantes (Bresser Pereira, 1998).

Ahora bien, la profesionalización de la actividad política y la autonomización y profesionalización de la función pública no constituyen procesos unívocos. Tampoco trazan una frontera infranqueable entre ambas esferas. Los puntos de contacto son múltiples, y su grado varía dependiendo del país, desde unas fronteras legales más o menos fuertes hasta un desdibujamiento entre el mundo de los procedimientos burocráticos y el de la representación popular. Es por ello que el análisis comparativo de casos nacionales puede servir para cotejar el alcance de las reformas.

Aunque con consecuencias disímiles, Chile y la Argentina son dos experiencias en los cuales dichos procesos generales tuvieron lugar. Las similitudes entre ambos casos nos permiten realizar el ejercicio analítico que Charles Tilly denominaba comparación diferenciadora (Tilly, 1991). Es decir, un ejercicio que busca identificar las variaciones entre los casos dentro de un conjunto de fenómenos similares.

Por un lado, en ambos tuvieron lugar dictaduras sanguinarias con entramados represivos organizados y burocratizados, que se articularon con proyectos económicos de apertura de mercados y repliegue del Estado. Sin embargo, las transiciones a la democracia implicaron senderos diferenciados por el rol que le tocó a las fuerzas armadas.

Por otro lado, en ambos casos el diseño institucional de la administración pública es una combinación entre el modelo de la organización estatal francesa (presidencialismo; ministerios; separación administración/política; carrera administrativa nacional; mecanismos formales de selección similares), con las reformas propuestas desde los organismos internacionales a partir de la década de 1970 y con fuerza a partir de los años 1990. Justamente, desde la última década del siglo XX al igual que otros países de la región los gobiernos trasandinos buscaron implementar las recetas de reformas de la administración pública, centradas en el paradigma de la Nueva Gerencia Pública.

El éxito de dichas reformas fue dispar: desde 1994 el Estado chileno inició un programa de modernización de la gestión pública inspirado en los modelos gerenciales, en torno al cual se ha desarrollado toda una línea de estudio y producción intelectual desde el mismo Estado (Ramírez Alujas, 2002; Pliscoff, 2008; Ramos y Scrollini, 2013; González Bustamante, Olivares, Abarca y Molina, 2016); por su parte, en la Argentina la cultura gerencial no fue adoptada, manteniendo una frontera muy difusa entre los cargos de la administración pública y los puestos políticos.

Dentro del diseño institucional, el marco legal es un punto clave para el análisis comparativo: mientras que el corpus normativo argentino no establece ningún tipo de prohibición para que los miembros de gobierno o funcionarios sean candidatos a cargos populares, en el caso chileno el artículo 57 de la Constitución Política de la República inhabilita a los ministros y subsecretarios de Estado para competir electoralmente para un cargo en el Parlamento. A pesar de esta interdicción, en Chile encontramos numerosos parlamentarios cuya actividad inmediata anterior fue en altos cargos en el Estado o en el Gobierno. En este punto es que la mirada sociológica sobre las trayectorias reales de las personas permite ver más allá de los diseños normativos e institucionales.

De acuerdo con lo expuesto, resulta interesante preguntarse al respecto de la manera en que la esfera de la política y la esfera de la administración pública mantienen puentes de contacto y circulación en el marco de este doble proceso de profesionalización y autonomización. Para ello, en el presente trabajo examinaremos una de las formas en que ambos mundos se conectan: los funcionarios públicos que se convierten en legisladores. De allí los interrogantes principales: ¿Cuáles son las características sociológicas de los funcionarios que realizan el salto hacia el Parlamento? ¿Qué tipo de capitales poseen? ¿En qué medida las diferencias existentes entre los agentes mencionados de Chile y de la Argentina nos permiten dar cuenta de las maneras en que se establecen fronteras entre el Estado y la política partidaria?

La hipótesis de trabajo de este artículo, netamente descriptiva, parte de la idea de que a partir de analizar los rasgos sociológicos de los funcionarios devenidos en legisladores en Chile y Argentina, se puede conocer cómo es el vínculo entre Estado y política partidaria en general, y entre los cargos de gestión estatal y los cargos de representación popular.

En orden a abordar esta hipótesis, se trabaja con cuadros elaborados a partir de la base de datos Elites Parlamentarias de América Latina (PELA) de la Universidad de Salamanca, que contiene información relevada a través de encuestas sobre los rasgos sociodemográficos, opiniones, actitudes y percepciones de los diputados de todos los países latinoamericanos desde 1994 . Para ello, se toman en cuenta las oleadas 3era y 4ta que comprenden a las y los miembros de las cámaras de diputados de Argentina para los períodos legislativos 2003-2007 y 2007-2011, y de Chile para los períodos 2002-2006 y 2006-2010. En total, el muestreo de la encuesta se aplicó para un universo de 500 casos para la Argentina (250 diputados por oleada), mientras que en el caso chileno el universo es de 240 casos (120 diputados por período legislativo).

