La sociedad civil frente a la hegemonía estatal. La praxeologia de los derechos humanos y la democracia subalterna. Comentarios a propósito de la obra del maestro Álvaro Márquez-Fernández

Civil society vs. State hegemony. The praxeology of human rights and subalternal democracy. Comments on the purpose of the work of master Álvaro Márquez-Fernández



Flor María Ávila Hernández
Universidad Católica de Colombia.
fmavila@ucatolica.edu.co



RESUMEN


Álvaro Márquez-Fernández es una de las voces más destacadas a nivel académico en toda Latinoamérica en todo lo referido al tema de la democracia, ya sea como crítico a las democracias representativas que se han deslegitimado y se han coaptado a los grandes intereses económicos internacionales, ya sea como defensor de la construcción de un nuevo paradigma democrático utópico que coloque a la sociedad organizada en un rol protagonista y a los derechos humanos como una herramienta esencial de la legitimidad política. El objetivo de este artículo es resaltar algunas de las ideas centrales de Márquez-Fernández, en particular su visión sobre la crisis de la democracia moderna, la necesidad de consolidar un nuevo modelo de democracia que él denomina “subalterna” que desde una perspectiva heredera de la praxeologia de los derechos humanos de Capozzi, pone su foco en el rol de la sociedad en la consolidación democrática a través de las luchas y reivindicaciones sociales. El artículo fue elaborado a través del análisis de diversos escritos doctrinarios de Márquez-Fernández a lo largo de la última década, con referencias a la obra de Capozzi. Igualmente se cita a Alonso Sánchez y a Beatriz Guardia. Analizando las ideas del profesor Márquez-Fernández podemos concluir que para lograr la transición de la democracia representativa a una democracia auténtica es necesario un despertar de la conciencia de los ciudadanos quienes a través de sus luchas y reivindicaciones han de conquistar los espacios públicos. A tal fin es esencial promover el pensamiento utópico, para romper con los esquemas actuales que proclaman el sistema actual como el mejor posible, para así emprender la búsqueda de una praxis democrática distinta y mejor que la actual.

Palabras clave: Democracia, democracia subalterna, democracia representativa, praxeologia, pensamiento utópico.

 


Recibido: Marzo 2019

Aceptado: Mayo 2019



ABSTRACT


Professor Álvaro Marquez is one of the most outstanding academic voices in all of Latin America in everything related to the issue of democracy, whether as a critic to the representative democracies that have failed the population and have sold themselves to foreign interests, either as a defender of the construction of a new democratic paradigm that puts organized society in a leading role and human rights as an essential tool. The goal of this paper is to signal some of Márquez-Fernández key ideas, particularly his views on modern democracy’s crisis, the need to consolidate a mew democratic model he called “subaltern”, which following a perspective heir of Capozzi’s human rights praxeology, put its eye in society’s role in the creation of the new democracy through its struggles. The paper was written through the analysis of several papers published by Marquez-Fernandez in the last decade, with references to the work of Capozzi, and other authors like Alonso Sanchez and Beatriz Guardia. After analyzing Márquez-Fernández ideas we can conclude that in order to achieve the transition from representative democracy to a true democratic system is necessary to awake the citizens’ conscience, who will be the ones who will conquer the public spaces through their fights and activism. To that end, is essential to promote the utopic thought, to break through the modern paradigms and start searching for a better democratic praxis.

Key words: Democracy, subaltern democracy, representative democracy, utopian thought, praxeology.

 


Introducción


El siglo XX fue una época de grandes cambios y renovaciones que rompieron con tradiciones milenarias y nos abrieron paso a nuevas etapas, principalmente con la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, no solo en el ámbito científico, sino en los aspectos sociales, políticos y culturales, al punto de poder afirmar que las transformaciones en estas esferas sin duda rivalizan con los grandes descubrimientos tecnológicos al momento de señalar el principal legado de esta era tan trascendental para la historia humana.

Así, mientras las tecnologías permitieron conectar al mundo, sea a través de los automóviles producidos en masa y los aviones que cruzaban océanos en horas, o a través de la telefonía y posteriormente el internet, las transformaciones políticas y sociales materializaron la aparición de las democracias en gran parte del mundo, a partir de la década de los años 50, el fin del colonialismo y el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Mientras la tecnología nos permitió llegar a la luna, los movimientos sociales de liberación y emancipación libraron a millones de personas de cadenas que habían oprimido a pueblos por generaciones.

Sin embargo, pese a los grandes avances sociales, políticos y jurídicos, el escenario no es enteramente alentador. En primer lugar, porque el reconocimiento a nivel internacional de los derechos humanos no ha logrado impedir que tengan lugar situaciones donde éstos sean ignorados o vulnerados, muchas veces de forma sistemática, mientras el mundo sólo observa impotente o peor aún, mira al otro lado.

En este sentido, en la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar numerosos conflictos armados que dejaron un saldo de millones de víctimas civiles (la guerra de Vietnam, los conflictos armados en Centroamérica, la guerra entre las naciones de la antigua Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, los conflictos en Sudan y las guerras en medio oriente –Irak, Afganistán, Siria- solo por mencionar algunos) que han evidenciado la ausencia de mecanismos efectivos en la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos.

Pero quizás más preocupante aún es que en los países occidentales, que se jactan de ser los pioneros en lo referente al desarrollo social, viejos males como la desigualdad social y económica, la marginalidad y la discriminación entre otros, sigan siendo una realidad dolorosa para millones.