La diferencia entre Estado y política partidaria en la sociología política contemporánea.

El estudio de los funcionarios públicos devenidos en legisladores supone dialogar, al menos, con dos perspectivas teóricas.

La primera de ellas se erige como un tema clásico de la sociología a partir de las teorías de Max Weber y Émile Durkheim, y puede sintetizarse en la siguiente hipótesis: el análisis de los rasgos sociológicos de los funcionarios estatales permite conocer las características de tal o cual articulación estatal. La sistematización más reciente fue desarrollada en el contexto francés por Pierre Bourdieu y sus discípulos. De este modo, está el programa de investigación sobre elites políticas que expresó el propio Bourdieu a fines de los años ´80 del siglo pasado (Bourdieu, 2012). Dicho programa tuvo resultados virtuosos para estudios sobre el poder judicial (Charle, 1993), los gabinetes ministeriales (Mathiot y Sawicki, 1999; Gaxie, 1983) o sobre las elites en general (Charle, 2006; Saint-Martin, 2001). Con matices, existen investigaciones en la misma línea para las elites político-administrativas de la Argentina (por ejemplo, Ferrari, 2008; Gené, 2012; Giorgi, 2014) y Chile (Joignant, 2011; González-Bustamante, 2013).

Ya en el terreno legislativo, el término central de esta corriente es la noción de “campo político”. Es decir, un espacio más o menos autónomo del resto de los ámbitos de lo social compuesto por una estructura de posiciones específicas, lógicas de funcionamientos particulares, y un grupo de especialistas (Bourdieu, 2000). De este modo, Daniel Gaxie postula que la representación política constituye una imagen distorsionada de la estructura social, al tiempo que se verifica cierta homología estructural entre el campo político y los demás campos del poder. Con lo cual, la competencia política opera como una forma de selección social y queda reducida a un juego de elites (Gaxie, 1980).

Este enfoque ha hecho de la cuestión de la profesionalización de la política uno de sus pilares. Michel Offerlé (2011) argumenta que entre profesionales y profanos existe un continuo con diversos tipos de modalidades de dedicación a la política y de financiamiento de las carreras. Así, distingue diferentes posiciones entre ambos polos. En esta sintonía, Sylvie Tissot (2004) analiza las estrategias de reconversión entre distintas esferas de actividad y Luc Boltanski (1973) destaca la multiposicionalidad de los actores, que ocupan diferentes lugares en distintos campos al mismo tiempo. Justamente, desde esta perspectiva los conceptos de campo y capital son claves para explicar estos procesos de entrada a la política (Offerlé, 2004). Esta corriente también ha influenciado los estudios sobre América Latina, si bien estos se circunscriben a casos nacionales. Por ejemplo, los trabajos sobre las élites tecnocráticas chilenas (Joignant y Güell, 2011) o aquellos sobre los fenómenos de protesta en México y Argentina (Combes y Vommaro, 2012), o los trabajos de Bolognesi, Monseff Perissinotto y Codato sobre Brasil (2016).

Estos desarrollos teóricos plantean interrogantes ligados a dos dimensiones del objeto de estudio de este artículo. Por un lado, en qué medida los funcionarios devenidos en legisladores constituyen una élite administrativa que se reproduce a través de la carrera parlamentaria. Por otro, si es posible hablar de estrategias de reconversión de capitales de distinto tipo en capital político que habilite el pasaje al mundo de la representación popular en el Parlamento. Ambas preguntas conducen a centrarse tanto en la acumulación de capitales familiares, como en el estudio de las trayectorias educativas y profesionales del colectivo sobre el cual se trabajará en las siguientes páginas.

Una segunda aproximación para el estudio del fenómeno proviene de la ciencia política institucionalista, en particular los trabajos sobre carrerismo político. Esta literatura se ocupa de los factores que determinan el cálculo realizado por los políticos constantemente sobre su carrera, concretamente los incentivos para que una persona se convierta en legislador (Schlesinger, 1975; Lodola, 2009). Desde esta mirada, se ha trabajado sobre los mecanismos formales e informales de selección (Freidenberg y Levitsky, 2007). En este sentido, uno de los temas que se presta a las controversias en América Latina es el fenómeno de los agentes sin experiencia política que ingresan a la competencia política desde otros ámbitos (Carreras, 2013). Juan Linz (1994) hace hincapié en su carácter extrapartidario y Robert Barr (2009) señala que ganan preeminencia política por fuera de los grandes partidos. Miguel Carreras (2012) complejiza la definición al introducir matices y diferenciar los full outsiders, de los disidentes y de los amateurs, que serían precisamente quienes entran a la política y compiten en los partidos ya existentes. Otros trabajos, como el de Ralph Huitt (1961) sobre un senador estadounidense o el de King (2002) sobre Margaret Thatcher giran en torno al concepto. Este último autor identifica tres tipos de outsider: el psicológico, el social o estructural (se distingue del conjunto por su origen y posición) y el táctico o estratégico (busca diferenciarse del grupo para obtener un beneficio). Otros autores, como Gabriel Levita (2015), advierten sobre el uso de la noción de outsider como categoría analítica residual.

En este sentido, los funcionarios devenidos parlamentarios se ubican en el cruce de estas problemáticas. Por un lado, se trata de agentes que acceden al parlamento proviniendo de cargos formalmente no vinculados a la política partidaria; sin embargo, el Estado es un espacio constitutivamente atravesado por la política. Ese pasaje se da en un marco de “despolitización” de la administración pública, con mecanismos normativos que buscan separar ambos mundos. Los funcionarios devenidos diputados, entonces, constituyen una categoría híbrida que permitirá dar cuenta de los límites de las reformas institucionales a partir de las circulaciones Estado-parlamento, haciendo hincapié en la conversión de capitales no políticos en capitales políticos.

Para abordar esta cuestión, se consideran las características sociológicas del ingreso a la actividad partidaria de los agentes estudiados. Es decir, los recursos a partir de los cuales los agentes provenientes de la función pública desarrollan sus carreras parlamentarias. Para simplificar la lectura, se hablará de ellos como funcionarios-diputados. La primera tarea es ponderar la magnitud de esta categoría, en relación al resto de los diputados.

Cuadro 1.
Diputados provenientes de la función pública, según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

De acuerdo a los datos del CUADRO 1, casi uno de cada tres diputados argentinos tuvo, como cargo previo, un puesto en la administración pública o de Gobierno. Estos números casi que duplican a los diputados chilenos con el mismo recorrido: del Estado al Parlamento. Más allá de las disparidades entre ambos países, se trata de un fenómeno significativo.

Cuadro 2.
Sexo según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

Un primer rasgo morfológico de la población de referencia está ligado a las diferencias entre sexos. En ese sentido, existen profundas diferencias entre ambos países en lo atinente a la participación femenina en el ámbito legislativo en general. Ello puede obedecer a que en Argentina se sancionó en 1991 la ley 24.012, que establecía un cupo femenino para las listas de candidatos, mientras que en Chile se buscaron otros caminos para alcanzar la equidad de género (Rodríguez Gusta y Caminotti 2010). Evidentemente, la política de acción afirmativa, comparativamente no tuvo resultados en la Cámara Baja análogos a los de Argentina. Lo curioso, en ese sentido, es que en el terreno de los funcionarios públicos reconvertidos en legisladores, las diferencias se profundizan. Mientras que en Argentina las mujeres son más de la mitad –superando ampliamente el porcentaje femenino general-, en Chile se refuerza el patriarcalismo: los funcionarios-diputados superan incluso la desigualdad de género existente el Parlamento.

Cuadro 3a.
Partido por el cual fue electo como diputado, Argentina (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

Cuadro 3b.
Partido por el cual fue electo como diputado, Chile (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En relación con la distribución de los funcionarios-diputados por fuerza política, el CUADRO 3 muestra que tanto en Chile como en la Argentina se expresa una cristalización de la presencia de fuerzas políticas mayoritarias y que han gobernado en los períodos previos a la realización de las oleadas de encuestas. En el caso chileno son los partidos Demócrata Cristiano y Socialista (principales organizaciones de la Concertación, que gobernó desde 1990 hasta 2010), mientras que en el caso argentino es el Partido Justicialista.

En ese sentido, es posible hipotetizar que la sobrerrepresentación de funcionarios-diputados en relación con la cantidad de parlamentarios en ambos casos, expresa capas geológicas pre-existentes de personas situadas en la intersección entre parlamento y función pública. Ello es claro en Chile, al ver la cantidad de funcionarios-diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Socialista: fuerzas minoritarias en la época de la encuesta, pero hegemónicos en el pasado. Y, en Argentina, es lo que expresa que –frente a la supremacía del PJ y sus satélites durante buena parte de la vida democrática en los últimos 30 años– existan funcionarios-diputados de la UCR, del panradicalismo o del socialismo.

Ahora bien, la edad de los funcionarios-diputados puede dar herramientas a la hora de evaluar las hipótesis anteriores.