Lo anterior es particularmente evidente cuando observamos a Latinoamérica, donde pese a que la mayoría de las constituciones predican la igualdad, la justicia y la garantía de los derechos humanos, la realidad sociopolítica es que la mayoría de la población vive en la pobreza, incluida la extrema, con escasas posibilidades mejorar sus condiciones de vida, y donde la intervención extranjera y la colonización, entre otros factores geopolíticos, ha promovido una sucesión de crueles dictaduras que han servido a los grandes capitales trasnacionales.

En las últimas décadas, se ha consolidado el neoliberalismo como paradigma económico dominante, sistema que ha propulsado un proceso de globalización que se enmascara como una oportunidad de prosperidad económica global mientras esconde una filosofía que prioriza el beneficio económico de las élites frente al bienestar de la mayoría.

La filosofía del neoliberalismo concibe al ser humano solo en su dimensión económica, como homus economicus, de consumidor y no como un sujeto integral de derechos y pretende extender las ideas liberales referentes al mercado, a todos los aspectos de la vida humana, reduciendo el rol del Estado a un mero árbitro, policía o gendarme.

Peor aún, la misma noción de derechos humanos ha sido restringida bajo la filosofía liberal, reduciéndola a una dimensión individual y eliminando el aspecto colectivo de los derechos, debilitando entonces el poder de la sociedad civil, quien a través de sus luchas ha sido la responsable de que estos derechos no sólo hayan surgido, sino que hayan sido incorporados como piedras angulares en los sistemas jurídicos, principalmente en la parte dogmática de las Constituciones.

Todo esto se ha conseguido a través de un complejo sistema de control social que se fundamenta en lo que se ha denominado la “construcción del consenso” que busca manipular a la población mediante sofisticadas técnicas de propaganda para que acepten algo inicialmente no deseado (Chomsky y Herman, 1988).

El proceso de construcción del consenso tiene lugar en las sociedades occidentales donde la naturaleza inherentemente coercitiva del sistema capitalista y la lucha de clases e intereses a la que inevitablemente lleva, es oculta tras una apariencia de dialogo participativo y plural (Márquez-Fernández, 2008).

Se pretende encubrir la opresión y el dominio unidireccional que posee el Estado frente al individuo bajo la figura del consenso, lo que implica la simplificación de la violencia empleada para poder dar una imagen de tolerancia y persuasión a su discurso de representación social que permite la legitimidad política del sistema (Márquez-Fernández, 2018a).


El objetivo de este proceso no es otro que vender una falsa imagen de democracia, libertad y pluralidad ideológica, atrayendo a aquellos que están marginados u oprimidos por el sistema, ganando el apoyo que brinde la necesaria legitimidad al estado. Proceso que se realiza amparado bajo una supuesta racionalidad que está profundamente enraizada en la ideología capitalista y de la que los estados modernos se alzan como únicos representantes, eliminando la posibilidad misma de subversión del sistema que pasa a ser inherentemente irracional.

“La hegemonía colonial de la racionalidad moderna tiene sus causas en el modelo de una cultura de la producción y del consumo que tiene como objetivo primario de avanzada socio-política, la explotación de la naturaleza y del colectivo de seres humanos que se encuentran en la escala del modo de producción en condiciones de vida que resultan de la alienación económica. Los patrones de conducción social que se han producido para lograr la adhesión de las clases sub-alternas, por parte de las clases que han instaurado sus diversos sistemas institucionales para la consolidación de la hegemonía por vía del poder político legitimado en el estado neoliberal, se logran instaurar y perpetuar gracias a las prácticas ideológicas que emanan de la dirección cultural de la hegemonía. Esto implica un modelo de racionalidad que en todo momento ejerce presión sobre las conciencias sociales que se deben someter a los valores que hacen posible reproducir la cultura de control social que adoctrina a los sujetos sub-alternos.” (Márquez-Fernández, 2018b, p. 6).

Bajo este marco, las democracias modernas han sido secuestradas, pasando a ser poco más que una sucesión de eventos electorales donde la ciudadanía sólo tiene la ilusión de escoger y se ve despojada de cualquier poder real.

Lo anterior explica la proliferación del fenómeno de corrupción transnacional y el gobierno de élites oligárquicas que seducen con promesas y retórica a las grandes masas, que emplean líderes carismáticos que atraen el fervor popular hablando de cambio, de acabar con la corrupción, de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Cualquier energía contraria o disidente, cualquier descontento es prontamente canalizado al espacio electoral. Pero, una vez cerradas las urnas, los representantes electos se encuentran libres del control de los votantes y pueden mantener el estatus quo satisfaciendo a los grandes capitales que financian las campañas electorales, realidad que no podido corregirse, aun con la existencia de algunos controles como el juicio político o el referendo revocatorio.

No es sorpresa entonces que una característica común de nuestro Siglo XXI es la desilusión y apatía de la mayoría de la ciudadanía con respecto a la política, lo que se evidencia en el abstencionismo electoral, realidad de la mayoría de las democracias en América.

En algunos casos, ese escenario ha servido de caldo de cultivo para la aparición de movimientos populistas y de la antipolítica que han aprovechado el descontento social para lograr sorpresivas victorias electorales. Lamentablemente algunos de estos movimientos, en su mayoría populistas, tanto de izquierda como de derecha, han fallado en realizar transformaciones duraderas o estructurales, sobre todo por su carácter asistencialistas o cortoplacistas, colaborando en cambio a la regresividad de los derechos humanos de las mayorías de la población.

La gran interrogante de nuestro tiempo es cómo restaurar la praxis democrática, cómo facilitar los procesos de gobernanza, de empoderamiento de la sociedad civil, de construcción de ciudadanías, de reconstrucción de proyectos colectivos por el bien común, evitando la trampa del electoralismo para instaurar oligarquías o plutocracias.