Cuadro 4.
Edad según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En este terreno, los contrastes entre los funcionarios-diputados de cada país se vuelven más marcados. Si bien, en ambos países existe una distribución proporcional de personas de diferentes edades, la población bajo estudio se separa de las características generales del resto de diputados en dos franjas: en Chile, se encuentra que los funcionarios-diputados se diferencian en los rangos menores a los 44 años, mientras que en Argentina se dan entre los 55 y los 64 años.

El dato generacional es muy relevante: que los funcionarios-diputados argentinos tengan mayor edad que los chilenos permite ver en conjunto el resto de los rasgos morfológicos. Por un lado, en la Argentina se encuentra a generaciones –formadas en la resistencia a las dictaduras militares– que accedieron a la función pública a partir de las oportunidades brindadas por la democracia, con un fuerte componente de igualdad de género. Esto es diferente al grupo de funcionarios-diputados en Chile, en su mayoría varones más jóvenes, que accede de un modo mucho más diferenciado al parlamento.

Estos rasgos permitirían matizar la noción de capas geológicas en Chile y reforzar el argumento para Argentina. Lo cual conduce a uno de los argumentos centrales de este artículo: en el caso argentino existe un mayor grado de indiferenciación entre Estado y Gobierno que en el caso chileno. Ahora bien, estas características ligadas a rasgos morfológicos pueden evaluarse en función de las características sociológicas de la población de referencia.

Siguiendo las propuestas de las corrientes francesas mencionadas al principio, un elemento sociológico central para comprender este tipo de agente aquí estudiado es la reproducción de capitales específicos de los diferentes campos de actividad humana. De allí que para ver si se está ante linajes políticos o administrativos, es central ver la profesión de los padres de los funcionarios-diputados.

Cuadro 5.
Profesión del padre a los 15 o 20 años según país (en porcentajes)
Fuente: elaboración propia (2017).

Los datos expresados en el CUADRO 5 brindan elementos de comparación en varios sentidos. Al focalizar en las diferencias, se comprueba que en Chile existe un subconjunto de funcionarios-diputados que ronda el tercio (34,4%) y que engloba a hijos de funcionarios públicos y políticos. Es decir, existe algo similar a lo que Pierre Bourdieu llamaría herederos, que poseen desde su primera socialización las propiedades sociales necesarias para ser seleccionados con mayor facilidad para la carrera política; su origen familiar los marca con un destino dentro del campo de poder, del cual provienen (Bourdieu, 2013)4 . En Argentina, tal grupo también existe, pero es inferior a un cuarto (24,6%) de los funcionarios-diputados.

Como contraste, es importante destacar el volumen de hijos de obreros, bastante similar en ambos casos: un tercio de los funcionarios-diputados en ambos países. Además de reforzar la descripción anterior, esto se puede ligar las capacidades del partido socialista y del peronismo –respectivamente– como instancias de ascenso social.

Cuadro 6.
Familia política según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En un sentido, los datos del CUADRO 6 sobre la existencia de antepasados ligados a la política llevan a reforzar el argumento anterior. En efecto, existe cierta analogía en las cifras de familiares dedicados a la política y la posibilidad de establecer un linaje: un tercio en Argentina y más del 40% de los funcionarios-diputados en Chile poseen familiares ligados a la política. Al mismo tiempo, en ambos casos, hay una importante primacía de familiares directos.

Sin embargo, esta representación tan acorde con una de las perspectivas teóricas mencionadas, puede matizarse si se considera un componente esencial en la reproducción social: las credenciales educativas.

Cuadro 7.
Máximo nivel educativo alcanzado por el padre según país (en porcentajes)
Fuente: google

En ambos países, las cifras de funcionarios-diputados con padres con estudios universitarios superiores o de posgrado es menor que la cifra del total de los legisladores con antepasados en la misma situación. Es decir, un componente central en la formación de políticos profesionales y de funcionarios –las credenciales académicas que respalden la posesión de ciertos saberes especiales y restringidos, adquiridos en la universidad–, se encuentra en menor escala en los antecedentes de los predecesores de los funcionarios-diputados en relación con el del conjunto de legisladores. Solo una quinta parte de los padres de los funcionarios-diputados, frente cifras que oscilan en torno al 30% para los demás diputados. Ello habla de que si bien puede haber un núcleo duro de hijos de funcionarios, profesionales liberales o políticos con altas calificaciones que reproducen capitales familiares, el resto se encuentra en otra situación. Con lo cual la diferenciación entre herederos y oblatos se diluye.

Esto se refuerza al analizar lo que sucede con las madres de los legisladores en general, y de los funcionarios-diputados en particular.