Nuestro profesor Álvaro Márquez-Fernández, dedicó gran parte de su obra iusfilosófica y política, a analizar reflexivamente los sistemas democráticos actuales en la cual muchos de ellos se han convertido en escenarios para la perpetuación de la hegemonía del Estado sobre los ciudadanos, como formas de biopolítica, del control del Estado sobre la vida de las personas.

Como una de las principales voces del pensamiento antihegemónico y emancipador en Latinoamérica, el Maestro Álvaro desarrolló las ideas de la democracia subalterna, como una praxis democrática alternativa para la transformación de los sistemas políticos actuales, principalmente en nuestra América.


Es indudable que las democracias representativas modernas están inmersas en una crisis de legitimidad, algo que en sí mismo se presenta como una contradicción a la idea misma de un sistema democrático, toda vez que la carencia de legitimidad implica el rechazo y la impopularidad de un sistema que por definición descansa sobre la base del apoyo popular, del consenso, del diálogo y de la participación, lo que lleva a plantearse si un sistema que enfrenta una crisis de esta naturaleza aún pueda tildarse de democrático.

“Esta crisis cada vez más estructural de la democracia liberal tiene su fundamento en una desarticulación ideológica cuyo vencimiento en el tiempo es cada vez más inmediato, y que será tarea del discurso político manejar una pedagogía que permita inducir comportamientos de adhesión a los principios formales y universales de la perfectibilidad democrática, sólo si todos se reconocen incluidos en los procesos de participación que se promueven desde la representación social de la ideología” (Márquez-Fernández, 2013, p. 71).

La democracia subalterna hace referencia a una práctica democrática donde la sociedad civil juega un rol central en la vida política, que no se reduce únicamente a su participación en elecciones, sino que se traduce en una participación continua en la formación de consenso y la toma de decisiones políticas, a través de diversos mecanismos, pero principalmente reconociendo el valor de los movimientos sociales que luchan por la reivindicación de derechos, que se oponen a la arbitrariedad, al autoritarismo y a la hegemonía de un Gobierno que dice representarlos, pero no los incluye ni los determina.


Como señala Sánchez, al analizar el pensamiento de Márquez-Fernández:

“una democracia práctica de movilidad subalterna requiere discutir los problemas comunes desde parámetros diferentes para construir una democracia de coparticipación directa, que se traduzca en la consecución de formas de convivencia más plurales, justas, equitativas y de buen vivir que se identifiquen con valores para hacer de la política un lugar de reconocimiento y de vida en común... Se refiere a prácticas sociales insurrectas que forjan una subjetividad de la vida cotidiana de la democracia pública que se va apropiando de una autonomía subalterna, una comunidad subjetiva de intereses comunes con el otro que permite reconocer que la dimensión de la eticidad pública se encuentra asociada a la práctica de la libertad y de la justicia.” (Sánchez, 2018, p. 329).

Alcanzar la consolidación de este nuevo modelo democrático es la única salida de la crisis de las democracias actuales, donde el sistema representativo ha dado pie a democracias formales y no sustanciales, a democracias de apariencias y no de hechos, donde los políticos ignoran la voluntad popular y la ciudadanía no tiene otra alternativa más que acudir a elecciones y votar por otros partidos o líderes políticos que continuarán la labor de sus antecesores, que probablemente desconocerán la voluntad de la población, configurando un ciclo perverso e interminable que dista mucho de los valores y principios que deben guiar una sociedad verdaderamente democrática.

A su entender, para construir esta nueva praxis democrática es necesario empoderar e involucrar a la sociedad civil para que tome un rol activo, emancipador y continuo en la praxis democrática y en la vida política. Un rol que asegure el control de la ciudadanía de su propio destino, que rompa con la hegemonía estatal que lo ha excluido, coaptado y pretende hablar por él. Y la construcción de ese rol, inicia con el papel que juega la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, frente a las violaciones, agravios y abusos del poder de los Estados.

Entonces se realizará, para los fines de este trabajo, una introducción a la praxeologia de los derechos humanos, se hará un recorrido por los presupuestos de la democracia falsa y de la hegemonía estatal, así como se describirán las bases teóricas de la democracia subalterna y el rol de la sociedad civil en la praxis democrática.


Los derechos humanos y la sociedad civil. Un enfoque desde la praxeologia


Con el advenimiento de los derechos humanos al mundo jurídico, que empieza con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798 (Asamblea Nacional Francesa, 1978), y de allí atraviesa un proceso de paulatino reconocimiento hasta su irrupción definitiva que tiene lugar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948), para posteriormente ser adoptados por los grandes instrumentos declarativos de los sistemas de derechos humanos regionales, ha surgido un debate académico y jurídico concerniente a los aspectos teóricos que fundamentan estos derechos.

Diversas tendencias han aparecido dentro de este debate doctrinal. Entre estas podemos mencionar, siguiendo a Ávila Hernández, la teoría escéptica o pragmática de Norberto Bobbio que afirma que encontrar una fundamentación teórica para los derechos humanos no sólo es imposible sino innecesario; la tesis intuicionista de Jacques Maritain, heredera del iusnaturalismo, según la cual la ley de la razón está inscrita en el corazón de los hombres; la tesis ontológica, según la cual los derechos derivan de la propia naturaleza humana, y se descubren a través de la razón; la teoría institucionalista, que afirma que los derechos se originan en el acuerdo o pacto entre los hombres sustentado en reglas y en la práctica social; y la corriente utilitarista de Lyons, que sostiene que la fundamentación de los derechos reside en su valor o beneficio que reportan para el bienestar común (Ávila Hernández, 2004).

Frente a todas estas tendencias, una nueva ha emergido en las últimas décadas, cuyo máximo representante ha sido el maestro italiano Gino Capozzi (1998) en la llamada escuela praxeológica napolitana. Esta escuela ha desarrollado la llamada praxeologia de los derechos humanos.


El Maestro Capozzi es heredero de una vasta tradición filosófica napolitana, influenciada por grandes maestros como Cammarata, Capograssi y Piovani, del mismo modo por Croce con su denegatio y Gentile. Igualmente, es cultor de la tradición filosófica europea del siglo XIX, con énfasis en las escuelas fenomenológicas y existencialistas.

Con respecto a la praxeología, en su acepción moderna, proveniente de Alfred Espinas, es considerada como el estudio de la acción humana, partiendo de la noción de que los seres humanos realizan actos intencionales (Ostrowski, 1967).

La praxeología en su desarrollo por el Maestro Capozzi, presenta una mezcla heterogénea de fuentes, desde el marxismo de Gramsci y Gentile (la “filosofía de la praxis”) al historicismo de Dilthey, pasando por el existencialismo de Heidegger y en particular la fenomenología de Husserl (Ávila Hernández, 2004).

De este último, Capozzi (1998) incorpora muchos elementos semánticos, pero transformando la concepción original husserliana a la que introduce una dinámica, un movimiento y un sentido de historicidad. Así el fenómeno de Husserl se traduce en Capozzi como un “Praxeómeno”, “el resultado de la praxis como intencionalidad de modificación objetiva de los pragmatas” (el pragmata es el objeto o sujeto involucrado en la modificación objetiva de la praxis).

Siguiendo a Ávila Hernández (2004) desde la perspectiva praxeológica, los praxeómenos se identifican con las fuerzas, leyes y poderes, producidos por la interacción y retroalimentación entre los sistemas de las instituciones, tales como derecho, Estado, sociedad, y los sistemas del hombre, que Capozzi identifica como vitalidad, cultura, instituciones, respectivamente.

La praxeologia termina entonces constituyéndose en una teoría de los sistemas del hombre y sus instituciones, la cual no se termina en una dimensión objetiva, sino que abarcan principalmente la subjetividad de los agentes involucrados, que salen transformados por la acción de la praxis.


Los derechos humanos involucran la interacción de los sistemas del hombre con los sistemas de las instituciones. Son por tanto praxeómenos, que Capozzi identifica como poderes. En sus propias palabras, Capozzi define a los derechos humanos como:

«Los poderes que en la sucesión temporal y en la extensión espacial destacan el ritmo de la emancipación del individuo como persona y como comunidad, en la gradual adquisición de la conciencia de su ser en el mundo, en correspondencia con el reconocimiento en el ordenamiento normativo que establece obligatoriamente la tutela y la garantía para el disfrute y la utilización de estos fundamentos jurídicos luminosos, en el acuerdo para las instituciones de los programas de la vida en común» (Capozzi, 1998, pág. 445).

Destacan tres elementos principales de esta definición: en primer lugar, Capozzi, 1998, pág. 33) concibe a los derechos humanos como “poderes” (por lo tanto, praxeómenos). En segundo lugar, los derechos representan la evolución del individuo como persona y como comunidad, en su doble dimensión, que la teoría liberal no concibe. Finalmente, la adquisición de conciencia que es la génesis de los derechos humanos se corresponde con su progresivo reconocimiento por parte del sistema jurídico.

Desde el enfoque praxeológico, los derechos no son concesiones estatales, sino que son poderes que emanan de la evolución de la conciencia del hombre como individuo y como sociedad, indicando entonces una temporalidad jurídica. Así, los hombres no tienen un rol pasivo en la génesis del derecho, como meros receptores del derecho que provienen de una fuente exterior. Esta idea es muy contundente porque rechaza el iusnaturalismo racionalista, ni Dios ni la razón son la fuente del derecho. Ni tampoco concibe que los derechos hayan tenido una existencia autónoma consecuencia necesaria de la condición humana.

Por el contrario, las sociedades humanas han tenido un rol activo en la génesis de los derechos humanos que se expresan como manifestación de una conciencia, que surge a nivel individual o autoconciencia, pero que progresivamente alcanza un nivel colectivo convirtiéndose en una “conciencia social”, estructurada alrededor de los valores compartidos por el grupo.

Cuando se desarrolla esta conciencia social, ésta se dirige al interior del sistema político exigiendo la reivindicación del derecho que se materializa a través de normas ordenamentales que tutelan los bienes jurídicos y garantizan los derechos, según las demandas de la conciencia social. Es de esta forma que los derechos nacen y se reconocen.

De igual forma, este modelo establece que los derechos poseen una dimensión de sociabilidad que inicia con el reconocimiento del otro como igual, como una autoconciencia particular. Este reconocimiento es un primer paso, pero no agota la dimensión de sociabilidad. Pues para Capozzi, los derechos son un episodio o momento de la cultura, escenario donde se da el proceso formativo de las autoconciencias y la aparición de las conciencias colectivas.

Asimismo, siguiendo a Ávila Hernández (2004), los derechos también son momentos del tiempo y la historia, productos del devenir social de un momento y lugar determinados, esto pese a que su ordenamentalizacion los confiera permanencia en el tiempo, pasando a convertirse en piedras angulares de los sistemas jurídicos y de las constituciones de muchos Estados.

Los derechos humanos son producto de las filosofías activas que han llevado a la progresiva emancipación del hombre de las opresiones de la praxis social, de la experiencia común de las grandes tragedias, revoluciones, catástrofes y otros eventos trascendentales que han marcado la vida humana.