Cuadro 8.
Máximo nivel educativo alcanzado por la madre según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En las cifras expuestas en el CUADRO 8 se repiten –proporcionalmente– las características de los padres: ello conduce a pensar en que si bien existe cierta reproducción, la misma se circunscribe a una minoría. En la Argentina, tanto madre como padre poseen un nivel de titulación promedio menor. Notablemente, la desigualdad educativa entre las madres de los funcionarios-diputados argentinos en comparación a las chilenas (43,1% con estudios primarios versus 6,7) da cuenta no solo de las desigualdades en materia de género, sino en cómo las mujeres poseían posibilidades educativas distintas según el país.

En términos generales, estos datos dan cuenta de un origen social más bajo de los funcionarios-diputados en el país atlántico respecto de la nación del pacífico. Ahora bien, como ya fue señalado más arriba, en ambos países tanto para los que ya tenían padres ligados a la actividad estatal, como para los que no, la función pública y el parlamento son espacios de ascenso social. Ahora bien, esta hipótesis puede tener algún grado de plausibidad en función de lo que sucede con las trayectorias educativas y políticas de los funcionarios-diputados.

En lo relativo a la trayectoria educativa, el CUADRO 9 muestra la generalización de títulos universitarios entre los parlamentarios de ambos lados de la cordillera, con valores muy superiores a los del conjunto de las poblaciones de ambos países. Esto va en el sentido de dos argumentos antes señalados: por un lado, un origen social privilegiado de los que acceden a las altas posiciones políticas (parlamentarias o estatales), por el otro, el efecto de ascenso social que habilitan ciertos partidos políticos, especialmente en la Argentina.

Cuadro 9.
Máximo nivel educativo alcanzado según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En términos generales, los parlamentarios chilenos tienen un nivel educativo más alto que sus pares argentinos. Es muy pequeño el porcentaje de quienes no tienen un título universitario, que en argentina es mayor. La brecha de nivel educativo entre los países se incrementa entre los funcionarios-diputados: el 96,7% de los funcionarios-diputados chilenos obtuvo un título universitario de grado superior o de postgrado, mientras que en los argentinos ese porcentaje llega al 81,6. Si bien son porcentajes altos, hay que destacar el 15,4% de los funcionarios-diputados argentinos solo con titulación secundaria, lo cual indica también que la educación universitaria no constituye un elemento de selección social para ocupar cargos en la administración pública con proyección política, cuestión que sí parece operar entre los funcionarios-diputados chilenos. Ello permite derivar que la especialización de los funcionarios devenidos diputados es mayor.

Cuadro 10.
Estudios en el extranjero según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

El mayor nivel educativo de los parlamentarios chilenos en general y de los provenientes de la administración pública en particular, se comprueba al analizar la internacionalización de los estudios. Los argentinos muestran un menor nivel de circulación educativa trasnacional que los chilenos, que en el caso de los funcionarios-diputados llega al 42,9%. Este elemento refuerza dos argumentos ya expuestos. Por un lado, la mayor especialización de los funcionarios-diputados chilenos. Por otro, que la distinción entre Gobierno y Estado se hace más palpable en la medida en que existen carreras más complejas en términos de titulación.

Cuadro 11.
Tipo de organización en que comenzó a militar según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

Junto a la trayectoria educativa, ciertos elementos de la trayectoria política pueden aportar al argumento respecto de la distancia entre los funcionarios-diputados y el resto de las categorías de parlamentarios.

El ingreso a la militancia es un punto importante para comprender los diferentes rumbos de las trayectorias políticas. La principal diferencia entre ambos países reside en que en la Argentina la principal vía de inicio en el activismo político son los partidos políticos, mientras que en Chile son las organizaciones estudiantiles. Este punto no necesariamente implica un ingreso más tardío a la política por parte de los funcionarios-diputados argentinos, ya que frecuentemente las ramas juveniles no son consideradas organizaciones separadas de los partidos políticos en los cuales se inscriben. En el caso chileno, un factor clave para entender el menor peso relativo de los partidos políticos como vía de ingreso a la política es que hasta marzo de 1987 estuvo prohibida toda acción partidaria por parte del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. Esta interdicción alentó a que la voluntad de participación política se canalizará por otro tipo de organizaciones, por ejemplo las agrupaciones juveniles y los centros de alumnos, que fueron focos de politización cotidianos (Muñoz Tamayo, 2011).

Otra observación que se desprende de los datos es que el ingreso a la política de los funcionarios-diputados se produce por los partidos y organizaciones juveniles en mayor proporción que el conjunto de los parlamentarios. Estos últimos, aparecen más dispersos en su acercamiento a la actividad política. En este sentido, en ambos casos nacionales el campo de la representación laboral constituye una vía de acercamiento a la política activa, sea a través de gremios y sindicatos, o de asociaciones profesionales. Tomando en cuenta la mayor fuerza política que el sindicalismo argentino posee en comparación a Chile, es llamativo que la participación en las bancadas no sea más desigual.