En este sentido, los grandes momentos históricos en el desarrollo de los derechos humanos, las grandes declaraciones que han servido e incluso al día de hoy se mantienen como la base de todos los sistemas de derechos humanos que existen en el mundo, no son otra cosa que la episodios o momentos de las conciencias colectivas materializadas en la forma de instrumentos jurídicos (Ávila Hernández, 2004).


Democracia Falsa y Hegemonía Estatal


En un sentido amplio, suele considerarse a la democracia como aquel sistema de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo, directamente o a través de sus representantes electos (dimensión formal).

Pero la democracia no puede agotarse en el gobierno de las mayorías o reducirse a las elecciones periódicas, es decir, meramente a sus aspectos procedimentales o de forma de escogencia del poder político. El concepto de democracia, al menos en la actualidad, trae consigo una serie de elementos, principios o unos contenidos, que han pasado a considerarse como inseparables e inherentes al mismo (la vigencia de los derechos humanos, especialmente sociales, el pluralismo jurídico, el acceso al poder por vías legales). En efecto, cuando pensamos en democracia pensamos en soberanía popular, igualdad ante la ley, sufragio universal, constitucionalismo y Estado de derecho, libertad de pensamiento, de asociación, de prensa, separación de poderes, bienestar colectivo y reconocimiento de los derechos humanos.

Si bien el concepto democracia nace en la Grecia clásica, no es sino hasta la Ilustración cuando vuelve a resurgir, enriquecido con la teoría del contrato social, según la cual, el Estado era producto del acuerdo de voluntades de los ciudadanos, en radical contraste con las tesis absolutistas de la época que defendían la idea de un monarca escogido por Dios para gobernar.

Con la progresiva desaparición del absolutismo, el fin del colonialismo y la aparición de los movimientos nacionalistas, la democracia pasa a ser el sistema político imperante en el mundo occidental. En la actualidad, la democracia ha pasado a ser considerada como un derecho humano de carácter colectivo y ha sido incluida en instrumentos internacionales de derechos, como la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Ushuaia, entre otros.

No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto difieren las democracias representativas actuales de las monarquías, dictaduras u otros regímenes autoritarios, en la medida en que mantienen la figura de un Estado centralizado, con la concentración del poder político a todos los niveles, frente al cual los ciudadanos que no logran realizar su plena ciudadanía.


Para el profesor Álvaro la respuesta es clara: la democracia representativa es un instrumento de la ideología capitalista para consolidar su poder:

“La sustitución de un poder originario que le corresponde a todos los ciudadanos, más allá de las alianzas preconcebidas, termina siendo subyugado por medio de otro poder impositor que se vale de un solo sentido social en la dirección del poder para absorber a los otros, bajo la ideología de la participación. Es preciso, entonces, considerar y entender que el poder de la democracia representativa es la fase más culminante y elaborada de la hegemonía del capitalismo neoliberal en la actualidad. (Márquez-Fernández, 2008: p. 4).

Se configura lo que se denomina un sistema hegemónico de poder que se caracteriza por el consenso que se obtiene de la población, lo que permite ejercer el control social con un menor grado de violencia o coerción y creando la ilusión de representar a las masas (Anderson, 1987).


La democracia representativa sirve de marco ideal para el ejercicio hegemónico del poder por parte de las elites, toda vez que se presenta como un sistema caracterizado por la alternabilidad en el poder, pero que, no obstante, detrás de la aparente alternabilidad y pluralismo, esconde la realidad del dominio de las mayorías por parte de ciertos sectores privilegiados.

Siguiendo al Maestro…. “No se puede presumir de un sistema abierto de transferencia y rotaciones del poder, de uno a otro lugar de los espacios interinstitucionales de la política, con el propósito de generar relaciones de control y dominio a través de la concentración de cualquier sector de la sociedad al que se le impone la circunscripción de su poder al poder representado, bajo la consideración de un concepto de democracia que sirve de representante a la ideología del poder de la clase burguesa directriz de la sociedad, sobre las otras directrices que están imposibilitadas para el desarrollo de sus fuerzas.” (Márquez-Fernández, 2008: p. 4).

Hasta qué punto los sistemas políticos actuales que al menos desde una perspectiva formal son democracias, verdaderamente constituyen sistemas donde el cuerpo electoral, ejerce efectivamente la soberanía, o si los principios sobre los que se fundamenta el orden democrático son plenamente respetados.

“el contenido fáctico de la democracia debería estar siempre referido al interés y la intención con el que la norma del sistema político tiende a identificar el poder de la política con el bien general o total de una ciudadanía plural que requiere de visibilidad” (Márquez-Fernández, 2018ª, p. 22).

En el escenario actual, donde la participación ciudadana no forma parte de la praxis democrática cotidiana y el ejercicio de la soberanía se ha reducido al sufragio como única expresión. De allí, se explican los altos índices de abstención electoral y los procesos de desciudadanía del electorado, prácticamente con democracias partidistas y la política coaptada prácticamente por los sistemas partidistas.

“Al restringirse las praxis sociales en su pluralidad discursiva, se evita, por un lado, la ampliación y expansión de las nuevas conciencias sociales que surgen de la crisis del sistema filosófico-ideológico dominante; por el otro, la tendencia hegemónica a cancelar nuevas construcciones discursivas con las cuales producir formas diferenciadas de comprensión de las crisis sociales y propuestas de alternativas contra institucionales o estatales. Esto coloca al sistema de dominación en una relación de fuerza y poder abierta y radical” (Márquez-Fernández, 2008, p. 2.).

Las razones de esta deformación y degeneración de los sistemas democráticos son bastantes obvias. Manteniendo la forma democrática, con la legitimidad asociada al sistema, las élites políticas han encontrado la manera de secuestrar la democracia y refugiarse en la figura de un Estado hegemónico, que acapara todas las fuerzas políticas y que impone su voluntad disfrazada de voluntad popular.


Desde esta perspectiva, se defiende una democracia que dejo de serlo. No obstante, este sistema contiene características inherentes que lo llevaran inevitablemente a su crisis.

“La Política regula la sociedad civil a través de un Estado que norma el poder para legislar y hacer cumplir las leyes. La racionalidad política se gesta colectivamente a través de un espacio de participación ciudadana donde las razones, los argumentos y la interpretación para legitimar el poder compartido lo transforma estructuralmente en hegemónico. La sociedad se fractura en clases y la reproducción del poder se efectúa por vía coercitiva en detrimento de la consensualidad y pluralidad democrática. La episteme (leyes de la teoría) de la política del Estado moderno se funda en la concepción del capitalismo neoliberal, que considera el mercado y los derechos económicos sobrepuestos a los derechos humanos de la mayoría ciudadanía” (Márquez-Fernández, 2018a, p. 22).

Frente a esto, es necesario elaborar una nueva noción democrática cuya praxis involucre a la sociedad civil en un rol activo. Esta nueva praxis democrática es identificada por Álvaro Márquez-Fernández como “democracia subalterna”.

“La democracia sub-alterna podrá surgir, entonces, a partir del universo de fracturas que se producen al interior del estado hegemónico y que perturba el equilibrio social, toda vez que las crisis del sistema hegemónico de poderes, no cesa de replicar la urgencia que tiene la ciudadanía por alcanzar otro modo de convivencia. Hoy día se constata, cada vez más, que estos movimientos sociales obtienen relevante presencia en escenarios donde la hegemonía controla a la ciudadanía por medio de convocatorias electorales y promesas populista que, en mayor o menor grado, buscan minimizar el resquiebre institucional que podría dar paso a democracias subalternas que validan la experiencia de gobernabilidad en razón de cambios sustantivos en el orden de las representaciones del poder” (Márquez-Fernández, 2018a, p. 36).


Democracia subalterna: la sociedad civil en la praxis democrática


Como se señaló previamente, la democracia se encuentra inmersa en una crisis y su legitimidad en disputa. Su sentido se ha desvirtuado y se ha convertido en un sistema a través del cual, mediante la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación y de promesas y regalos electorales, se logra entronizar a una élite que desde los partidos políticos que muchas veces sólo difieren en apariencia e imponen su voluntad al electorado.


El problema está en el modelo mismo. La democracia actual se ha hecho sinónimo de democracia representativa, sistema revestido de hegemonía como señala Gramsci y que responde a las estructuras de poder establecidas.

“La idea gramsciana del Estado entendido como sociedad política más sociedad civil, es decir, hegemonía revestida de consenso, es interesante para entender esta dicotomía del Estado moderno, y las inevitables tensiones que reculan o avanzan, entre ambas esferas por lograr puntos de equilibrios. Pues en el fondo se trata de controlar, en momentos de crisis, la esfera de la sociedad civil, a través de la fuerza que puede manifestar el Estado, por vía de la coerción (expresa/tácita). Por consiguiente, el poder es para controlar las esferas de la sociedad civil a través del Estado, y la mediación de la política es interpretada como la forma democrática que asume el poder a fin de controlar la conflictividad entre las clases y el Estado.” (Márquez-Fernández, entrevistado por Guardia, 2017, p. 3).

Desde hace años se defiende la tesis de que la democracia directa es un ideal inalcanzable y en cambio se mantiene la figura de la democracia representativa moderna como sistema político insuperable. Dentro de este marco, se defienden una serie de libertades públicas mientras se silencian las críticas al modelo mismo que se pretende universal, como si del fin de la historia se tratase.

Tras una retórica presuntamente humanista y libertadora bajo el estandarte de los derechos humanos y la libertad política aparente, se esconde un sistema de democracia reductora que mantiene la figura central de un Estado clasista y hegemónico (Márquez-Fernández, 2018a, p. 36).

La participación ciudadana se reduce a la elección de representantes que supuestamente actuarán en su nombre de acuerdo a sus intereses. En caso de inconformidad con la actuación del representante, algunos sistemas jurídicos establecen mecanismos de remoción, como referendos u otras figuras similares, que generalmente implican un complejo proceso para iniciarse.

En la práctica, la democracia representativa ha demostrado ser vulnerable a la presión de los grandes intereses que manipulan el sistema abiertamente, no sólo por medio de la corrupción que se hace de forma clandestina y está penada por la ley, sino a través del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, comprando la lealtad del representante ante la amenaza de destinar su apoyo a algún rival político en caso de que este no actúe de acuerdo a los objetivos del donante.


La crisis del sistema democrático contemporáneo ha llevado al surgimiento de diferentes movimientos que buscan reconstruir el sistema político. Como señala Márquez-Fernández:

La desintegración social se hace presente y la centralidad de las polis modernas entra en una crisis institucional que se despliega por todo un sistema político que es reabsorbido y recreado por las fuerzas emergentes de movimientos sociales emancipatorios que buscan caracterizar a la Política como un “poder (compartido) para gobernar”. Aparece otra episteme del poder (popular), basada en la democracia sub-alterna ciudadana y la emergencia de movimientos sociales en el espacio público, donde el reconocimiento a la diversidad cultural y las diferentes identidades sociales propician nuevas alternativas para la racionalidad política (2018a, p. 15).