Cuadro 12.
¿Ocupó un cargo de representación popular con anterioridad? según país (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia (2017).

En el análisis de la trayectoria política, los cargos ocupados con anterioridad revelan mucho sobre la circulación de los agentes por los distintos espacios de la política. En el CUADRO 12 los datos sobre si ocuparon cargos de representación popular con anterioridad marcan la diferencia entre ambos países: mientras que en Chile 2 de cada 3 del total de los diputados relevados ocupaba por primera vez un cargo electivo, en la Argentina la proporción de los inexpertos/expertos es mucho más pareja, prácticamente iguales. Estos datos se acentúan si se recorta a los funcionarios-diputados sin experiencia en cargos populares, que en Chile llegan a tres cuartos.

La descripción anterior permite dar cuenta de una característica diferencial entre el sistema político chileno y el argentino, que refuerza el argumento principal de este artículo. En el primer caso, la renovación de los elencos parlamentarios es mayor que en la Argentina. En Chile, quienes provienen del mundo estatal no tienen experiencia en cargos electivos. Se trata de funcionarios que se reconvierten en diputados, realizando un salto de un mundo a otro que estadísticamente no es tan frecuente y que se encuentra reglamentado con miras a dificultarlo, como se mencionó al comienzo del artículo.

Por parte del caso argentino, la circulación entre ambos mundos es mucho mayor y en diferentes sentidos: de un cargo de representación popular a un cargo estatal, y de allí nuevamente a un cargo electivo. En lugar de reconversiones, en este caso se trataría de circulaciones más aceitadas desde y hacia los cargos electivos.

Este artículo se propuso dar cuenta del vínculo general que existe entre Estado y política adoptando un enfoque sociológico. Este toma como estrategia heurística el siguiente argumento: conociendo ciertos rasgos sociólogos de los funcionarios devenidos diputados en Chile y Argentina es posible explorar el vínculo entre el mundo estatal y el de la representación popular en un contexto normativo e institucional en el cual ambos supuestamente deberían estar separados. Trabajando desde una lógica de comparación diferenciadora, del análisis presentado se desprende una serie de observaciones significativas para responder la pregunta inicial.

En primer lugar, en ambos país el diseño institucional contiene un planteo similar respecto de cómo debería ser el vínculo entre los mundos de la administración pública y el de la representación popular electoral. Con una concepción estatal parecida, en el caso chileno se ve un mayor despliegue de mecanismos institucionales y normativos para obstaculizar el tránsito entre ambos mundos. No obstante los mayores límites institucionales existentes en Chile, hay funcionarios que se proyectan con éxito como diputados. Aun así, en ambos países la magnitud es diferente: entre los diputados argentinos hay más agentes provenientes del Estado que en Chile.

AJunto a la diferencia en el flujo, están los distintos tipos de recorrido. De la interacción entre ambas dimensiones, se desprende una distinción analítica. En el caso chileno el pasaje de los agentes del Estado al parlamento es menos frecuente y son menos los casos que hacen el recorrido inverso. Por el contrario, en el caso argentino el flujo parece ser mucho más permeable a una doble circulación: de cargos de representación popular al Estado, y del Estado a cargos de representación popular. Esta dimensión de diferente multiposicionalidad estado-parlamento, en ambos países, lleva a proponer dos tipos tentativos de recorridos: en el caso chileno se puede hablar de reconversión, mientras que en el caso argentino de circulación. El punto que los distinguiría es la mayor facilidad para pasar de un mundo al otro. Esta distinción es una observación inicial, que da lugar a futuras investigaciones sobre las trayectorias comparadas, viendo hasta qué punto las conclusiones generales a las que este trabajo arribó se reflejan en las historias de vida.

Más allá de estos puntos divergentes, se han identificado mecanismos sociológicos básicos comunes para el caso chileno y argentino. Uno de ellos, que remite a gran parte de la literatura sociológica francesa sobre los profesionales políticos, refiere a la movilización de capitales. En efecto, los funcionarios devenidos diputados se caracterizan por la posesión de determinados credenciales educativas, familiares y, en menor medida, de capital político heredado (linaje). Dichos capitales, anteriores al paso por la gestión pública estatal, forman parte de los recursos movilizados por los agentes para su carrera política. La reconversión de determinados capitales no políticos en políticos es una de las estrategias básicas presentes en las carreras políticas de los que vienen “de fuera” pero también de los políticos profesionales.

El otro mecanismo sociológico básico que apareció en la interpretación de los datos es el efecto de ascenso social que tiene la actividad política en ambos países, con una estructura social menos estratificada que el caso francés, por poner un ejemplo. Esta afirmación es mucho más cierta para los funcionarios devenidos diputados argentinos, que tienen un origen social promedio más bajo que el de sus colegas chilenos. Entonces, la política es una vía de promoción social intergeneracional, lo cual echa luz sobre la existencia de ciertas fracciones nuevas de los grupos dirigentes junto a las clásicas elites que reproducen el status socio-económico de sus antepasados.

En síntesis, es posible afirmar que el tránsito entre el mundo de la administración pública y el del parlamento es menor en el sistema político chileno que en la Argentina. Las elites estatales y las elites políticas son socialmente más distinguibles en el primer caso que en el segundo. En otros términos, la frontera entre Gobierno y Estado, entre política electoral y gestión, está más vigilada en Chile que en Argentina.

Barr, Robert. (2009). Populists, Outsiders, and Anti-Establishment Politics. Party Politics. Volumen 15, número 29. United States. (Pp. 29-48).
Bolognesi, Bruno. Perissinotto, Renato. y Codato, Adriano. (2016). Reclutamiento político en Brasil. Mujeres, negros y partidos en las elecciones federales de 2014. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Volumen 61, número 226. México. (pp. 247-278).
Boltanski, Luc. (1973). L'espace positionnel: multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe. Revue française de sociologie. Volumen 14, número 1. Francia. (Pp. 3-26).
Bourdieu, Pierre. (2000). Propos sur le champ politique. Presses Universitaires de Lyon. Francia.
Bourdieu, Pierre. (2012). Sur l’État. Cours au Collège de France, 1989-1992. Raisons d’agir-Seuil. Francia.
Bourdieu, Pierre. (2013). La nobleza de Estado. Siglo XXI. Argentina.
Bresser Pereira, Luiz. (1998). La reforma del Estado de los años noventa: lógica y mecanismos de control. Desarrollo Económico. Volumen 38, número 150. Argentina. (Pp. 517-550).
Bresser Pereira, Luiz. (2001). Reforma de la Nueva Gestión Pública: Ahora en la Agenda de América Latina. International Journal of Political Studies. Número 3. Nigeria. (Pp. 143- 166).
Careras, Miguel. (2013). Presidentes outsiders y ministros neófitos: Un análisis a través del ejemplo de Fujimori. América Latina Hoy. Volumen 64. Perú. (Pp. 95-118).
Carreras, Miguel. (2012). The Rise of Outsiders in Latin America, 1980-2010: An Institutionalist Perspective. Comparative Political Studies. Volumen 12, número 45. United States. (Pp. 1451-1482).
Charle, Christophe. (2006). Les élites de la République. 1880-1900. Fayard. Francia.
Charle, Christophe. (1993). État et magistrats. Les origines d'une crise prolongée. Actes de la recherche en sciences sociales. Número 96-97. (Pp. 39-48).
Cheresky, Isidoro. (2006). La política después de los partidos. Prometeo. Argentina.
Combes, Hélène. y Vommaro, Gabriel. (2012). Relations clientélaires ou politisation: pour dépasser certaines limites de l´étude du clientélisme. Cahiers des Amériques Latines. Número 69. Francia. (Pp. 17-35).
Ferrari, Marcela. (2008). Los políticos en la república radical: Prácticas políticas y construcción de poder. Siglo XXI. Argentina.
Freidenberg, Flavia. y Levitsky, Steven. (2007). Organización informal de los partidos en América Latina. Desarrollo Económico. Volumen 46, número 184. Argentina. (Pp. 539-568).
Gaxie, Daniel. (1980). Les logiques du recrutement politique. Revue française de science politique. Volumen 30, número 1. Francia. (Pp. 5-45). Gaxie, Daniel. (1983). Les facteurs sociaux de la carrière gouvernementale sous la Cinquième République de 1959 à 1981. Revue française de sociologie. Volumen 24, número 3. Francia. (Pp. 441-465).
Gené, Mariana. (2012). Prácticas, destrezas y códigos del trabajo político en democracia. Una aproximación desde el Ministerio del Interior en Argentina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Volumen 57, número 215. México. (Pp. 71-96).
Giorgi, Guido. (2014). Ministros y ministerios de la Nación: Un aporte prosopográfico para el estudio del gabinete nacional (1854-2011). Apuntes, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico. Volumento 41, número 74. Perú. (Pp. 103-139).
González-Bustamante, Bastián. (2013). Factores de acceso y permanencia de la élite política gubernamental en Chile (1990-2010). Política / Revista de Ciencia Política. Volumen 51, número 1. Chile. (Pp. 119-153).