La democracia subalterna es una nueva praxis democrática donde los ciudadanos y la sociedad civil tienen un rol más preponderante. Continuando con el análisis de Álvaro Márquez-Fernández:

Esto es viable desde una práctica socio-política donde la ciudadanía se conforma a partir de sujetos culturales emancipados de la traición del partido político que, en sus dinámicas de inter-correlación, generan fuerzas y contrafuerzas (dialécticas) capaces de producir los espacios públicos donde la alternancia en el ejercicio del poder puede legítimamente contribuir a una disrupción del estado hegemónico (2018a, p. 31).

El rol del individuo y de la comunidad en la nueva praxis democrática recupera el enfoque que la praxeologia desarrolla cuando se considera el surgimiento de los derechos humanos.

Para la praxeología, los derechos primero nacen dentro de la autoconciencia, para luego alcanzar un nivel colectivo. Pasando a ser conciencia social, de donde se reivindican ante el poder y transforman el sistema jurídico que se ve obligado a reconocerlos y garantizarlos.

De la misma manera, el surgimiento de la democracia subalterna atraviesa este mismo proceso. La democracia subalterna requiere un despertar de la conciencia ciudadana, necesita de actores que tengan un compromiso ético y moral y que participen en los asuntos estatales motivados por un interés humanitario y por el bien común. Despertar la conciencia que se produce ante la crisis del sistema democrático que sólo representa a la hegemonía del Estado (Márquez-Fernández, 2018a, p. 34).

Esto pese a los esfuerzos del Estado en la realización de prácticas para atraer a las clases subalternas a programas de “socialización” que adoctrinan a las personas para el mantenimiento de la sociedad controlada por sectores hegemónicos, siempre con el propósito de alcanzar el apoyo que legitima la base jurídica del Estado neoliberal. No obstante, la disidencia es cada vez mayor, lo que ha de propiciar la emergencia de fuerzas contrahegemonicas que logren abrirse paso en medio de la opresión para alcanzar el espacio público y hacerse participes en el ejercicio de la política (Márquez-Fernández, 2018a).

De esta forma, los ciudadanos se organizarán (paso de la autoconciencia a la conciencia social) en movimientos sociales emancipatorios y antihegemónicos que serán la fuerza dialéctica que logrará la transformación del sistema democrático estancado.


Esta transformación, que no es otra que la transición de la democracia representativa que se ha mostrado incapaz de defender los intereses generales y evitar las injerencias de los grupos que defienden al Estado hegemónico, a una democracia auténticamente solidaria y participativa.

“Es una de las más grandes contradicciones de la sociedad neoliberal: el poder de la democracia en su relación con la representación deja fuera del poder ciudadano el auténtico ejercicio del poder democrático, en vista de manejar un preconcepto del poder establecido, y que de ninguna manera podría estar al servicio de una praxis libertaria. La posibilidad de transformación del poder representativo en poder directo para quien está representado, es otra lectura del poder político por parte de la democracia social donde la participación de todos es lo que hace de la democracia un espacio para relaciones e intermediaciones de mayor proximidad: la única forma de aprender a ejercer la fuerza del poder para pensar, actuar e interrelacionarnos con otras reflexiones ciudadanas donde el ejercicio del poder democrático es constituyente de la voluntad popular para actuar de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad.” (Márquez-Fernández, 2008, pág.5).

El proceso de transformación es complejo y su temporalidad dependerá del desplazamiento de los movimientos emancipadores que emergen en los diferentes espacios públicos. En todo caso, existen dos aspectos importantes a considerar:


En primer lugar, la fragilidad institucional del Estado lo lleva a convertirse en un ente represivo. Igualmente surgen dinámicas contrarias que buscando evitar el enfrentamiento entre el Estado y la sociedad civil, diluyen la fuerza del movimiento y lo reconducen a reacciones específicas e inmediatas desviándolo de su agenda emancipadora. Para contrarrestar esto, la sociedad civil debe preparar estrategias para encausar el movimiento y evitar que otros actores que buscan salvar el status quo se apoderen de él. Será necesario para la sociedad civil “recrear la dirección política del Estado a favor de una participación donde el poder ciudadano reside en la autonomía para elegir que el pueblo ostenta” (Márquez-Fernández, 2018a, p. 94).

Por otro lado, la transición política no puede desarrollarse en un tiempo indeterminado, al contrario, es necesario que los tiempos sean establecidos desde el presente de la crisis, lo que permitirá a los ciudadanos actuar organizadamente.

Esto considerando que la crisis de la democracia representativa es una crisis estructural que abarca todas las relaciones sociales que generan los espacios de poder, lo mismo que resulta insuficiente para mantener al Estado y a las clases dominantes en el control político.


La batalla por el poder se traslada del dominio central del Estado al espacio público, donde la ciudadanía tiene un rol preponderante, al ser portadora de los referentes éticos y morales para enfrentar la hegemonía del Estado. En palabras de Márquez-Fernández:

“Se requiere, entonces, que la construcción del poder ciudadano pase, precisamente, por el deber ser de una ciudadanía que se compromete con unos valores democráticas que se decantan, y perfil es a partir del discurso y el diálogo público. Se abren las compuertas de la sociedad a través de una ciudadanía que se reconoce actor social en conjunción con todos sin distingos ni exclusiones. Surge, desde las fuentes de legitimidad originaria, una teoría y una praxis del poder que toma su sentido desde la intersubjetividad del ciudadano donde el reconocimiento del otro, es un reconocimiento que no niega, sino que afirma la interrelación de los actores y sujetos sociales en la elaboración de los medios y fines de la sociedad. La democracia no pierde su estela de ideal o utopía posible, pero no por eso deja de ser un proyecto humano que debe contar con la realización personal e individual de la mayoría a través de sus derechos políticos, sociales y económicos...” (2018a, p. 95).