Huitt, Ralph. (1961). The Outsider in the Senate. An Alternative Role. American Political Science Review. Volumen 55, número 3. United States. (Pp. 566-575). Joignant, Alfredo. y Güell, Pedro. (2011). Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010). Ediciones Universidad Diego Portales. Chile.
Joignant, Alfredo. (2011). Las élites gubernamentales como actor explicativo deun modelo político y económico de desarrollo: el caso de Chile (1990-2009). Fundación Carolina CeAlci. España.
Joignant, Alfredo. (2012). Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político. Revista Mexicana de Sociología. Volumen 74, número 4. México. (Pp. 587-618).
King, Anthony. (2002). The Outsider as Political Leader: The Case of Margaret Thatcher. British Journal of Political Science. Volumen 32, número 3. Inglaterra. (Pp. 435-454).
Levita, Gabriel. (2015). La política como profesión: perfiles y tipos de trayectorias de los senadores argentinos. TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Volumen 17, número 1. Venezuela. (Pp. 38-57).
Linz, Juan. (1994). Presidential or parliamentary democracy: Does it make a difference? The failure of presidential democracy. Johns Hopkins University Press. United States. (pp. 3-87).
Lodola, Germán. (2009). La estructura subnacional de las carreras políticas en Argentina y Brasil. Desarrollo Económico. Volumen 49, número 194. Argentina. (Pp. 247-286).
Lorenc Valcarce, Federico. (1998). La crisis de la Política en la Argentina. Ediciones de la Flor. Argentina.
Mathiot, Pierre. y Sawicki, Frédéric. (1999). Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (1981-1993); recrutement et reconversion. Revue Francaise de Science Politique. Volumen 49, número 1. Francia. (pp. 3-29)
Muñoz Tamayo, Víctor. (2011). Juventud y política en Chile. Hacia un enfoque generacional. Última década. Volumen 19, número 35. (Pp. 113-141).
Offerlé, Michel. (2004). Los partidos políticos. LOM. Chile.
Offerlé, Michel. (2011). Los oficios, la profesión y la vocación de la política. PolHis. Volumen 7, número 1. Argentina. (Pp. 84-98).
Orlansky, Dora. (2001). Política y burocracia. Argentina 1989-1999. Documento de trabajo número 26, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Argentina.
Orlansky, Dora. (2005). El concepto de desarrollo y las reformas estatales: visiones de los noventa. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión estatal. Volumen 6. Argentina. (Pp. 41-61).
Oszlak, Óscar. (1999). De menor a mejor. El desafío de la segunda reforma del Estado. Nueva Sociedad. Volumen 160. Argentina. (Pp. 81-100).
Pliscoff, Cristian. (2008). Modernización de la Gestión Pública en el Primer Tiempo: Avances y retrocesos. Agenda Pública. Extraído de http://www.agendapublica.uchile.cl/n11/CristianPliscoff.pdf. Consulta: 15/01/2017.
Ramírez Alujas, Álvaro. (2002).Innovación en la gestión pública: lecciones, aprendizajes y reflexiones a partir de la experiencia chilena. VII Congreso Internacional del CLAD. Lisboa, Portugal.
Ramos, Conrado. y Scrollini, Fabrizio. (2013). Los nuevos acuerdos entre políticos y servidores públicos en la alta dirección pública en Chile y Uruguay. Revista Uruguaya de Ciencia Política. Volumen 22, número 1. Uruguay. (Pp. 11-36).
Rodríguez Gustá, Ana L. y Caminotti, Mariana. (2010). Políticas públicas de equidad de género: las estrategias fragmentarias de la Argentina y Chile. Revista SAAP. Volumen 4, número 1. Argentina. (Pp. 85-110).
Romero Celedón, María Teresa. (2005). Profesionalización de la elite política administrativa en chile, 1990-2004. El Proceso de manetnimiento, permanencia y circulación. Maestría en Ciencia Política, Universidad de Chile. Extraido de: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/romero_mt/sources/romero_mt.pdf. Consulta: 22/11/2015.
Saint-Martin, Monique. (2001). ¿Reproducción o recomposición de las élites? Las élites administrativas, económicas y políticas en Francia. Anuario IEHS. Volumen 16. Argentina. (Pp. 59-72).
Schlesinger, Joseph. (1975). The Primary Goals of Political Parties: A Clarification of Positive Theory. American Political Science Review. Volumen 69, número 3. United States. (Pp. 840-849).
Sidicaro, Ricardo. (2013). 29 años de democracia argentina, en las claves conceptuales de Max Weber y Pierre Bourdieu. Entramados y perspectivas. Volumen 3, número 3. Argentina. (Pp. 137-161).
Thwaites Rey, Mabel y López, Andrea. (2005). Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Prometeo. Argentina.
Tilly, Charles. (1991). Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Alianza Editorial. España.
Tissot, Sylvie. (2004). Les reconversions militantes. Reconversions militantes. PULIM. Limoges.