Precisamente el rescate del pensamiento utópico es una de las herramientas para despertar la conciencia social necesaria para el desarrollo de una nueva praxis democrática. Frente a aquellos que resignaron la posibilidad de construir democracias materiales por su alegada imposibilidad fáctica y que imponen la democracia representativa como única alternativa posible, es necesario esgrimir el pensamiento utópico que rescata la imaginación política, que permite el descubrimiento de alternativas a la inevitable crisis de los sistemas políticos contemporáneos.

No se trata de perderse en ensoñaciones ni excluir la realidad y la objetividad técnica y científica. Se trata de reconstruir la falsa dicotomía entre utopía y racionalidad. El pensamiento utópico es parte esencial del ideal emancipador, la búsqueda constante del bienestar general y del progreso social verdadero e incluyente.


El pensamiento utópico tiene un segundo rol y está relacionado con la norma jurídica. Como señala Márquez-Fernández:

“El discurso de la política se basa en un principio de racionalidad objetiva que se cualifica o cuantifica de acuerdo a un proceso de identidades públicas que implica generar una correspondencia causal entre el sujeto normado y el poder de la norma para construir la conducta de obediencia en el otro” (2018a, p. 142).

En los sistemas políticos democráticos republicanos, la norma jurídica tiene un rol central, como medio a través del cual las fuerzas sociales pueden fijar los límites del ejercicio del poder por parte del Estado y su capacidad de intervención en la sociedad, con el objeto de fijar pautas para que se produzcan relaciones sociales beneficiosas para todos. En la práctica, sin embargo, la norma, por su poder coercitivo, se convierte en una herramienta para el Estado, cuya actividad reguladora se sobrepone al activismo ciudadano como medio de participación política (Márquez-Fernández, 2018a).

La norma jurídica se presenta como un hecho incuestionable que no acepta diálogo o argumentación alguna por parte del sujeto normado, poseyendo un carácter absoluto y no dejando elementos que puedan contradecirla. Colocar a la norma en una posición de debilidad jurídica o invalidación supondría poner en riesgo todo el sistema jurídico y el poder coactivo del Estado.

Los sistemas nominalmente democráticos son generalmente vistos como espacios para el diálogo social intersubjetivo, lugares de intercambio donde se logran acuerdos de intereses. Este análisis ignora deliberadamente la posición de la norma en los sistemas jurídicos como una realidad externa objetiva que contrasta con la subjetividad de los ciudadanos, subjetividad que implica un elemento emotivo o una sensibilidad subjetiva.


La falta de este elemento emotivo resultaría en un obstáculo para que la norma efectivamente refleje la realidad de los sujetos normados y la convierte en la herramienta principal del Estado hegemónico. Para superar este hecho, es necesaria una comprensión de la norma en un contexto de dialogicidad que permita una fluidez interpretativa que vaya más allá de la naturaleza vectorial de las normas actuales. Es lo que Márquez-Fernández denomina la comprensión utópica de la norma:

“La posibilidad de comprender la norma desde una perspectiva utópica del discurso de la norma, podría implicar transformar la norma en un espacio de poder para potenciar los diálogos políticos donde la interacción con los otros obedezca a un principio de inclusión atendiendo a la base pragmática de la que depende la norma para ser obedecida, o sea, en este caso, la capacidad de dialogar con el orden de la norma que se impone” (2018a, p. 144).

La comprensión actual de la norma como positiva/objetiva elimina la existencia de verdaderos espacios de diálogo y cosifica los derechos humanos en disposiciones objetivas y no en realidad material.

La exigencia del diálogo democrático debe partir de considerar a los derechos humanos como postpositivos, lo que será la base para un sistema de validación de las normas como medios para desarrollar espacios de diálogo utópico que impliquen el reconocimiento del otro diferente, que incluya la sensibilidad humana y reconozca los derechos humanos como prácticas sociales.


Conclusiones


El Maestro Álvaro Márquez-Fernández, una de las grandes voces defensores del pensamiento antihegemónico en nuestro continente, propone una revolución de nuestras nociones de la democracia y establece el camino para la construcción de una praxis democrática verdadera.

Reconociendo la inevitable crisis de las democracias representativas, sistemas cuyo único propósito es mantener en pie al Estado hegemónico enmascarado detrás de un discurso que ensalza las libertades políticas y los derechos humanos pero que mantiene los esquemas opresivos que históricamente han afligido a la mayoría de la población global, el profesor Márquez-Fernández introduce la teoría de la democracia subalterna.

Esta nueva praxis democrática pone a la sociedad civil al frente y al centro de la toma de decisiones políticas, arrebatando el poder hegemónico del Estado centralizado y llevando al escenario público el debate sobre el bien común.

La transición de la democracia representativa a un sistema verdaderamente democrático necesita un despertar de la conciencia de los ciudadanos, quienes han de organizarse para responder ante la crisis del sistema político y guiar la transición a una nueva praxis democrática.

Este despertar será posible en la medida en la que se desarrolle y prospere el pensamiento utópico que permita a los ciudadanos y a la sociedad el definir nuevas formas de democracia más allá del sistema representativo y a desarrollar nuevos esquemas de lucha emancipadora. Este pensamiento utópico también ha de extenderse a una nueva comprensión de la norma como un espacio para el diálogo intersubjetivo y de los derechos humanos como una realidad post-positiva que debe extenderse a las prácticas sociales.


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